CC.OO ha pedido a la compañía Naviera Armas la firma de un acuerdo marco que consiga dar estabilidad al empleo y que respete los convenios colectivos y a los delegados de personal del sindicato ante posibles futuros despidos para reestructurar la plantilla tras la adquisición de Trasmediterránea a Acciona en octubre de 2017.

Según el sindicato, esta "faraónica" operación, valorada en 260,4 millones de euros más otros 127,3 millones de deuda que la compañía tenía con otras sociedades de Acciona, ha provocado que Naviera Armas haya pasado de registras beneficios a obtener pérdidas en este último año.

A mediados de noviembre, la dirección del nuevo grupo empresarial comunicó a los representantes de los trabajadores la intención de reorganizar bajo una nueva sociedad, Artra Servicios Corporativos, a la mayor parte del personal que ambos grupos --Armas y Trasmediterránea-- poseen a través de empresas de tierra.

Esta sociedad se crearía a fecha 1 de enero de 2019, momento a partir del cual se adoptarían diversas medidas de reestructuración sobre la plantilla resultante de la nueva integración, apoyadas en los "supuestos" resultados negativos a cierre del ejercicio 2018.

Para el sindicato, tras años de superávit "a costa de previas reorganizaciones" de la plantilla tras la crisis en Trasmediterránea, a Grupo Armas "no le salen las cuentas" para enfrentarse a este nuevo proyecto, por lo que recurrirá a "políticas económicas rancias y miserables para justificar el desmantelamiento de Naviera Armas y Trasmediterránea".

Todo esto es lo que argumenta la organización sindical para avanzar que existe un plan en la empresa para aumentar los beneficios despidiendo a trabajadores, sobrecargando de trabajo a la plantilla resultante y empeorando las condiciones laborales, algo que repercutiría en una "deficiente" prestación del servicio para los clientes, una externalización o el reabanderamiento de la flota.

CC.OO. también ha denunciado "la persecución" que sufren la plantilla y los delegados del sindicato "por el simple hecho de cumplir con las labores que legalmente tienen encomendadas".

Ante esta situación, ha exigido a la dirección de la empresa el máximo respeto a la legalidad vigente. De lo contrario, el sindicato ha avanzado que "pondrá su proa enfrente", sin descartar acciones para presionar al nuevo armador.