Criterios

Canarias y los objetivos de la Cumbre de Lisboa


3/ago/03 21:39 PM
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LA UNIÓN EUROPEA es una institución cambiante, aunque el cambio apenas sea perceptible por parte de los ciudadanos. El motor del cambio es el Consejo europeo, conocido popularmente como "Cumbre de los jefes de Estado o de Gobierno" de los Estados miembros, compuesto por catorce jefes de Gobierno más el presidente de la República francesa. Las "Cumbres" se reúnen, al menos dos veces al semestre, bajo la presidencia del jefe de Estado o Gobierno al que corresponda la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión. En ellas se adoptan resoluciones que no tienen fuerza obligatoria, pero que han de ser desarrolladas por las instituciones de la Unión, es decir, por el Parlamento, el Consejo y la Comisión.

Hace algo más de tres años, bajo la presidencia del jefe del Gobierno de Portugal, Antonio Guterres, se reunió en Lisboa, en sesión especial, el Consejo europeo, durante los días 23 y 24 de marzo de 2000. En esa cumbre se fijó un "objetivo estratégico para la próxima década", que hemos de entender que es el período 2001-2010, en los términos siguientes: convertir la economía de la Unión en "la economía más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social". Este objetivo requería una estrategia global basada en el desarrollo de la sociedad de la información y de las políticas de la investigación y el desarrollo tecnológico.

Un año antes, en la Cumbre de Berlín de 24 y 25 de marzo de 1999, se habían fijado las perspectivas financieras de la Unión Europea para el período 2000-2006, que preveían, entre otras cosas, ayudas para preparar la adhesión a la Unión de una docena de países de la Europa central y oriental y del Mediterráneo. El condicionamiento que tuvieron los acuerdos de Lisboa fue que la Unión no dispondría ni de un solo euro adicional para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Es decir, correspondería a los gobiernos nacionales establecer los fondos para el desarrollo de la sociedad de la información y de las políticas de I+D.

A pesar de esa limitación, tanto el Gobierno español como nuestras autoridades regionales y los medios de comunicación destacaron el éxito de la Cumbre de Lisboa. Los españoles hicimos como siempre: celebramos el éxito con champán y nos olvidamos al día siguiente de los compromisos adquiridos en Lisboa. En Canarias, el olvido ha sido casi total. En este momento, somos la segunda región, empezando por la cola, en materia de sociedad de la información, y la expresión "I+D" parece una fórmula enigmática para entendidos, pues aquí apenas nventamos ni innovamos nada. En este mismo periódico EL DÍA , el pasado 20 de julio, Carlos E. Rodríguez, llamaba la atención sobre "Canarias, ante el reto de la innovación".

Aunque los españoles, en general, y los canarios en particular, somos olvidadizos en materia de compromisos internacionales, las instituciones comunitarias no lo son. A comienzos de julio, el presidente de la Comisión, Romano Prodi, presentó en esta última instituición un estudio preparado por un grupo de expertos independiente, bajo la dirección de André Sapir, y titulado "Un orden del día para una Europa en crecimiento para conseguir que el sistema económico de la Unión Europea ofrezca resultados". La finalidad de este estudio era hacer cumplir los objetivos de la estrategia de Lisboa. En los medios de comunicación canarios se dio alguna noticia muy general del inform, pero, curiosamente, se puso más énfasis en las críticas al mismo que en lo que el informe proponía.

Las conclusiones principales del informe Sapir son que, a partir de las próximas perspectivas financieras, que deberán ser aprobadas en 2006 para el período 2007-2013, los recursos de la Unión deberían ser concentrados en dos ámbitos: la ayuda a los nuevos países miembros y la consecución del objetivo estratégico de Lisboa mediante la asignación de fondos para el desarrollo de la sociedad de la información y de las políticas de I+D. El resultado de estas propuestas sería la retirada de ayudas de la Unión para la política agrícola y para los fondos estructurales, que el año pasado supusieron para España el 2% del producto interior bruto y para Canarias casi el 50% del presupuesto de la Comunidad autónoma.

No es extraño que la respuesta del comisario Barnier, responsable de la política regional, y gran defensor de las ayudas a las regiones ultraperiféricas haya sido totalmente negativa, y se entiende que en Canarias nos hayamos hecho eco de las críticas de Barnier al informe Sapir. Lo que ya no resulta normal es que tanto el gobierno autónomo como los sectores económicos y los medios de comunicación apenas hayan dado noticia del informe en sí. Es lo que se llama normalmente la política del avestruz, que consiste en esconder la cabeza en la arena para no ver el peligro que acecha.

En Canarias tenemos que ponernos las pilas si pretendemos mantener nuestra competitividad en el futuro. Sin perjuicio de estar de acuerdo con Barnier en que el informe Sapir va demasiado lejos, y que no se pueden borrar de un plumazo las políticas tradicionales de la Unión en materia de ayudas agrícolas y r egionales, el futuro de nuestra economía, en cuanto formamos parte de la Unión, tiene que contemplar el objetivo estratégico de Lisboa, y deberíamos prepararnos para los cambios que van a tener lugar en la dirección económica de la Unión.

* Diputado al Parlamento

europeo, PSOE