El expresidente del Cabildo de Lanzarote Dimas Martín ha negado ante la Audiencia de Las Palmas haber cobrado sobornos de los empresarios implicados en la pieza 12 del caso Unión y también haber dado instrucciones a concejales de Arrecife para que retuvieran determinados pagos del Consistorio.

Condenado ya en varios procesos por corrupción, el fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) ha comparecido este lunes como acusado en la pieza del "caso Unión" en la que se investiga si hace diez años, entre 2007 y 2009, creó una trama para desviar comisiones ilegales en beneficio de su fuerza política y el suyo propio y en detrimento erario público municipal de Arrecife.

El Ministerio Fiscal imputa en este procedimiento a Dimas Marín delitos de asociación ilícita, cohecho, malversación, prevaricación, falsedad en documento mercantil, fraude a la administración, información privilegiada y falsedad en documento público, por los que pide una condena de 17 años y medio de cárcel, multa de 409.000 euros e inhabilitación de 24 años para ejercer cargos públicos.

En esta nueva sesión de juicio, Martín ha mantenido en sus respuestas al fiscal y las diferentes defensas del caso que él tan solo "recomendaba y asesoraba a los concejales del PIL".

"Por mi lenguaje y mi manera de expresarme, por deformación, puede parecer que yo ordeno, pero no es así, yo solo recomiendo", ha alegado Martín al ser preguntado por la Fiscalía sobre si había ordenado al concejal de Hacienda de Arrecife en la época, José Miguel Rodríguez, que retuviera el pago a la empresa Fomento.

Sin embargo, en una conversación telefónica entre ambos, que se ha reproducido este lunes en la sala, se escucha a Martín decirle al concejal "No pagues ni un duro", al tiempo que apunta: "Los vamos a llevar a juicio por todas las deficiencias en el pabellón y lo que han cobrado de más", en referencia a las obras del pabellón de Argana, en Arrecife.

De forma parecida se ha pronunciado Dimas Martín en torno a las deudas con el empresario Castellano, uno de los denunciantes del "caso Unión" y padre del actual consejero de Cultura y Turismo del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano (CC).

En este caso, Dimas Martín ha explicado al tribunal que recomendó "no pagar la deuda", porque me parecía escandaloso que por limpiar una nave se cobrara 4.000 euros al mes". "El señor Castellano", según el principal procesado del caso, "quería cobrar una deuda de 269.000 euros en obras que reclamaba desde 2006 y que de hecho siguió reclamando hasta 2011 al Ayuntamiento ".

Dimas Martín ha insistido en su declaración que el máximo responsable del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife hasta marzo de 2008 era Antonio Hernández, entonces teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, hasta el punto que le ha espetado al fiscal: "Usted me ha sustituido a mí por Antonio Hernández, a quien curiosamente no ha traído aquí".

El presidente del tribunal, Emilio Moya, le ha llamado al orden por esas palabras. No obstante, Martín se ha reiterado en estas manifestaciones a lo largo de su declaración con expresiones como: "A mí me han metido en este sumario con calzador".

El que fuera máximo responsable del PIl ha negado que cobrara comisiones de los empresarios imputados en el caso e incluso ha asegurado no conocía a ninguno de ellos, salvo a Samuel Lemes, del que ha dicho que lo vio "nacer y crecer", que le profesa un "aprecio especial" y que mantiene con él tenemos "una relación de lealtad".

Asimismo, reconoció haber hablado con Lemes de una deuda económica, aunque ha alegado que "se trataba de un deuda personal". "Samuel me debía dinero y me lo fue pagando", ha apuntado.

En su escrito de cargos, la Fiscalía sostiene que Dimas Martín controlaba y dirigía las concejalías en manos del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife en una trama delictiva de cobro de comisiones.

En este juicio, el Ministerio Público trata de probar que el expresidente del Cabildo ejercía un control directo de la gestión del Ayuntamiento, en temas como la redacción de Planes Generales de Ordenación Urbana, adjudicación de concursos público, órdenes de pago o adjudicación de obra pública a empresarios concretos.

En la sesión de este lunes también ha declarado el empresario Juan Francisco Rosa Marrero, al que la Fiscalía imputa un delito de falsedad continuada de documento público por el que le pide una pena dos años y tres meses de prisión por realizar un contrato de trabajo a Dimas Martín para que pudiera acceder al tercer grado penitenciario.

El empresario ha explicado al tribunal que contrató a Dimas Martín por motivos "humanitarios" y que lo hizo después de que el político hubiese obtenido el tercer grado.

Según Rosa, al fundador del PIL le contrató para que trabajara supervisando los jardines del Hotel Fariones, los cultivos en Finca de Uga y las viñas de las fincas de La Geria porque es capataz agrícola.