Criterios

La inseguridad jurídica del contribuyente


29/abr/03 21:29 PM
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LA NOTICIA de que Hacienda embargará la devolución de la renta a quienes tengan deudas con los ayuntamientos pone de manifiesto, una vez más, la inseguridad jurídica que éstas y otras medidas similares provocan en el ciudadano-contribuyente al sentirse éste completamente indefenso ante determinados actos administrativos que, en cierto modo, rayan la arbitrariedad debido, principalmente, a la rigidez con que se suele interpretar casi todas las medidas fiscales ya que, al estar éstas, generalmente, poco o nada definidas dan pie, precisamente, a distintas interpretaciones en función del criterio funcionarial pertinente, dando como resultado una lamentable inseguridad jurídica que, en definitiva, termina logrando que primero se pague para que, en todo caso, se termine reclamando después.

Dentro de estas últimas medidas fiscales que, dicho sea de paso, no existen en muchos países de nuestro entorno, donde la privacidad de las cuentas bancarias y los derechos del contribuyente se respetan mucho más que aquí, se encuentra el ansia de la Administración de meterse en nuestras cuentas corrientes sin que exista previamente una orden de un juez. Y no digamos ya si hablamos de los más que discutibles criterios de actuación de la Seguridad Social cuyo afán recaudatorio está proporcionando un indebido enriquecimiento de la citada Institución ?ver como ejemplo la última normativa sobre la cotización por vacaciones de los trabajadores?. Todo ello pone de manifiesto el hecho de que en España no todos somos iguales ante la Ley porque, casualmente, son las distintas Administraciones en general las que más dinero deben a empresas y particulares y, que yo sepa, ningún ciudadano puede, en señal de esa reciprocidad jurídica, entrar en sus cuentas corrientes del Banco de España y cobrarse las deudas pertinentes por vía ejecutiva.

Todo ciudadano tiene el derecho, que no el deber, de ser moroso alguna vez en su vida; entre otros motivos, porque vivimos en una economía de libre mercado donde el ciudadano, al igual que la Administración, tiene sus preferencias, sus iniciativas, sus riesgos y sus oportunidades. Por consiguiente. No es de recibo que la propia Agencia Tributaria asuma la gestión recaudatoria de las deudas tributarias de las distintas entidades locales a partir de las notificaciones de las distintas providencias de apremio.

Por supuesto que no estoy a favor del fraude fiscal; pero una cosa es el control de dicho fraude y otra, muy distinta, es colaborar, debido a ese afán recaudatorio al que nos hemos referido antes, a la inseguridad jurídica del contribuyente, que para más inri, y cuando éste recurre, lo normal es que acaben dándole la razón, que no el dinero. Por ello, la Administración debe, en beneficio de todos, elaborar directrices y normativas claras, concretas y que eviten, en lo posible, la interpretación sectaria y la aplicación de normas derivadas de los distintos criterios que sobre una misma cuestión se pueda tener en el ámbito oficial.

El ciudadano no puede estar al socaire de lo que dictamine el criterio de un funcionario por muy alto que, éste, se encuentre en el escalafón; precisamente, evitar estos hechos, es lo que mejor define a un Estado de Derecho.