Aunque existían dudas al abrirse la ponencia para modificar el apartado "C" del artículo 4.2 de la Ley de 2013 de Renovación y Modernización Turística de Canarias, los grupos parlamentarios han decidido aprovechar esta vía para afrontar el fenómeno del alquiler vacacional y, dándole rango de ley, aportar un marco normativo a una nueva alternativa turística que, si bien se asume como imparable, está encareciendo los alquileres y originando múltiples y variados problemas. Los partidos volvieron a afrontar esta modificación ayer y, por lo que ha trascendido, existe una base de acuerdo entre la mayoría para que este fenómeno quede regulado mediante los planes insulares y los de ordenación de los distintos ayuntamientos.

Con este paso, los partidos quieren ir más allá del decreto de alquiler vacacional que lleva elaborando el Gobierno regional desde hace años sin terminar de cerrarlo porque las presiones desde las patronales hoteleras y las de asociaciones pro alquileres son muy fuertes y chocantes. No obstante, la última sentencia del Tribunal Supremo, que impide que se pueda limitar este tipo de alquileres en zonas turísticas, por ejemplo, ha convencido a los partidos de que deben aprovechar el acotamiento que ha fijado la justicia para encauzar esta polémica de manera legal.

Todos los partidos parecen compartir que sí cabe cierto control y, para ello, que sean los cabildos y consistorios los que regulen el alquiler vacacional, entre otras cosas porque se esgrime que Canarias es muy variada entre las distintas islas, comarcas y municipios. La única excepción, a falta de que su grupo analice a fondo las enmiendas debatidas ayer, es el PP, que siempre ha abogado por las tesis más liberalizadoras.

Durante la ponencia de ayer, los grupos se afanaron por buscar una enmienda transaccional entre las presentadas por CC, PSOE y NC para que sean los cabildos y ayuntamientos los que tengan casi la última palabra. Así lo señalan a El Día Nereida Calero (CC), Rosa Bella Cabrera (PSOE) y Román Rodríguez, quienes coinciden en que no cabe una libertad total porque, así, se podría agravar el encarecimiento de los alquileres para la clase media y baja y para muchos trabajadores que, ahora, ven prohibitivo vivir en zonas turísticas o ciertas áreas o islas con gran demanda, como Lanzarote y Fuerteventura.

Estos partidos esperan sumar a Podemos, que ha basculado de una visión al inicio del mandato bastante liberalizadora, a una de mayor control, mientras que Miguel Jorge (PP) indica a este periódico que no le convence del todo hacia dónde se quiere llevar la transaccional y que sigue creyendo que el alquiler vacacional es una gran oportunidad para democratizar los rendimientos del turismo, y más con las sentencias judiciales.

Otra de las grandes diferencias del PP con el resto se refiere a la propuesta de NC de impedir que los apartamentos o zonas que quedaron fuera en su día de la catalogación de turístico puedan volver a esa categoría.

Los grupos volverán a verse el próximo lunes y confían en que la modificación de la ley se lleve al pleno de mediados o finales de marzo, aunque dan por hecho que se aprobará por amplia mayoría.