Lamagistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de La Laguna, María Celía Blanco, ha emitido una providencia por la que ofrece al presidente del Gobierno de Canariaa, Fernando Clavijo, suspender su declaración como investigado en el caso Grúas en una comparecencia para el próximo viernes.
La decisión de la juez se produce como consecuencia del recurso de casación que está pendiente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y de la posterior apelación al Tribunal Supremo (TS). El TSJC no informó a la titular de La Laguna de que el proceso en su ámbito está aún activo y tomó una decisión que no corresponde en este momento del proceso. A tenor de la providencia el juzgado lagunero solo cuenta en este momento con el auto por el que TSJC le "devuelve la competencia".
Clavijo comparece hoy en el Parlamento de Canarias a petición suya y de la mayoría de los grupos precisamente para dar cuenta, por segunda vez en la legislatura, por el caso Grúas, procedimiento en el que se investiga si siendo alcalde de Laguna cometió en 2014 alguna ilegalidad en laconcesión de su préstamo a la empresa concesionaria de la retirada de vehículos de la vía pública que estaba a punto de quebrar a fin de que el servicio a la ciudadanía no se viera perjudicado. El préstamo de 120.000 euros fue devuelto a las arcas municipalesantes del tiempo estipulado y con intereses.
El jefe del Ejecutivo sostiene que su caso es un denuncia política sostenida por Por Tenerife-Nueva Canarias y Unid@s Podemos.
Tras el auto del TSJC en el que mantenía el caso en el juzgado lagunero, la juez Blanco llamó a declarar en calidad de investigado a Clavijo. La cita es, en principio, si el mandatario decide no tomar en consideración el ofrecimiento apuntado en la providencia, este mismo viernes. La primera intención del presidente era dar explicaciones en el Parlamento después de declarar, pero las presiones de la oposición le obligaron a comparecer hoy.
La investigación a Clavijo se produce aún cuando se ha probado que la decisión de la "intervención temporal" de la empresas de grúas se produce tras un amplio debate jurídico en el seno del consistorio pero que se aprobó por unanimidad de todos los grupos. Y que, precisamente, en el acto administrativo en el que la Junta de Gobierno, presidida entonces por el socialista Javier Abreu, dio el visto bueno a la operación el entonces alcalde no estuvo presente.
Esta causa, en la que también está investigado el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, ha pasado por un intrincado procedimiento: en una primera fase se archivó sin que se apreciara ningún delito. En una inhabitual resolución la Audiencia Provincial de Tenerife, tras un recurso,ordenó con posterioridad que se reabriera para practicar más diligencias.Tras meses de demora y estancarse el caso la Fiscalía, sin nuevas pruebas y sobre los mismos hechos, vio luego delitos de presunta prevaricación y malversación de caudales públicos donde antes no los hallaba. En el TSJC la Fiscalía volvió a no encontrar ningún delito en la gestión de Clavijo pero el informe no se entregó a la espera de que se aprobara el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias que suprime los aforamientos para los parlamentarios y miembros del Gobierno, en una maniobra dilatoria para que la causa permanezca en el juzgado de La Laguna. A mediados de febrero se forzó de nuevo un cambio de criterio por parte del ministerio público para impedir que la Sala de lo Penal eleve la causa al Supremo, dadas las controversias sobre el órgano judicial competente para investigar.