La defensas de los principales acusados en la pieza 12 del "caso Unión" han solicitado este viernes a la Audiencia de Las Palmas que suspenda el juicio y declare nulo todo el procedimiento, así como las grabaciones telefónicas que destaparon la presunta trama de cobro de comisiones ilegales organizada a costa del Ayuntamiento de Arrecife.

La sección sexta de la Audiencia Provincial ha comenzado a celebrar este viernes en Arrecife (Lanzarote) la vista oral por una de las piezas centrales del "caso Unión", el mayor proceso contra la corrupción desarrollado en esa isla, que en 2009 llevó a la detención de un centenar de personas, entre políticos, técnicos y empresarios.

La primera sesión ha estado dedicada al planteamiento de las cuestiones previas del juicio, que se reanudará el miércoles 6 y continuará viernes 8 con las declaraciones de los procesados, mientras que el lunes 11 está previsto que el tribunal empiece a escuchar a los testigos propuestos por las partes.

La Fiscalía Anticorrupción pide en esta causa 17 años de cárcel tanto para el expresidente del PIL Dimas Martín como para el que fuera primer teniente de alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna, así como 14 años para el exconcejal Antonio Machín.

El Ministerio Púbico considera que los tres, junto a los fallecidos Matías Curbelo y José Miguel Rodríguez, constituyeron una trama organizada para el cobro de comisiones destinadas a la financiación ilegal de su partido y al lucro personal, en la que también habrían participado empresarios y técnicos municipales.

La defensa de Dimas Martín ha impugnado toda la documentación del procedimiento, así como las grabaciones telefónicas a los imputados, y ha solicitado que, de continuar el juicio, se tengan en cuenta como circunstancia eximente las dilaciones indebidas, porque los hechos juzgados ocurrieron entre 2007 y 2009.

Por su parte la defensora del exconcejal Antonio Machín ha alegado la existencia de irregularidades en la custodia de las piezas de convicción y varias causas de nulidad, como la grabación telefónica inicial o que el juez instructor, César Romero Pamparacuatro, firmó las prórrogas de los pinchazos telefónicos cuando estaba de vacaciones.

El fiscal Javier Ródenas ha replicado que los asuntos esgrimidos este viernes por las defensas están ya resueltos, no solo en otras piezas ya juzgadas, sino incluso dentro del mismo el procedimiento y ha aportado el reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que da por buena la grabación inicial del caso Unión.

Sobre las peticiones de nulidad planteadas, el fiscal ha advertido a las defensas de que "esto no es un castillo de naipes, que por quitar uno se anula todo", y ha recordado que si las grabaciones del caso Unión han sido validadas para otros casos, como el caso Batllori, lo lógico es que lo sean también para este.

La abogada de la acusación popular, Irma Ferrer, ha tratado de rebatir las dilaciones indebidas invocadas por parte de la defensa de Dimas Martín asegurando que, si el juicio se ha retrasado un año, se ha debido a que este procesado, que ya cumple condena por otros casos de corrupción, solicitó aplazamientos en seis o siete ocasiones.

Ferrer se ha referido también a las peticiones de la defensa del concejal Antonio Machín, a quien ha acusado de llevar al límite "ese aforismo de que el mejor abogado de defensa es la impugnación de la instrucción".

En esta pieza del caso Unión, la Fiscalía acusa a 12 personas entre las que se encuentran los citados miembros del PIL además de el exinterventor municipal de Arrecife, Carlos Sáenz Melero; los empresarios Manuel Reina Fabre, Juan Francisco Rosa Marrero, Antonio Gómez Ruiz, y Samuel Lemes, así como la exjefa de contratación del Consistorio de la capital de Lanzarote, María Elena Martin, el ingeniero jefe de la oficina técnica municipal, Juan Rafael Arrocha; y el ingeniero de caminos Antonio Cárdenas.

Según el escrito de acusación, Dimas Martín, entonces presidente y líder del PIL, valiéndose de su "evidente relación personal y superior jerarquía" en el seno del partido consiguió desviar fondos ilícitos para su lucro personal y para la financiación de gastos propios de su formación política, mediante el control que tenía sobre el entonces teniente de alcalde de Arrecife, Ubaldo Becerra y los fallecidos José Miguel Rodríguez y Matías Curbelo.

La directriz esencial de hacer llegar fondos a la estructura financiera del partido político, se ejecutó materialmente por Matías Curbelo, según la Fiscalía, que sostiene que esta persona era el recaudador de las comisiones exigidas por los concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez a cambio de la concesión de contratos.

De acuerdo con el Ministerio Público, Dimas Martín, Curbelo y los ediles Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez se reunían de forma periódica en diversos establecimientos hoteleros y restaurantes de la isla de Lanzarote para planificar las estrategias criminales y procedimientos de hacer llegar fondos a la estructura financiera del partido y a su propio lucro personal.