El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ya aliviado por la decisión de la jueza de suspender sine die su declaración del viernes por el caso Grúas hasta que se resuelva su recurso de casación, intervino en el pleno ordinario de la tarde de ayer con otra cara y, eso sí, aprovechó una pregunta del PP sobre la situación y perspectivas económicas para Canarias para criticar al PSOE y Podemos por "lastrar", desde el Gobierno central, el potencial de las Islas al "incumplir" el nuevo Estatuto y REF del Archipiélago.

La portavoz del PP, Australia Navarro, alertó de que las previsiones apuntan a un crecimiento del 1,2% de la economía isleña, que el turismo y el consumo privado se ha estancado, que el paro puede volver a superar el 20%, que en febrero pasado hubo 600 contratos indefinidos menos y un 10% inferior al mismo mes de 2018 y que, desde que gobierna Pedro Sánchez, hay "453 personas parados más cada día". Un panorama que cree que puede empeorar con la subida del salario mínimo o con el hecho de que la industria española "haya entrado en recesión, lo que no pasaba desde hace 10 años y no se compensará por el consumo interno". Por eso, le preguntó a Clavijo si piensa incentivar la contratación de mayores de 45 años y qué otras medidas prevé.

El líder de CC respondió que sí cuentan con esos incentivos y con desgravaciones en el IRPF, pero puso mucho más énfasis en que se cumpla todo lo previsto en el Estatuto y REF para que se pueda compensar la situación con empleo público, con el turismo, que ha mantenido su pujanza, y la construcción, si bien en este ámbito indicó que aún falta por recuperar 20.000 empleos de los destruidos con la crisis. Además, ligó también el consumo interno y, por tanto, los servicios con que no se perjudique a Canarias y sus ventajas incluidas en ambos textos.

Luego, reiteró sus críticas al Gobierno central respecto al convenio de Las Chumberas ante una pregunta de Román Rodríguez. El portavoz de NC le preguntó dónde está el dinero restante de los 25,2 millones en ocho años si solo se han justificado 3,8 y hay otros 1,5 por aclarar, "según reza en el acta de la comisión de seguimiento".

Clavijo remarcó que, en este caso, todo se hace con encomiendas justificadas o con créditos, que no se trata de subvenciones, que hay 570 personas afectadas y que ninguna reposición de viviendas de este tipo ha tardado menos de 12 años. No obstante, subrayó que han acordado un convenio puente entre las administraciones isleñas ante la inacción del Estado.

Por primera vez desde que se agudizara la crisis de las termitas en Tacoronte, La Laguna y, en menor medida, en Arona, el pleno del Parlamento abordó ayer esta cuestión. Lo hizo tras dos preguntas del PSOE y NC a la consejera de Medio Ambiente, Nieves Lady Barreto, quien negó la acusación de Rodríguez y aseguró que, pese a carecer de competencias directas, la Comunidad y, en concreto, su departamento y el de Agricultura, han liderado la reacción ante este peligro. Barreto recalcó que lideran y coordinan las acciones junto al Cabildo insular, Tacoronte y La Laguna, que encargaron un informe a la ULL en diciembre pasado y que se ha creado una comisión técnica asesorada por el mayor especialista del país. Eso sí, avisó de que la erradicación de este insecto, que no estaba entre las especies invasoras, pueda tardar entre dos y tres años, plazo que suele ser la media de estas crisis, y subrayó que llegan por los aeropuertos y puertos y que, por tanto, el Estado podría hacer más.

Su intervención, sin embargo, no convenció a Rodríguez, quien considera que no hay liderazgo ni se controla la situación. A su juicio, se trata de una cuestión seria y preocupante sobre una termita que se encuentra en las Islas desde 2010 y sobre la que ha habido "dejación" por parte de las autoridades, sobre todo por Tacoronte. Por eso, exigió que se concretaran las acciones a desarrollar dentro del protocolo. Por su parte, Gustavo matos (PSOE) alertó también sobre la gravedad del asunto y que el Ayuntamiento tacorontero no actuara como debía hace ya seis años. Además, avisa de que las competencias cambian según sea el objeto o zona afectada y cree que se necesita con urgencia una actuación diligente y rápida para que no siga la expansión.

El PSOE ataca la gestión de la dependencia

Primero en el turno de preguntas al presidente y, luego, a la consejera de Servicios Sociales, Cristina Valido, las socialistas Loly Corujo y María Teresa Cruz Oval censuraron ayer la gestión en dependencia y, sobre todo, el uso de los datos para ocultar la verdadera realidad o el número de personas no analizadas para entrar en las listas de espera. En ambos casos, Clavijo y Valido rechazaron las críticas y remarcaron que, desde que se rompió el pacto con el PSOE, han mejorado las cifras. De hecho, el presidente insistió en que, en este tramo, se han dado más altas que desde que se aprobó la ley estatal, pese a los problemas con la falta de personal. También realzó los 190 millones invertidos y las 8.445 personas atendidas más en 2018 sobre el año anterior o que la gente "en el limbo" se haya reducido un 84%.

Igualdad, Fonsalía y convenio de carreteras

Clavijo tuvo un intercambio de cierta tensión con la diputada de Podemos María del Río Sánchez sobre la política de la mujer. El presidente esgrimió el anuncio de la formación violeta sobre la vuelta de Pablo Iglesias, con ese realce de la figura "del líder supremo", pero la diputada conejera le reprochó que eludiera la pregunta. En tono más relajado, el presidente le indicó al portavoz de su grupo, José M. Ruano, que siguen abiertos al diálogo con el Estado, pero que se han visto obligados a exigir la aclaración del fallo del convenio de carreteras por estar en juego 500 millones, necesarios para muchas obras. Asimismo, apoyó las acciones y la preocupación de ASG sobre la postura de Costas sobre el puerto de Fonsalía.

Rifirrafe sobre la campaña del Estatuto

Luis A. Campos (NC) criticó ayer con dureza, y con el respaldo continuo de Podemos, al consejero de Presidencia, José Miguel Barragán, por la campaña (ya retirada) del Ejecutivo para difundir el nuevo Estatuto y la lista regional. Campos censura que se dijera la falsedad de que, ahora, los canarios podrán elegir de forma directa al presidente (algo que siempre se dará en la Cámara, no en las urnas), al tiempo que recordó que un candidato por una isla puede presidir el Gobierno. Barragán dijo que esa no es la campaña sobre el Estatuto, que pretendían explicar que ahora hay otra plancha más y, al final, concluyó, por la respuesta del resto, que esa lista solo pretende mejorar la representación.