Agentes sociales, empresarios, sindicatos y administraciones dieron su apoyo unánime al borrador del Plan Canario de Vivienda 2019-2022 en la comisión de vivienda celebrada esta semana en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. La nueva hoja de ruta, demandada por todos los sectores -y de la que el Archipiélago carecía tras los recortes de los fondos del Estado al empezar la crisis- determinará las políticas del área durante los próximos cuatro años.
Esta comisión es un órgano colegiado previsto en la Ley de Vivienda de Canarias que emite informes preceptivos en la materia. Está compuesta por ayuntamientos y cabildos, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (AECP), la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), los colegios profesionales, los sindicatos CCOO y UGT, las entidades integrantes del tercer sector, así como las asociaciones de consumidores.
"El apoyo por unanimidad de la comisión es un paso muy importante para que el documento siga su camino con las mayores garantías de acierto, dado que en la comisión están representados todos los sectores políticos, empresariales y sociales implicados", indicó la directora del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), Pino de León, quien mostró su satisfacción por la dinámica de la sesión, caracterizada por las intervenciones a un documento que "ha buscado el consenso y la participación de todos".
"Tras el informe favorable de la comisión se continuará con el procedimiento de aprobación del plan, que contempla, entre otros, el trámite de audiencia y su remisión al Consejo Económico y Social (CES) y al Parlamento, hasta concluir con su aprobación por parte del Ejecutivo canario, objetivo que queremos alcanzar antes de la próxima cita electoral", aseguró de León.
En el marco de esta comisión se explicaron, además, las directrices de elaboración del plan y los catorce programas de ayudas y subvenciones que contempla.
180 viviendas sociales
La consejera del área, Cristina Valido, anunció la compra inminente de 180 viviendas destinadas a familias en riesgo de emergencia habitacional en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Con estas dos últimas islas como puntos novedosos en la adquisición pública. Será mediante un concurso que saldrá probablemente el lunes. En cuanto a la futura Renta Canaria de Inserción, en 2023 beneficiará a unos 30.000 hogares. Y ya no hay tope de 24 meses para renovar la PCI en los casos más graves. Valido resaltó que la dotación económica ha pasado de 39 millones de euros en 2015 a casi 57 este año. Y la cantidad destinada al refuerzo del personal que gestiona la PCI en los municipios, de 3 a casi 7 millones.