Comisiones Obreras y UGT, los sindicatos mayoritarios de los cuerpos de la Policía Local en Canarias, han calificado de "gran irresponsabilidad" el uso general de seguridad privada por parte de los ayuntamientos en la celebración de actos multitudinarios.
En un comunicado remitido este martes, los sindicatos aseguran que se trata no solo del "reconocimiento explícito de la incapacidad de gestión", sino también de "una estrategia para una cada vez mayor privatización de un servicio público esencial".
Alertan de que el problema no afecta solo al municipio de Las Palmas de Gran Canaria, como se apreció durante los últimos carnavales, sino también a Agaete e Ingenio, donde con ocasión de otras celebraciones "se ha observado la presencia de tan solo cinco policías locales y más de cuarenta vigilantes de seguridad privada".
"Se trata", dicen los sindicatos, "de municipios gobernados por el PSOE, el mismo partido que, desde la Delegación del Gobierno, autoriza a prestar servicios en la vía pública a los vigilantes de seguridad privada".
Denuncian que esta situación se ha generado por la "pésima gestión" de la seguridad pública por parte de muchos alcaldes, pues creen que "esa seguridad en sus municipios no es de su competencia, sino del Estado, lo que es una auténtica irresponsabilidad", al desconocer las leyes y obligaciones que les imponen las normas.
Asimismo, recuerdan que es responsabilidad de los jefes de Policía el no aceptar las instrucciones de los alcaldes que contravengan la ley, pues ellos también son responsables técnicos ante la jurisdicción penal y responden con su propio patrimonio conforme establece la Ley.
Para CCOO y UGT, la contratación de seguridad privada obedece a la falta de liderazgo de algunos alcaldes para mejorar la situación y coordinación de los 3.000 policías locales existentes en Canarias, negándose a que se apruebe en el Parlamento una nueva Ley de Policías Locales que acabe con esta falta de efectivos en todos los municipios, así como su coordinación y mejora de las condiciones de trabajo.
Los dos sindicatos creen necesario de que todos los candidatos a las elecciones autonómicas en Canarias se comprometan a actualizar y mejorar la seguridad en las islas, modificando de forma urgente la norma de coordinación de las policías locales y simplificando los procesos para la selección de las más de 1.000 plazas vacantes en la región, así como limitando la privatización de la seguridad en el espacio público.
Además, plantean a la Delegación del Gobierno de Canarias la necesidad no solo preservar la seguridad pública, sino de reforzar con mayor presencia de Policía Nacional en las ciudades y de Guardia Civil en todos los pueblos, coordinado de forma más eficiente con las policías locales la seguridad en las calles, paseos o plazas.
También reclaman que la Delegación del Gobierno deje de ser "cómplice en la privatización" de la seguridad pública y se establezcan más controles e inspecciones a las contrataciones de vigilancia privada que realizan algunos ayuntamientos para suplir la carencia de policías locales, nacionales y guardias civiles en los grandes eventos.