La regulación de la actividad turística es necesaria, pero bordear los límites que impone el derecho de la Unión Europea presenta serias dificultades. El último ejemplo es la anulación del decreto canario del alquiler vacacional, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y confirmada recientemente por el Tribunal Supremo (TS) en dos sentencias que concluyen que la normativa autonómica vulnera la libertad de prestación de servicios consagrada por la legislación comunitaria.
"Es posible regular, pero hay que buscar una causa imperiosa de interés general", advirtió ayer el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna (ULL) Francisco Villar durante la primera jornada del congreso internacional "Paisaje, turismo y sostenibilidad. ¿Invasión o recurso?", que se celebra hasta hoy en La Laguna. Esa causa debe ser, en el caso de las viviendas vacacionales, "evitar el conflicto" entre residentes y no residentes -un problema asociado a esta actividad en otras zonas del país- y asegurar la "compatibilidad" de la población local y los clientes de este tipo de alojamientos turísticos. El núcleo del decreto anulado por los tribunales es, por el contrario, la prohibición del alquiler vacacional en las zonas turísticas, un aspecto que se mantiene en el borrador de la futura normativa, presentado hace ya cerca de un año sin que se haya traducido en un nuevo decreto.
Los "límites" que establece el derecho de la UE a la regulación turística centraron la intervención de Villar, quien también puso como ejemplos la anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) del artículo de la Ley canaria de Renovación y Modernización de 2013 que solo autorizaba construir nuevos hoteles si son de cinco estrellas o de una categoría superior y los reproches de este mismo tribunal a los intentos de la normativa autonómica de "hacer planificación económica", lo que infringe el principio de libre prestación de servicios.
A juicio del catedrático -asesor del Gobierno canario en iniciativas como la Ley del Suelo-, las medidas mediante las que se regule la actividad turística deben cumplir varias condiciones: no ser discriminatorias, ser necesarias y adecuadas para conseguir el objetivo que se persigue, ser proporcionales, no duplicar los controles y basarse en criterios concretos y conocidos para evitar la discrecionalidad y permitir que "se conozcan de antemano las reglas del juego".
El congreso inaugurado ayer está organizado por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo regional y cuenta con la colaboración de las universidades de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Su objetivo es analizar el impacto del turismo en las Islas y su incidencia sobre la sostenibilidad y el territorio.
En este aspecto, Francisco Villar recordó que la actividad turística, si bien precisa de "equilibrios" que deben ser fijados mediante la regulación, no ha supuesto hasta el momento "un problema de consumo de suelo". En este sentido, cifró en el 3% la proporción del territorio que ocupa el turismo en el Archipiélago, un dato que revela un uso "eficiente, contenido y compacto del suelo", al margen de que haya que tener en cuenta el impacto del sector sobre los recursos en forma de infraestructuras, agua y energía.