La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez, ha negado hoy que el Estado adeude al archipiélago 480 millones de euros por convenios y transferencias, tal como asegura el Ejecutivo regional, al que ha acusado de generar "un clima de crispación totalmente injustificado". La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, le ha contestado esta misma mañana, reafirmándose en que esa deuda existe.

Máñez ha insistido en que la mayoría de esos fondos "están transferidos o pendientes de transferir" pero garantizados, y una parte depende de trámites que deben cumplir otras administraciones diferente a la estatal.

En cuanto a los fondos para carreteras, se han ejecutado 420 millones de euros de obras certificadas, a los que se unen otros 80 millones de euros derivados de intereses, ha asegurado la delegada del Gobierno.

Faltan 247,9 millones de euros sobre los fondos previstos en los Presupuestos Generales del Estado porque el Gobierno de Canarias se ha negado a firmar el convenio extrajudicial para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo sobre los recortes que sufrió el Convenio de Carreteras entre 2012 y 2016.

La Abogacía del Estado entiende que solo se pueden pagar aquellas obras que han sido ejecutadas y cuyo pago se ha justificado, por lo que, al no firmar el acuerdo extrajudicial para el abono de los atrasos, el Gobierno de Canarias ha impedido el cobro, ha asegurado Máñez. "Todos los convenios que se ponen en cuestión o están ya transferidos o con orden de transferencia" y "todos los fondos están plenamente garantizados", por lo que "no hay maltrato a Canarias" ha asegurado la delegada del Gobierno.

Asimismo, ha indicado que se han suscrito los convenios comprometidos en la Agenda Canaria, como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que destina 99,42 millones a las islas, de los que el Ministerio de Fomento aportará 76,48 millones.

También, el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) con 42 millones de euros; Convenios para la Rehabilitación de Infraestructuras y Equipamientos Turísticos con más de 21 millones de euros, el Convenio de Infraestructuras Educativas con 42 millones, o los 47,5 millones para la subvención del transporte de viajeros, entre otros.

En cuanto al Plan de Lucha contra la Pobreza, se han iniciado los trámites para abonar los fondos de este año que faltaban porque hacía falta que el Gobierno de Canarias justificase la subvención de 2017 y reintegrase lo no ejecutado, algo que se ha hecho hace pocos días, pero "los fondos están garantizados".

Sobe el Convenio de Reposición de Las Chumberas, en La Laguna, por valor de 3 millones de euros, ha informado de que el Ayuntamiento, responsable de ejecutar las obras, no ha justificado ninguna actuación y los plazos para ello han caducado.

A pesar de ello, el Estado está buscando una solución alternativa que permita mantener la subvención y llevar a cabo las obras, ha asegurado la delegada del Gobierno. También se encuentra en trámite el Convenio de Renovación de Las Rehoyas, en Las Palmas de Gran Canaria, por valor de 4 millones de euros.

En cuanto a la financiación del tren en Gran Canaria y Tenerife, el Ministerio de Fomento analiza actualmente las propuestas que están remitiendo los cabildos de esas islas, ha señalado Máñez.

Respecto al proyecto de acondicionamiento de la playa de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, la propuesta de convenio debe ser aún aprobada por el Cabildo y el Ayuntamiento.

La delegada del Gobierno ha acusado al Gobierno de Canarias de crear "un clima de crispación" y de "falta de cooperación institucional". Asimismo, considera "una irresponsabilidad del Gobierno de Canarias esgrimir peligrosos agravios comparativos" entre comunidades autónomas y "presentar supuestos incumplimientos que, no son tales".

Sobre la posibilidad de que el presidente canario, Fernando Clavijo, pueda reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Lanzarote, donde este último tiene previsto pasar los últimos días del año, Máñez ha dicho que, "en principio, viene en visita privada" y desconoce si se producirá algún encuentro.

VERSIÓN DE ROSA DÁVILA

Por su parte, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha asegurado que a día de hoy el Estado tiene pendiente de transferir a Canarias 408,1 millones de euros y ha aseverado que el Ejecutivo canario lo defenderá tanto por la vía del diálogo como por la judicial.

Dávila, en declaraciones a los periodistas, ha dicho que de los 603 millones de euros consignados en los presupuestos de 2018 para Canarias a través de varios convenios, quedan pendientes de transferir el 66 por ciento de los fondos y ha lamentado que en el Consejo de Ministros celebrado ayer no se adoptara ninguna decisión al respecto.

La consejera ha afirmado que quedan por firmar el 55 por ciento de los convenios que tienen asignados fondos y ha mostrado "la profunda decepción" con el Gobierno de Pedro Sánchez ya que la transferencias de estos recursos eran de obligado cumplimiento.

Dávila ha dicho que sería sorprendente que antes de fin de año llegaran esos fondos, en los que se incluye los 40 millones del convenio de obras hidráulicas o 18 millones de los 30 millones de euros asignados a combatir la pobreza.

Además ha afirmado que esos recursos "tenían nombre y apellido" como los dos millones de la playa de Valleseco, los fondos de destinados al agua de riego de los agricultores o a la reposición de viviendas en Las Chumberas o Las Rehoyas.

"No tiramos la toalla aunque estamos profundamente decepcionados" ha dicho la consejera que ha extendido esta decepción también a la delegada del Gobierno, Elena Máñez.

Ha confirmado que ayer el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, habló con la ministra Meritxell Batet pero sus explicaciones, según Dávila, no fueron "muy consistentes" y por eso el Clavijo ha pedido una reunión con Pedro Sánchez aunque la confianza de que puedan llegar los recursos "son muy escasas".

Respecto al acuerdo extrajudicial en materia de carreteras, Dávila ha dicho que el Gobierno canario se niega a firmarlo porque de los 945 millones que reconoce el Supremo, el Estado ya ha detraído 344 millones y el resto lo quiere transferir con la condición de que sean para saldar deuda y no para carreteras.

Canarias es una de las comunidades mas cumplidoras y por eso, ha añadido la consejera, no entienden esta condición por lo que ha anunciado que presentarán un incidente de ejecución para que sea el Supremo como y para qué se debe transferir ese dinero.