Criterios

Comisión de investigación


3/ago/03 21:39 PM
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LA CRISIS POLÍTICA de la Comunidad de Madrid ha desembocado, de momento, en la creación de una comisión de investigación, cuyas sesiones se televisan en directo a través de la televisión autonómica local y han logrado en los días iniciales, contra todo pronóstico, estar en cabeza de la audiencia televisiva madrileña (diré entre paréntesis que los lectores de estas líneas que no vivan en Madrid pueden seguir la emisión de los trabajos de la comisión a través de la plataforma de televisión digital vía satélite, que incluye a Telemadrid). Este original éxito de audiencia puede deberse a varios factores, que pueden ir desde la extraordinaria promoción que se ha hecho del asunto en periódicos y emisoras de radio hasta la propia entidad del asunto, pasando por los ribetes de culebrón tipo "Dallas", es decir, una historia de malos y malos, de venganzas sarracenas y de odios inextinguibles, que de todo eso hay en la Federación Socialista Madrileña. El caso es que los avatares de los Tamayo, Sáez, Simancas, Ruth Porta, Benedicto Mamblona, Verdes e tutti quanti se han convertido en uno de los principales platos televisivos de este verano.

Inutilidad

Pero por encima de la pura anécdota, me parece que cabe extraer dos enseñanzas principales de esta comisión de investigación en concreto, y de este tipo de comisiones en general. La primera es su perfecta inutilidad en relación con lo que oficialmente se trata de esclarecer.

La primera comisión de investigación que se creó tuvo su origen en el llamado "caso Flick": a poco de llegar el PSOE al poder, en los primeros años ochenta, resultó que un diputado socialdemócrata alemán reveló que el SPD había derivado dinero irregular procedente del consorcio alemán Flick desde la muerte de Franco para ayudar a los socialistas españoles. Tras unos meses de trabajos, la abrumadora mayoría absoluta del PSOE resolvió, en febrero de 1985, que Felipe González tenía razón cuando aseguraba que no había recibido "un solo marco" de los alemanes, ("ni Flick, ni Flock", dijo González).

Aquella primera experiencia dio la medida de lo que podían dar de sí las comisiones de investigación. Pero los partidos políticos no prescindieron de esta fórmula porque adivinaron que, si no servían para lo que tenían que servir, sin embargo eran sumamente útiles para hacer ruido mediático y convertirlas en eficaces instrumentos de propaganda propia y de erosión del adversario. Y así es colmo se han ido sucediendo las comisiones de investigación: poca investigación y mucha manipulación.

Tengo para mí que el Partido Popular, cuando solicitó la apertura de una comisión de investigación que tratase de esclarecer las razones de la "traición" de Tamayo y Sáez al PSOE, y que los socialistas atribuyeron a una conspiración inmobiliaria en la que estaría envuelto el PP (todo menos reconocer sus propios errores), sabía perfectamente que no se haría la luz en el asunto, sino que los unos quedarían convencidos de que los malos eran los otros, y viceversa. Como está sucediendo, en efecto. Y los socialistas, por su parte, aceptaron la comisión porque, ante la perspectiva de la repetición de las elecciones, necesitaban alguna clase de plataforma en la que seguir manteniendo la bronca y aprovechar todas las oportunidades de echar basura encima de sus adversarios, que se perfilaban desde el primer momento como los ganadores futuros, porque se habían quedado a las mismas puertas de la mayoría absoluta en mayo y ahora el descalabro de la izquierda amenazaba con ser histórico.

Mandato imperativo

El episodio de la Comunidad de Madrid también nos deja una enseñanza que podría ser muy positiva, o que podría resolverse en un empeoramiento de la calidad de nuestra democracia, según cómo reaccione nuestra clase política al respecto. La cuestión que se ha planteado tras la ausencia de los diputados socialistas Tamayo y Sáez, que hizo perder la mayoría a la coalición PSOE-IU en la Asamblea de Madrid, es, por analogía, la del transfuguismo. En realidad, Tamayo y Sáez no son unos tránsfugas, porque no se fueron a ninguna parte, sino que su acción tenía por objeto dar un aviso al PSOE con ánimo de renegociar en su propia casa las cuotas de poder que se otorgarían a unos y otros en el gobierno de la comunidad. Los dirigentes del PSOE no entendieron el mensaje, y los expulsaron del partido, porque ellos, como era previsible, se negaron a devolver sus actas de diputados.

Este episodio podría estimular a nuestros partidos a replantearse la cuestión del mandato imperativo de hecho que se produce con las listas cerradas y bloqueadas, que fuerzan al elector a votarlos a todos o no votar a nadie en una candidatura. Desde hace varios años esta cuestión es recurrente en el debate público, y se ha planteado la conveniencia de, al menos, desbloquear las listas, de suerte que el votante pueda tachar algunos nombres y hacer así que corra la lista. Hubo un tiempo, en la Transición, en que era muy necesario configurar partidos fuertes; pero hoy, casi a los veinticinco años de la Constitución, parece que lo procedente sería más bien ir en dirección contraria, y otorgar a cada parlamentario más cancha de juego y de iniciativa.

Pero, en lugar de ir por este camino, parece que la tendencia que se apunta es nada menos que modificar la doctrina sentada reiteradamente por el Tribunal Constitucional, y establecer el mandato imperativo prohibido por la misma Constitución, de forma que el diputado que no se someta a la disciplina del partido pierda el acta y, con ella, su condición parlamentaria. Si eso se consumase, lo que habría que plantearse es para qué necesitamos gastarnos tanto dinero en los veintiún Parlamentos que funcionan en España (Congreso, Senado, diecisiete asambleas autonómicas y las dos de Ceuta y Melilla), cuando se podrían celebrar las elecciones por siglas, y cada partido designar a un portavoz. Miles de millones de euros podrían dedicarse a destinos mucho más productivos. Pero la democracia habría sufrido un golpe casi mortal.

Posdata

La semana ha terminado con la publicación de un documento vaticano, concretamente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el que se condena la licitud moral de las uniones de personas homosexuales, y se dan instrucciones a los políticos católicos para que voten en contra de todo intento de legalizarlas, sobre todo si tal legalización tiende a equipararlas a la institución del matrimonio. En todo el llamado primer mundo se han dejado sentir ya reacciones hostiles a este documento. El asunto es serio, y de no producirse alguna novedad resonante, acaso haya ocasión la semana que viene de tratarlo con el detenimiento que merece.

ramon.pi@sistelcom.com