Criterios

Partitocracia


6/jul/03 21:36 PM
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LA SEMANA POLÍTICA se inició el lunes con la segunda votación de investidura en la Asamblea autonómica de Madrid, y, el mismo día, con la primera sesión del llamado "debate sobre el estado de la nación" en el Congreso de los Diputados. De ninguno de los dos acontecimientos salió gran cosa digna de mención o, al menos, algo que permitiese decir que el país estaba un poco mejor después que antes de tan magnas reuniones. Rafael Simancas volvió a fracasar en su intento de ser investido presidente autonómico madrileño, y el debate del Congreso fue, una vez más, la sucesión de los discursos previsibles de todos los años, con el colofón ?que ya empieza a ser un poco ridículo? de las encuestas acerca de quién ganó y quién perdió, como si se tratase de una especie de club de debate para estudiantes. Pero la crisis generada en la Asamblea autonómica de Madrid ha vuelto a poner sobre la mesa una de las cuestiones más controvertidas de nuestro sistema democrático: el poder de los partidos políticos.

Partidos fuertes

A la muerte de Franco, políticamente España quedó como un erial: el régimen era como una especie de cono invertido, que se sustentaba en equilibrio sobre su cúspide, que no era otra que la persona del general. Muerto éste, el sistema que él creó no podía sobrevivirle. Construir un sistema democrático no era tarea fácil, porque no existían los partidos políticos además su recuerdo había sido pulverizado y denigrado durante decenios.

De ahí que, al enfrentar las primeras elecciones generales, ganase una Unión de Centro Democrático que había logrado agrupar a la constelación de grupos y grupúsculos que se reclamaban de centro (por aquel entonces, y hasta ahora, parecía que no había nadie de derechas en España) contra un PSOE que no había atinado a reunir a todas las formaciones que se consideraban socialistas. Los parlamentarios constituyentes diseñaron, en consecuencia, un sistema que favorece la existencia de partidos políticos fuertes y castiga a las pequeñas formaciones. Eso podría haberse logrado mediante un sistema electoral de escrutinio mayoritario, pero no se hizo así porque ni nuestra historia, ni los partidos nacionalistas existentes entonces lo hacían aconsejable en absoluto.

De hecho, si miramos el mapa regional de la España peninsular vemos claramente una cornisa septentrional y mediterránea son numerosas regiones diferenciadas, mientras que en el triángulo imaginario que podría tener por vértice superior la ciudad de León y por vérticas inferiores Ayamonte y el cabo de Gata sólo hay cuatro Comunidades: las dos Castillas, Andalucía y Extremadura, más la artificialidad de Madrid surgida como consecuencia de su capitalidad. Éste es el resultado de la repoblación castellana a medida que progresaba la Reconquista.

Por consiguiente, el sistema electoral tenía que ser proporcional, a fin de no estrangular la realidad plural de las regiones del Norte y el Levante. La forma de conciliar las dos exigencias (partidos fuertes, pero sistema electoral proporcional) fue el llamado sistema D'Hondt, o proporcional corregido que hoy tenemos, y que establece la presentación de candidaturas en listas cerradas y bloqueadas; es decir, en listas que hay que votar en bloque, sin que el elector pueda añadir ni quitar ningún nombre.

Mandato imperativo

La Constitución establece que los representantes elegidos no están sujetos a ninguna clase de mandato imperativo. Eso significa que como cada diputado, cada senador (y, por extensión, cada parlamentario autonómico y cada concejal) representa a la totalidad del cuerpo electoral, y no sólo a quienes le votaron a él, no puede estar sometido al dictado del partido en cuya lista figuró en las elecciones.

Se produce, pues, una contradicción: por un lado, las listas cerradas y bloqueadas fuerzan al candidato a no mirar al público, sino a sus jefes políticos, si quiere ser incluido en una candidatura; por otro, una vez elegido, queda por mandato constitucional desvinculado de la disciplina de partido mientras ostente su cargo electivo. La experiencia de todos estos últimos años nos muestra que, de vez en cuando, un concejal, un parlamentario autonómico o un diputado o senador, decide romper la disciplina, bien votando de forma distinta del resto de sus compañeros de grupo, bien marchándose de su partido para irse a otro o al grupo mixto de su respectiva corporación.

Eso fue lo que ocurrió en Madrid el 10 de junio: los socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez decidieron ausentarse de la elección de presidente de la Asamblea regional madrileña, con lo que la mayoría quedó en manos del Partido Popular. Esta actitud les valió la expulsión fulminante del PSOE, pero ellos conservan sus actas de parlamentarios, que no pertenecen al partido, sino a cada representante electo. La consecuencia es que habrá que repetir las elecciones ante el bloqueo institucional producido.

Petrificación

Una de las críticas más duras y frecuentes a nuestro sistema es, precisamente, la de la partitocracia a que nos ha conducido el sistema de listas cerdadas y bloqueadas: no son los Gobiernos, no son los Parlamentos, los que deciden, sino los Estados Mayores de los partidos políticos. Eso se nota mucho en el Legislativo, y algo menos en el Ejecutivo, porque el jefe del partido suele ser al mismo tiempo jefe del Gobierno; pero en el caso del País Vasco, donde la situación no es ésta, se sabe que quien manda no es Ibarretxe, presidente del Gobierno autónomo, sino Arzalluz, presidente del PNV.

La crisis de Madrid ha movilizado a muchos políticos para plantear la necesidad de que los cargos electos tengan que depender del partido que los presentó, de suerte que sus actas no les pertenezcan, sino que sean del partido. Así, dicen, las indisciplinas se castigan con la expulsión de la institución y su sustitución por el siguiente de la lista cerrada y bloqueada. Si se tratase de conjurar el riesgo que representan los tránsfugas en el equilibrio aritmético de Parlamentos y Ayuntamientos por esta vía, en lugar de replantearse el carácter cerrado y bloqueado de las listas, asistiríamos a una petrificación de la denostada partitocracia, y entonces habría que preguntarse si no nos saldría más práctico y, sobre todo, mucho más barato, elegir a un solo representante de cada partido, que actuase con voto ponderado para legislar y decidir.

ramón.pi@sistelcom.com

PUEDE PARECER paradójico que alguien se desplace desde su casa hasta las áreas recreativas de nuestros montes a ocupar un fogón y una mesa, ya sea a las doce de la noche o a las cuatro de la mañana, para conseguir preparar unas chuletas al mediodía del día siguiente con la familia. Sin embargo, este caso se da en numerosos puntos de la isla, como pude comprobar el domingo pasado en el área recreativa de Las Calderetas, en El Sauzal, donde varias personas habían pasado la noche guardando el fogón y la mesa, incluso turnándose con otras para conseguir su objetivo.

La problemática que se da en Tenerife en torno a las áreas recreativas se nos complica, puesto que la cultura del automóvil nos permite abandonar de manera masiva unas ciudades que cada día son más invivibles y encontrarnos con la naturaleza y a veces los amigos o la familia en estos lugares que, si bien es verdad que hace unos años eran más que suficientes para la demanda existente en la isla, en estos momentos nos llevan a plantear una nueva estrategia que no sólo significa construir nuevas áreas de esparcimiento, en el monte o en las proximidades, sino encontrar formas de gestión que no tenemos aún resueltas.

Y es que en muchas de estas áreas surgen problemas de orden público para los que no está preparado nuestro personal de Medio Ambiente, como el vandalismo en mesas, baños y demás instalaciones, aparte de otras actitudes poco cívicas, como ocupar los fogones con fuego desde por la mañana para que el que llega más tarde no tenga el fogón, o llevarse a casa y otros destinos la leña que los trabajadores de Medio Ambiente depositan en las áreas recreativas para el uso y disfrute de sus usuarios.

Es decir, en el Área de Medio Ambiente del Cabildo no sólo tenemos que hacer el esfuerzo para cuidar nuestros montes, sino que en estos momentos hemos de vigilar hasta los aparcamientos de coches en las áreas recreativas. En consecuencia, se ha desbordado la capacidad del servicio prestado a un uso que, en principio, es enormemente positivo, ya que es muy deseable y gratificante el que la población se desplace a visitar nuestra naturaleza, porque el que conoce nuestros montes, los ama. Lo que no resulta positivo es que en estos momentos una serie de pautas consumistas del mundo urbano se implanten en las áreas recreativas, que han sido creadas con el fin del acercamiento al medio natural y del disfrute de las posibilidades que éste nos ofrece. Así, como ejemplo, hay que resaltar que las áreas recreativas quedan muchas veces ocupadas de manera masiva por actos de grupos religiosos, políticos o sociales, tales como bodas, bautizos, etc., es decir, en algunos casos, minicarnavales o miniverbenas en nuestras áreas recreativas, que no son más que maneras de ocupación colectiva de lo público, con pocas consideraciones hacia las personas y a su derecho al disfrute del medio ambiente.

Todo esto indica que la asignatura pendiente en la que aún tenemos que profundizar es la promoción de la educación ambiental, la participación ciudadana y la concienciación, en un cambio de actitud colectiva como pueblo hacia su medio ambiente en un sentido amplio.

* Consejero insular de

Medio Ambiente y Paisaje