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Yanes pide un pacto canario para mejorar los datos en dependencia

El Diputado del Común presenta a los grupos parlamentarios su memoria de 2018 y lamenta las quejas por la excesiva burocracia, además de los déficits de gestión y financiación.
Álvaro Morales, S/C de Tenerife
15/mar/19 6:34 AM
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Yanes pide un pacto canario para mejorar los datos en dependencia

Álvaro Morales, S/C de Tenerife

El Diputado del Común, Rafael Yanes, intervino ayer en la Comisión parlamentaria de Gobernación para desgranar su informe de 2018 ante los grupos, ocasión que aprovechó para, tras la intervención de Socorro Beato (CC), anunciar que su entidad diferenciará desde ahora las quejas en dependencia de las de discapacidad, al tratarse, en muchos casos, de situaciones y afectados distintos. Yanes fue mucho más allá y lamentó los datos en dependencia, solicitando un pacto isleño en este ámbito que permita afrontar los dos principales problemas que lo debilitan: la falta de financiación suficiente, pero, también, la burocracia y duplicidades.

Ese déficit lo han comprobado sus colaboradores (el personal ya supera la treintena y las nuevas adjuntías han sido muy bien acogidas) en que, por una misma persona y expediente, tienen que hacer dos visitas porque el sistema simplemente funciona mal o podría ser mucho más ágil.

El exalcalde güimarero alerta de que el Archipiélago cuadruplica la media de las comunidades para resolver los expedientes de dependencia (la ley fija 6 meses), aparte de que es la región que menos recursos destina, con 54,29 euros por habitante al año, cuando la media estatal es de 129,72. Por eso, considera muy importante que esto se saque de la disputa partidista constante y se alcance un gran consenso en el Parlamento.

También se mostró muy crítico con los silencios administrativos. En su opinión, es de las peores actitudes que puede adoptar una institución pública ante sus conciudadanos, a los que se debe, y ante otros órganos que tratan de fiscalizarlos, subrayando el largo proceso notificador hasta que, de seguir los incumplimientos, se llega a la sanción. En este sentido, indicó que, en 2018, registraron 65 silencios por parte del Gobierno regional, para un total de 89 advertencias de obstrucción que, en su opinión, resultan "inadmisibles".

Los grupos elogiaron, en general, la memoria y la labor del órgano, subrayando (Podemos y el PP) el crecimiento de las quejas en urbanismo y ligándolo a la nueva ley del suelo, así como las relativas a comercio (por compras en internet y otras) y servicios sociales. Yanes remarcó que las actuaciones de oficio subieron un 460% y que intervino en 6 desahucios de personas vulnerables y en 80 de las viviendas de Añaza.

Asimismo, se refirió a su mediación con la consejería de Sanidad con ciertos medicamentos o con la Ley de Niños Robados, que ve bien que se haya diferenciado de la de memoria por abarcar casos hasta 2002.

También relató sus actuaciones por vertidos de aguas residuales, las quejas por escasez de agua en Fuerteventura o Mogán, los problemas en centros docentes, por la inseguridad de una vía realejera o ante la reivindicación de una unidad cardiorrespiratoria en Fuerteventura, aunque, como varios grupos, puso especial énfasis en la creación de la adjuntía de violencia de género, que hizo que las quejas en este ámbito subieran un 560% el anterior ejercicio.

Entre los anuncios para el futuro más relevantes hechos ayer por Yanes, que vincula el creciente prestigio de la institución del Diputado del Común al legado recibido por sus predecesores, destacó su intención de modificar la ley que atañe al organismo para que pueda ejercer de forma plena su potencial como mediador para la resolución de conflictos. Yanes puso un ejemplo de esta función con el caso de un colegio del Norte de Tenerife afectado por humedades que no lograba respuestas ni por parte de su ayuntamiento ni de la consejería regional de Educación, que decían que las competencias eran de la otra administración. Ante este bloqueo, el Diputado del Común decidió mediar, organizó una visita conjunta y sentó a las partes a una mesa que, finalmente, propició un acuerdo. Así, el consistorio se responsabilizó de encargar y costear el proyecto técnico y la Comunidad asumió el coste de las obras necesarias.

Según recalcó, este caso podría expandirse a muchos otros ámbitos, incluso a vecinos que denuncian a su gobierno local o alcalde por situaciones fácilmente solucionables con una simple mediación que les posibilite explicarse y oír a la otra parte. Eso sí, aclaró que esta parte de mediación solo se ha llevado a los reglamentos en Andalucía, donde el Diputado del Común sostiene que, en el 85% de sus intervenciones, los conflictos se resuelven.

Yanes también se refirió a sus gestiones con los 22 presos canarios en cárceles en el exterior (volvió a interesarse el PSOE), a las que ha hecho con isleños que piden sus servicios desde otros países o aquellas llamadas anónimas que denuncian determinadas situaciones y que, si bien no las pueden registrar porque se lo impide el reglamento, sí dan pie a una investigación posterior de oficio por si se confirma el delito, que ponen inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía.

A su juicio, la entidad es cada vez más conocida y apreciada, pero tienen margen y, de aprovecharlo, será mucho más útil.