La década de los 70 del siglo pasado tocaba a su fin cuando Carlos Sierra dio sus primeros pasos en el mundo del cooperativismo. No había información ni prácticamente legislación -solo un reglamento de la etapa franquista- y las únicas ayudas eran préstamos que había que amortizar en plazos "agobiantes". Pese a todas las dificultades, su empeño cristalizó en la sociedad cooperativa Colegio Echeyde, que hoy cuenta con tres centros escolares en Tenerife. En estos casi cuarenta años también se ha implicado activamente en el movimiento asociativo del sector, tanto en Canarias como a nivel nacional. Como vicepresidente de la Asociación de Empresas de Economía Social de Canarias (Asescan), ha participado en el proceso de elaboración de la futura ley autonómica de cooperativas, un proyecto normativo que encara, con ciertas prisas, su recta final para ser aprobado por el Parlamento.

"No hay ninguna actividad económica que no pueda ser prestada por una cooperativa", asegura el director y presidente del Echeyde. Por más que se suela vincular a ciertos sectores -el agrario, sobre todo-, la fórmula cooperativista puede extenderse, y lo hace, al crédito -Cajasiete es el ejemplo más cercano-, la propia enseñanza, el transporte o los servicios paralelos al turismo. Todo ello es posible si se aborda desde la perspectiva, advierte Sierra, de que el emprendimiento no tiene por qué ser necesariamente individual, sino también colectivo.

El cooperativismo en el Archipiélago todavía se caracteriza por sus pequeñas dimensiones. Impulsarlo, con el respaldo administrativo y las medidas de fomento necesarias, ha de ser el papel que desempeñe la ley que ha promovido la Consejería de Empleo del Gobierno regional y que ya ha sido remitida al Consejo Consultivo para la emisión del dictamen previo a su aprobación como proyecto legislativo y su envío al Parlamento.

Si el proceso finaliza con éxito, Canarias dejará de ser la única comunidad autónoma sin su propia ley de cooperativas, una condición que la condena a regirse por una norma "obsoleta", como es la ley nacional del sector, que tiene casi veinte años de existencia.

A juicio de Sierra, la normativa autonómica debe funcionar como "un estímulo" para el cooperativismo - "Nos obligará a ponernos las pilas"- y ha de dotar al sector de "instrumentos modernos" que permitan agilizar los trámites de constitución y reducir el número mínimo de socios, apunta el dirigente cooperativista, que también lanza algunas advertencias sobre los contenidos que la ley no puede dejar de incluir.

"Una ley no es un hecho aislado, y sin ficha presupuestaria no servirá para nada". El asesoramiento, " mucha información", las medidas de fomento -subvenciones por su interés general, por creación de puestos de trabajo- y la formación -incorporación del cooperativismo a los planes educativos, tanto universitarios como de enseñanzas medias- son algunas de los aspectos que, según los representantes del sector, debe contemplar la normativa para surtir efecto.

El escaso peso que tienen las sociedades cooperativas en las Islas -unas 200 empresas y 4.500 empleos- responde en parte al poco apoyo institucional -casi inexistente, según Sierra-, un déficit que la futura ley puede contribuir a paliar. La ausencia de una normativa propia contrasta con la situación en otras comunidades autónomas, que han hecho "hasta tres y cuatro", y puede tener también un efecto "psicológico", dado que envía al sector un mensaje de "posible desinterés" de las administraciones públicas.

Siempre se ha considerado el cooperativismo un modelo empresarial más resistente a las crisis, algo que el director del colegio Echeyde avala plenamente. La posibilidad de flexibilizar las condiciones de trabajo permite afrontar con mayor elasticidad los malos momentos y salvaguardar el empleo y la propia viabilidad de la empresa, señala.

Estas características hacen que merezca la pena trabajar por que la ley salga adelante. El escaso tiempo que resta para el fin de la legislatura obligará a darse prisa, advierte Sierra. "Habrá que correr".