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CLAVE DE ACTUALIDAD J. MANUEL DE LEÓN P.

Desafectos de profundo calado con Tenerife


11/nov/02 21:12 PM
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COMO ES CONOCIDO y manifiesto, la Constitución no establece un modelo de competencias a desempeñar por las entidades locales, sino que se limita a garantizar la autonomía de los municipios en la gestión de cuantos asuntos afecten a sus intereses (artículo 137 y 140 del Texto Fundamental). De ahí que, según afirman algunos autores, lo que el constituyente dejó al legislador ordinario cuando promulgó la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, recogida conforme a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la llamada teoría de la "garantía institucional", dependiendo según de la materia de que se trate para competencias de la Administración Local, "establece más límites que contenidos permisibles". Así pues, no siendo la finalidad del presente artículo - cuyo esbozo va por otro camino - explicar el desarrollo de la normativa básica municipal, enlazo la exposición, es decir, lo que sería el origen del "Pacto Local", con las vicisitudes que padece nuestra Isla respecto a la evidente "incantación" del Gobierno Central con el "directorio" de la Isla de enfrente. Esto, según la plausible editorial de EL DÍA (20-10-02), "hecha por tierra los autogobiernos de Nivaria". En otras palabras, no dejamos de percibir el número de veces que se confirman las tropelías contra una parte del Archipiélago, despojándole, por algunos "lacayos" de los poderes de turno, de los servicios e instituciones de necesidad para el desarrollo en que se halla inmerso la sociedad tinerfeña. Por si esto fuera poco, la empresa suministradora de fluido eléctrico, Endesa y su filial Unelco, realiza cortes selectivos con el pretexto de las sobrecargas en las líneas que abastecen los municipios turísticos sureños. Situación, cómo no, impuesta por el consejo antedicho, tratando de presionar a los que se oponen al trazado aéreo del cableado (origen del controvertido decreto de urgente ocupación) por los montes de Vilaflor. Lo que, sin duda, indica que el Gobierno no ha sido capaz de asumir los "códigos" que por responsabilidad debiera salvaguardar. Incluso, a sabiendas de que el PIOT, antes de su aprobación definitiva, no recogía los "corredores de energía", factibles al despropósito que ha lanzado al "ruedo" de la insensatez al estamento autonómico. Muy mal asesorado debe de estar el Ejecutivo, en los términos que conciernen al desarrollo del régimen energético del territorio insular, para prácticas de tan poca eficacia. Otra cosa sería, de darse el caso, pretender un crecimiento sobre mínimos, para con fórmulas indeseables acceder a las demandas de la susodicha empresa.

Queda, pues, la pregunta de la duda que se hacen muchos ciudadanos: ¿qué intereses se mueven, con relación a la conveniencia de no evitar mayores impactos medioambientales, para obviar el propósito?
CLAVE DE ACTUALIDAD J. MANUEL DE LEÓN P.