La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) califica, en un comunicado hecho público hoy, de "inocentada propia de esta fecha" la respuesta dada ayer, viernes, por la Consejería de Sanidad a su acusación de que el archipiélago sigue en cabeza de las listas de espera quirúrgica en España.

La ADSPC acusa a la Consejería de Sanidad de hacer "cocina" -- término que se utiliza para decir que los datos se ofrecen de la forma más favorable-- al presentar como conclusión del análisis de los datos del Ministerio que ha disminuido la lista de pacientes que esperan más de seis meses para operarse. "Conviene aclarar", dice la ADSPC, "que el Ministerio publica los datos remitidos por las comunidades autónomas, en este caso correspondientes a la lista de espera a 30 de junio de 2018", dice la ADSPC. "Por tanto", sigue, "los datos contenidos en la respuesta de la Consejería son los datos oficiales de ella misma. Es el gran inconveniente de la escasa transparencia de la administración sanitaria de Canarias, que no pone al servicio del control público un sistema de seguimiento continuo de las listas de espera", concluye el comunicado de la asociación.

La ADSPC insiste en que Canarias, "con una espera mediaoficial de 147 días, encabeza la clasificación del conjunto de las CCAA. De los pacientes que esperan, el 24% esperan más de 6 meses para ser operados, mientras que en el País Vasco y en Asturias no habría ningún paciente esperando más de 6 meses".

"En cualquier caso", sigue diciendo la respuesta a la Consejería de Sanidad, "la supuesta rebaja de la lista de espera se habría hecho recurriendo a las clínicas privadas y con financiación pública, lo que supone la potenciación con dinero público del negocio de la sanidad privada".

Para la ACDSP, el consejero José Manuel Baltar utiliza como argumento para recurrir a la sanidad privada el hecho de que la sanidad pública canaria, además de la falta de camas, es la última en número de quirófanos públicos: "¿Quién es responsable de eso?", se pregunta la asociación. Y se contesta: "Es conocido que Baltar no invirtió 18,5 millones de euros presupuestados para infraestructuras sanitarias en 2017".

"Pero cuando se llega al éxtasis de la desvergüenza", sigue el comunicado de respuesta, "es al referirse al Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Dr. Negrín, señalando que desde 1991 ha estado concertado, por lo que niega que se dé una nueva privatización, pretendiendo ignorar que en el año 2015 finalizó el contrato, y sus prórrogas, por lo que desde esa fecha el servicio de Medicina Nuclear ha seguido gestionado por San Roque en una situación de alegalidad. A esto cabe añadir que hay "informes", que no se han publicado y que hemos solicitado conforme a la Ley de Transparencia y no se nos han facilitado, que indican que la privatización del servicio es "ventajosa" por lo que, blanco y en botella, se va a formalizar una nueva privatización, más claramente tras el rechazo a su carácter público en el Parlamento por parte de CC, PP y ASG".