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Feo asunto el de las escuchas telefónicas ilegales


23/nov/03 21:51 PM
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LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA en el Titulo I regulador de los derechos fundamentales garantiza en su articulo 18.1 el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El mismo artículo en su apartado 3 garantiza el secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, (...), salvo resolución judicial. La redacción es contundente y queda muy claro que cualquier violación de estos preceptos constitucionales es algo muy grave. Muy grave e incompatible con la conducta de un demócrata y de cualquier persona bien nacida.

En los Estados Unidos, donde los derechos de sus ciudadanos son intangibles, Richard Nixon se vio sometido a un procedimiento de "impeachment" (acusación de alta traición) y obligado a dimitir de la presidencia americana como consecuencia del llamado caso "Watergate". Fue acusado y hallado culpable del delito de espionaje telefónico a sus adversarios políticos.

Leo con profundo desagrado una noticia según la cual una filial de Telefónica "sanciona a más de 50 telefonistas por curiosear en la factura de (doña) Letizia Ortiz". El asunto es muy grave por sí mismo, pero me causa náuseas saber que fue un coordinador del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) quien hizo público el hecho al expresar su protesta y disconformidad por las sanciones aplicadas a aquellos trabajadores. El antecedente más cercano que me viene a la memoria ocurrió este verano durante los tristes sucesos protagonizados por dos tránsfugas socialistas en la Asamblea de Madrid. Hecho muy grave sin duda, pero no más, ni menos, que el conocimiento y la utilización de las llamadas telefónicas realizadas por uno de aquellos tránsfugas, cuyo derecho constitucional al secreto de sus comunicaciones telefónicas fue violado de manera tan flagrante para obtener unos datos que, posteriormente, serían utilizados políticamente por muchos de los dirigentes del PSOE, del señor Rodríguez Zapatero para abajo, que durante meses han opinado sobre el asunto, basando su línea argumental, no tanto de defensa de sus propias miserias como de ataque al adversario, en la utilización de unos datos obtenidos de manera tan groseramente ilegal. En este caso no se ha publicado el nombre de ningún sindicato, pero sí se ha sabido que Telefónica despidió a dos de sus empleados por filtrar a la prensa unos datos, las llamadas realizadas desde el teléfono de Tamayo, que luego fueron utilizadas "ad nauseam" por la dirección de los socialistas. Con conductas así nadie puede sorprenderse que sigan cosechando derrota tras derrota en las sucesivas convocatorias electorales.

Hace quince años, durante mi etapa en la presidencia del Gobierno canario, un funcionario del gabinete de prensa que luego sería director general en un gobierno posterior al mío, me informó que al descolgar su teléfono había escuchado la reproducción de una conversación que él mismo había mantenido minutos antes. Menos de 48 horas después, según constato en mi agenda de aquellos años, un ciudadano vecino de la antigua sede de la presidencia en la Plaza de los Patos, quiso hablar conmigo para informarme que en el teléfono de su casa se escuchaban algunas conversaciones mantenidas desde nuestros teléfonos. Trasladé la cuestión al entonces delegado del Gobierno y se presentó la correspondiente denuncia. Se comprobó que en unos cajetines de Telefónica, algunas conexiones de nuestros teléfonos habían sido manipuladas y "pinchadas". No quise que se profundizara en el asunto, se tomaron las medidas necesarias para evitar ser espiados telefónicamente y nunca conocimos la identidad personal de los autores de los hechos, pero el contenido político de aquella acción no nos ofreció ninguna duda. Este feo asunto de las escuchas telefónicas ilegales tiene, por tanto, una cierta tradición en la democracia española y, desgraciadamente, todos los indicios sobre su presunta autoría apuntan en parecida dirección. ¡Que asco! Y encima se atreven a dar lecciones de democracia.

* Eurodiputado