Dácil es una profesional liberal canaria que hace siete años buscó un mejor futuro laboral en Colombia. A finales de 2018 tomó la decisión de retornar a Tenerife y a mediados del pasado enero solicitó la ayuda de 400 euros que concede la ley. Asegura que "es un dinero que para mí resulta clave con la idea de iniciar un nuevo proyecto personal y de trabajo". La sorpresa llegó cuando le dieron cita, hace unos días, "para finales de mayo, dentro de cuatro meses, en la oficina de Extranjería de la calle La Marina, en Santa Cruz".
Dácil valora: "Los siete años en Colombia cotizan para mi pensión de retiro en España. Me han pedido toda clase de papeles para eso. Por un lado, el certificado de las empresas donde trabajé. Por otro, la justificación de haber abonado lo que llaman Pensión y Salud, un seguro que descuentan del sueldo mensual, y la fotocopia del pasaporte".
Aparte, añade, "la baja del consulado español, aunque nunca me di de alta. Pero consta documentalmente las veces que entré y salí. También tengo ese cuarto papel".
Con todo eso "hay que ir al consulado español en Bogotá y pedir lo que se denomina adverar en la sección de Seguridad Social. Suele tardar la burocracia allí más que aquí, pero la verdad es que me lo dieron en apenas tres días".
Dácil relata que "hace unas tres semanas que volví a España y con estos documentos me di de alta en el paro para pedir esa ayuda al emigrante retornado a la que tengo derecho". Pero no es suficiente porque "hay que ir a la Subdelegación del Gobierno con esos papeles que me dieron en Colombia. En concreto, a la Oficina de Inmigración de la calle La Marina. Fui y me dan la cita para finales de mayo. No para concederme la ayuda, sino para recibirme y analizar mi expediente".
Y Dácil se queja: "No puedo trabajar porque no tengo esa ayuda con la que contaba. Me parece fatal, no tanto por mí que puedo afrontarlo como para otros retornados que tienen necesidad de ella para vivir. Por eso lo quiero divulgar".
Además, esta canaria puede comparar, algo que siempre resulta odioso: "Sé por otros compañeros que han vuelto, y han sido muchos menos desde Colombia, que en Cataluña, Baleares o Valencia el trámite es muy rápido. Aquí parece existir un embudo administrativo y es algo lamentable a denunciar públicamente".