El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, participó ayer en Madrid en una reunión con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y sus homólogos del resto de las comunidades autónomas convocada por el Ministerio con el objetivo de definir la posición de España ante la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC). La intención de Canarias es que tanto Madrid como la Unión Europea "apliquen políticas diferenciadas a aquellas regiones que tienen una realidad distinta, como son las ultraperiféricas", afirmó Quintero.
En cuanto al futuro marco presupuestario, el Ejecutivo demanda el mantenimiento del actual presupuesto del Posei. "Nuestra financiación comunitaria ya es deficitaria, como demuestra el hecho de tener aprobada una ayuda de Estado dirigida a complementar la ficha europea del programa", dijo el consejero, que recordó que "tanto el Gobierno canario como el sector primario, de manera unánime, han mostrado su rechazo al recorte del 3,9% propuesto por la Comisión Europea".
Canarias también solicita que en los borradores de los próximos reglamentos se establezca una definición "específica para las regiones ultraperiféricas (RUP) de la figura del agricultor genuino, puesto que los condicionantes geográficos hacen que este profesional sea muy diferente en estos territorios al del continente ", expuso Quintero.
A juicio del titular del departamento, el Archipiélago debe quedar fuera de la aplicación de "la condicionalidad reforzada en determinados aspectos, como por ejemplo en cuanto a rotación de cultivo, mucho más difícil de llevar a cabo en las Islas".
Respecto a las ayudas al desarrollo, Canarias demanda un modelo específico para las RUP acorde con las circunstancias distintas del resto de territorios y dotado con una cuantía económica superior a la actual. "Reclamamos un Programa de Desarrollo Rural (PDR) diferenciado para el Archipiélago y poder disponer de la libertad para adaptarlo a la realidad y singularidad de las Islas".
Además, pide que se conserven las tasas de cofinanciación europea al 85% en el caso de los fondos de desarrollo, en lugar de reducirlo al 70% planteado por la UE, porque en último extremo esta reducción supondría una rebaja en este tipo de ayudas.