El presidente canario, Fernando Clavijo, reeditó ayer, antes de conocer que la jueza suspendía su declaración del viernes, gran parte de la argumentación que usó el 11 de septiembre pasado en el Parlamento para insistir en que el expediente del servicio de grúas de La Laguna puede resumirse como un "éxito" de los funcionarios locales, que impidió que se dejara de prestar un servicio clave, que no costó un euro a los laguneros y que se convirtió en un caso judicial solo por interés y uso partidista de Unidos Podemos y Por Tenerife-NC.

En su segunda comparecencia en la Cámara por el mismo asunto (ante la solicitud de 4 grupos, si bien acabó pidiéndola personalmente), Clavijo también recalcó, sobre todo ante la insistencia de Podemos, que no se le investiga por tres delitos, sino por dos (presunta prevaricación y malversación de fondos), y no por tráfico de influencias. Por eso, acusó a Noemí Santana de mentir a conciencia y mezclar cuestiones (la denuncia por la desaparición de piezas de coches del depósito municipal "vendidas en el mercado negro") de una investigación que, según la documentación, se centra en los plazos y en si había garantías de devolución del crédito de 120.000 euros concedido.

En este sentido, y ante las afirmaciones, sobre todo, de Australia Navarro (PP), el líder de CC subrayó que ese préstamo no se le dio a la compañía, sino al propio consistorio porque se había rescatado el servicio y, de hecho, se abrió una cuenta corriente con firma de los dos interventores. Asimismo, indicó al final, en respuesta al PSOE, que los socialistas laguneros respaldaron desde el principio la concesión, el rescate y el propio crédito, remarcando que lo decidió en junta el entonces primer teniente de alcalde, Javier Abreu, porque él se encontraba de vacaciones.

El presidente también aludió a otros casos de rescates de concesiones, como la basura en San Bartolomé o las hamacas en Pájara, como buenos ejemplos y los contrastó con lo ocurrido con las bicicletas de Madrid, por las que su ayuntamiento perdió unos 11 millones de euros. A su vez, le respondió a Román Rodríguez (NC), el único portavoz que le dijo lo que habría hecho de verse en la situación de Clavijo con este caso cuando fue alcalde (seguir la recomendación del interventor, liquidar la empresa y convocar una nueva concesión) que, en ese caso, el consistorio habría tenido que hacerse cargo de las deudas (más de 700.000 euros), de las nóminas, seguros, pagos a proveedores y perder por un tiempo un servicio para el que no estaba preparado prestar sin una compañía detrás, con el consiguiente problema para el tráfico y la seguridad.

Clavijo fue especialmente crítico con Santana y le pidió que demostrara que uno de los 8 trabajadores que compraron la empresa reconoció en su declaración judicial que tenía una relación de amistad con él, negando también una estrecha relación con el asesor que tuvieron. En caso contrario, le exigió que le pidiera perdón (al menos en los medios, pues ya había acabado sus turnos), aunque, a su juicio, lo que movió ayer la comparecencia es la cercanía de las elecciones y, por tanto, comenzar la campaña con el primer mitin.

También se defendió de las críticas de Loly Corujo (PSOE) por censurarle a la fiscalía que, en octubre de 2018, cuando aún no estaba en vigor el nuevo Estatuto canario (desde el 6 de noviembre y en el que se elimina los aforamientos), siguiese las instrucciones de la Fiscalía General de dejar pasar el tiempo para que perdiera su condición de aforado y, así, el caso volviese a La Laguna, en vez de continuar en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.