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La ULL cifra en 800.000 euros el coste de la cotización en prácticas

El rector, Antonio Martinón, manifestó su preocupación, "económica y organizativa", ante el anuncio de que los alumnos en prácticas externas deberán cotizar a la Seguridad Social.
José D. Méndez, S/C de Tenerife
11/ene/19 6:25 AM
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La ULL cifra en 800.000 euros el coste de la cotización en prácticas

José D. Méndez, S/C de Tenerife

"Hay un doble motivo de preocupación, organizativo y económico, ante el Real Decreto Ley que plantea la cotización a la Seguridad Social de los alumnos en prácticas externas, unos 4.000 en nuestro caso. Organizativo porque no tenemos personal para afrontar esos trámites sin originar una situación de bloqueo administrativo. Y económico porque sufragarlo supondría muchos cientos de miles de euros cada curso". Lo aseguró ayer durante un desayuno informativo el rector de la Universidad de La Laguna (ULL) , Antonio Martinón. El vicerrector de estudiantes, José Miguel García Fraga, desglosó lo realizado en su área de gobierno y concretó ese posible desembolso en unos 800.000 euros (1,8 millones apuntan los cálculos junto a la ULPGC).

Tanto Martinón como García Fraga resaltaron que "la medida es positiva" para los estudiantes, al tratarse de una vieja reivindicación, en un período corto, unos tres meses, y en muchos casos, por primera vez. Ambos descartaron "el afán recaudatorio".

A través de la Conferencia de Rectores, la CRUE, se abrirá el diálogo sobre quién deberá asumir el coste: la empresa, "como debería ser en principio", según estimaron; la universidad o, al menos en algunos apartados concretos, la propia administración estatal.

García Fraga valoró "la transparencia que esta medida daría al proceso de prácticas de estudiantes en empresas, obligatorio en esta comunidad autónoma para la titulación. Acabará con la idea preconcebida e inexacta de que son mano de obra barata".

Martinón insistió en que las prácticas "no son un trabajo sino un complemento a la formación académica y crean una sinergia entre el tejido productivo, la universidad y las empresas, muy positiva".

García Fraga resumió lo hecho por su departamento en cinco grandes bloques: acceso, admisión y matrícula; prácticas externas; actualización de la normativa universitaria; becas y ayudas, e información y orientación.

El vicerrector explicó que, si bien la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) de 2017 supuso un "serio reto" por los cambios introducidos por el Ministerio seis meses antes, las pruebas se desarrollaron con normalidad.

Valoró que el proceso de admisión al curso 2018-19 marcó una clara diferencia: "El perfil de ingreso del estudiantado debía ser lo más adecuado posible a las titulaciones solicitadas. Por ello, a la hora de establecer las ponderaciones de las materias para la admisión a los grados, solo se consideraron las asignaturas troncales de opción propias de cada modalidad. Esas ponderaciones no perjudicaron al estudiantado".

Otro aspecto tratado fue la profunda revisión, que sigue en marcha aún, de la normativa universitaria de los estudiantes.

En el rendimiento académico explicó que se han detectado dos factores en contra: la matrícula en demasiados créditos y que buena parte de los alumnos trabajan. García Fraga se mostró orgulloso de la política asistencial e hizo hincapié en el servicio de alojamiento, que permite al alumnado sin recursos económicos estudiar por solo 250 euros al mes.

La medida de la cotización a la Seguridad Social de alumnos en prácticas no afecta solo a la comunidad universitaria, sino también a los estudiantes de FP (unos 10.000), y la consejera canaria Soledad Monzón expresó su opinión: "Esta decisión será positiva para el alumnado, a quienes computarán los meses de práctica en su vida laboral", pero objetó que "con la aplicación sorpresiva y sin los mecanismos adecuados corremos el riesgo de que directamente el alumnado se quede sin prácticas, porque el empresariado no quiera pagar por formar a estudiantes y los centros educativos no dispongan de fondos suficientes como para abonar las cotizaciones de todo su alumnado en prácticas, cuando la propia normativa de la FP impone que debe haber prácticas en centros de trabajo."

Monzón no comprende "las prisas para aprobar esta disposición y después emplazar a su desarrollo futuro, en lugar de hacerlo al revés: primero dialogar y, después, aprobar la norma. Lo único que se me ocurre que pueda justificar este proceder es que se necesite reponer con urgencia las exiguas arcas de la Seguridad Social, a las que han recurrido con demasiada frecuencia, y que, para hacerlo, hayan visto una fórmula fácil en cotizaciones que podríamos definir como cautivas, por ser las prácticas en empresas obligatorias para titular en FP y en muchos grados universitarios". Monzón apuntó que en Canarias "solo por las prácticas de FP podríamos estar hablando de más de dos millones de euros por curso".

las cifras

5.043 alumnos en la EBAU (+1%).

1.480 convenios firmados con distintas empresas.

11.184 solicitudes de becas.

7.750 inscritos en la jornada de puertas abiertas.