El pleno del Parlamento de Canarias se reanudó ayer con el rechazo, por parte de CC, PP y ASG, de la intención de Podemos y NC de que se admitiera a trámite y, por tanto, se abriera el proceso para aprobar sendas leyes de renta ciudadana en este mandato. Más allá del veto inicial del Gobierno regional, que intentó que la sesión de ayer ni siquiera abordara ambos textos, algo que corrigió la mesa y la junta de portavoces porque no se vería afectado el presupuesto de 2019, los grupos que se opusieron argumentaron que apenas quedan unas semanas de legislatura, que ambas propuestas son inviables, especialmente la de Podemos, y que casi implican una renta universal.

Tanto Melodie Mendoza (ASG) como Josefa Luzardo (PP) y Elena Luis subrayaron que, frente a estas propuestas de renta básica o ciudadana, en la ponencia de la nueva ley de Servicios Sociales se ha incorporado una disposición para que, en la próxima legislatura, se modifique la Prestación Canaria de Inserción (PCI), ya denominada de Integración, para que, entre otras cosas, se vea reforzada en lo económico, elimine el tope de 2 años si persisten las circunstancias de exclusión y, de forma gradual, se transforme en la renta ciudadana incluida en el nuevo Estatuto de Autonomía, aprobado en octubre.

Mendoza quiso dejar claro que su grupo no se opone a una renta ciudadana, pero insistió en la falta de tiempo, en los avances en la ley social y en que, en el fondo, podía estar usándose la cercanía electoral para hacer campaña. Luzardo tiró de motivaciones similares, aunque fue muy crítica con el Gobierno autónomo, tanto en la etapa de CC-PSOE como cuando los nacionalistas se quedaron en solitario, por considerar que ha sido una legislatura perdida para la PCI por estar mal financiada, por su escaso alcance y porque apenas se ha ramificado. Además, aludió al caso del País Vasco, esgrimido también con insistencia por Podemos y NC, pero aclarando que su renta ciudadana aprobada desde 1989 se asienta en un presupuesto actual de 500 millones, que siempre se ha complementado con planes de empleo y formativos potentes, así como con acciones para luchar contra la exclusión. Por eso, espera que, mediante la ley social y la futura PCI, este ámbito se potencie al máximo en Canarias, pero desde el realismo y con ficha financiera.

Elena Luis, por su parte, considera que, si bien se siente más próxima a la propuesta de NC, ambas se acercan a una especie de renta universal que complementaría las de trabajo, las distintas pensiones y prestaciones para los que no tienen otros ingresos. Según los cálculos del Gobierno a los que se agarró, la renta de Podemos no costaría 200 millones, sino 915, aparte de que no se aplicaría de forma gradual, tal y como CC quiere con la renovada PCI, y eso la hace aún más inviable pues debería cumplirse desde las próximas cuentas.

Asimismo, y en línea con la opinión de Clavijo de que una renta así desincentiva al que la percibe para mejorar su empleabilidad, censuró que casi invitase al benefactor a quedarse en su casa quieto al no inducir a mejorar sus condiciones o introducir mecanismos de inspección, aparte de eliminar las ayudas finalistas, como ciertas becas, al alquiler o guarderías. Según resumió, es una "propuesta absolutamente irreal, inabordable en los presupuestos y sin ficha financiera".

La de NC le parece menos irreal porque sí alude a ese tipo de exigencias de control y motivación formativa, pero sostiene que supondría 730 millones y también la ve inviable. Por eso, instó a ambos partidos, así como al PSOE, a centrarse en la PCI y a convencer al Gobierno central para que modifique la regla de gasto y se pueda usar el superávit regional para potenciar los servicios básicos.

Por supuesto, estos argumentos fueron previamente rebatidos por los proponentes, pero resultó más contundente la réplica de M. T, Cruz Oval (PSOE) a la falta de tiempo recalcando que, ante otras leyes, los mismos grupos no han visto problema para acelerar su modificación. Si bien no la mencionó, quedó claro que se refería, entre otras, a la Ley de Cabildos yo la de Islas Verdes. En su opinión, se trata solo de una cuestión de voluntad y valentía política, al tiempo que censuró la situación de exclusión en las Islas por la gestión de CC, que no haya educación infantil de 0 a 3 gratuita y otras dificultades con las que se topan las familias para disponer de más renta. Además, recalcó que, aunque crezca el empleo, se mantienen casi igual los datos de pobreza porque, entre otras cosas, se cifra en un 16% los contratados que no logran salir de la exclusión por la extendida y creciente precariedad.

El debate lo abrió la portavoz de Podemos, Noemí Santana. Más allá de criticar de forma contundente el intento de "veto" del Gobierno a que se debatiera la toma en consideración de las dos propuestas, así como de su temor por el hecho de que ni siquiera se hubieran leído el texto para comprobar que no afectaba al presupuesto vigente, Santana censuró duramente la política social en las Islas y la herencia que, a su juicio, dejará CC. Por eso, les reprocha a ciertos grupos que alardeen tanto del nuevo Estatuto y, sin embargo, se opongan a una "renta de la ciudadanía" (así la denominan) que permitiría, en su caso, pasar de los 16.000 beneficiarios de la PCI a 90.000 y a un total de 40.000 familias. Un cambio fundamentado en el nuevo salario mínimo y que haría que la prestación pasara de los 478,77 euros actuales a 720, el 70% de ese salario mínimo. Por supuesto, también aludió al País Vasco y a otras regiones que sí aplican una renta así y recordó los derechos humanos y la Constitución, confiando en aprobarla en breve.

Luis Alberto Campos (NC) también esgrimió los muchos textos que hablan de una vida digna y anunció que traerían la misma ley desde el inicio del próximo mandato. Además, repasó los logros de NC en Madrid con millones como los del plan contra la pobreza y recalcó que su propuesta sí es realista, beneficiaría a 60.000 personas y exige requisitos para percibirla, relacionados con la mejora de las condiciones del beneficiario para salir de su situación de exclusión.

Por la tarde, el pleno apoyó una moción del PSOE para mejorar la sanidad, una PNL de ASG para reducir el precio de los combustibles en las Islas Verdes, otra de CC sobre personas con diversidad funcional, 15 medidas de buen gobierno de Podemos y otra de este grupo sobre violencia sexual.

Solo Podemos se opone a la normativa de cámaras

Los grupos aprobaron ayer, con el único voto en contra de Podemos, la nueva Ley de Cámaras de Comercio de Canarias. Un texto muy complejo, que fue adherido ayer de numerosas enmiendas, que casi no sale por las diferencias sobre financiación y otras cuestiones, pero que, al final, concitó un acuerdo que, en principio y sin satisfacción total, sí cuenta con el respaldo de estas organizaciones. Los grupos que la apoyaron pidieron que, al menos, se le dé tiempo para probar su acierto, subrayando que la clave pasa por si se cree o no en las cámaras, algo en lo que todos coinciden positivamente, si bien Podemos quería extender su ámbito. La ley obliga a que el 85% de la financiación sea en función del número de empresas de las 4 cámaras y el resto, según sus servicios públicos. Además, el número de compañías también pesará en la representación y se atiende al factor de la doble insularidad.

Unanimidad con la ley de Calidad Agroalimentaria

Por la tarde, y aceptando las enmiendas vivas de Podemos, los grupos sí respaldaron por unanimidad la nueva ley de Calidad Agroalimentaria. Un texto que todos los partidos consideran muy relevante no solo para mejorar lo que se consume en Canarias con mayores controles en todos los ámbitos, sino para potenciar los productos isleños, el sector primario y, por ende, la lucha contra el cambio climático.