La ponencia que debate la nueva ley de Servicios Sociales de canarias vivió ayer una jornada intensa desde primera hora de la mañana y solo quedó interrumpida para ir a almorzar y cuando los responsables del mantenimiento de la Cámara decidieron cambiar el aire acondicionado con productos que afectaron a algunos diputados con alergia. Esto hizo que se decidiera suspender la ponencia hasta la próxima semana, aunque la intención es cerrar ya los trabajos, aprobar la norma en comisión y remitirla al pleno porque, de lo contrario, podría agotarse el plazo existente y perderse mucho tiempo después para retomarla, si no se aprueba en esta legislatura.
Durante la jornada de ayer, los partidos se centraron, sobre todo, en los dos flecos principales que aún impiden el consenso total: cómo queda la financiación de los Servicios Sociales en los municipios y las múltiples enmiendas a la concepción que quiere introducir CC de la Prestación canaria de Inclusión, antes denominado de Inserción.
Los grupos de izquierdas insisten en que debe apostarse por una renta ciudadana, mientras que CC cree que esa nueva PCI, reforzada y sin el límite de 24 meses para aquellas familias que demuestren que mantienen los motivos que justificaron la ayuda, por lo que seguirían percibiendo el dinero.
Es probable que las diferencias sobre estos flecos, especialmente sobre la PCI y la renta ciudadana, reconocida en el Estatuto de autonomía aprobado en octubre pasado, queden con algunas enmiendas vivas para la votación en el pleno, pero el resto de la ley saldrá por consenso casi absoluto tras casi cuatro años de trabajos constantes.
Una norma que pretende actualizar los Servicios Sociales en las Islas a las nuevas realidades laborales, las leyes aprobadas en este tiempo (como la de Dependencia) y los derechos reconocidos, toda vez que la ley vigente data de 1987. Además, se le da especial relevancia a la población mayor.