TERMINADO el período festivo navideño, ha vuelto la normalidad a la vida pública española. La crisis económica y financiera, como era de prever, no se ha desvanecido: ahí está, como antes de las fiestas, y la publicación de los datos del paro se ha encargado de poner de manifiesto la cruda realidad: más de tres millones de parados, un millón más en el último año.
Estas cifras vienen referidas sólo al número de registrados en el INEM, que no son, desde luego, todos los parados ni mucho menos; y tal como está organizado en nuestro país el sistema de las llamadas "prestaciones sociales", esto significa que no sólo han dejado de cotizar a la Seguridad Social tres millones de trabajadores, sino que en igual número se han sumado a la nómina de perceptores del seguro de desempleo. En otras palabras, ha sido inevitable que ya se haya empezado a hablar (todavía en voz baja, por ahora) del peligro creciente no sólo de colapso de las prestaciones por desempleo, sino de quiebra del conjunto de la Seguridad Social, especialmente de las pensiones.
Esto significa también que, a no tardar mucho, empezarán a aparecer noticias de ésas que al principio son globos sonda lanzados por el Gobierno para ver cómo son recibidas por la opinión pública, y también para empezar a ir acostumbrando a la gente a la llegada de las vacas flacas de verdad. ¿Qué noticias? Por ejemplo, sobre "reuniones de expertos para la revisión de los pactos de Toledo en vista de la evolución de la coyuntura", lo que, traducido al castellano, quiere decir que técnicos de los dos grandes partidos estudian cómo alargar la edad de jubilación, cómo modificar el cómputo de las pensiones a percibir para que disminuya el monto total de las prestaciones, y demás medidas que aminoren el golpe, pues es imposible que cuadren los números si cada vez menos, y cada vez más pobres, han de hacerse cargo de cada vez más.
Esos nuevos pactos, además, tendrán otra finalidad muy principal, que será la de silenciar todo lo posible, y hurtar del debate público, todo lo relacionado con este asunto, como si callarse de común acuerdo, muchas veces con la complicidad de los medios de comunicación amigos (entiéndase, amigos de los políticos, que no del público), mejorase la penuria de las víctimas principales de la crisis, que son los parados y los jubilados, es decir, los que más necesidad tienen de estas ayudas.
Mientras tanto, aparece también, esta vez cifrada en más de 60.000 millones de euros, la exigencia de los bancos de inyecciones de dinero para que el crédito pueda volver a funcionar. Llega la hora de comprobar en nuestras vidas cotidianas la consecuencia de haber vivido estos últimos años por encima de nuestras posibilidades, y de haber confiado la responsabilidad de gobernar al que basó su campaña electoral en eslóganes como éste, que, recordado hoy, es literalmente sangrante: "Motivos para creer. Por el pleno empleo. Vota PSOE", aderezado con la correspondiente fotografía de la sonrisa líquida de José Luis Rodríguez Zapatero, que ahora prosigue su brillante carrera de profeta anunciando que en el segundo semestre se producirá la inflexión de la curva de aumento del desempleo. A la vista de las últimas experiencias, no cabe descartar que todavía haya quien se lo crea.
Mayor Oreja
La otra noticia relevante de la semana ha sido la designación de Jaime Mayor Oreja como cabeza de lista del Partido Popular para las elecciones europeas del próximo 7 de junio. Como es bien sabido, la relación política entre Mayor y Mariano Rajoy no puede merecer el calificativo de fluida: sus discrepancias en torno a cuestiones de fondo es conocida, y por eso todas las primeras interpretaciones de esta decisión del presidente del PP se orientaron hacia las encuestas que revelan que el Partido Popular, a pesar del brusco descenso de la confianza de los españoles hacia Zapatero, no acaba de despegar, y menos aún de ponerse por delante en la intención de voto.
Rajoy ha desmentido formalmente que ésta haya sido la causa de su decisión, pero eso y nada viene a ser lo mismo, pues tampoco ha ofrecido otra explicación mínimamente convincente, sino que se ha limitado a decir que Jaime Mayor era el mejor candidato de todos los posibles. Eso, efectivamente, es cierto, pero lo que interesa saber es por qué a Rajoy le parece que eso es así; y a falta de información, es legítima la conjetura. Y lo más probable es que, al designar a Mayor como cabeza del cartel, Rajoy trate de contentar a un sector de su propio electorado cada vez más escéptico y, sobre todo, cada vez más irritado con la pertinaz actitud del presidente del PP de ponerse de perfil en asuntos básicos de moral pública y defensa de libertades fundamentales, como el aborto, la llamada ideología de género y demás experimentos de ingeniería social de corte cada vez más nazi que ha emprendido el Gobierno socialista.
Cerrojazo
A este respecto, el Congreso ha dado el cerrojazo a la subcomisión parlamentaria que convocó a distintas personas, a puerta cerrada, para formarse criterio sobre una posible reforma de la legislación en materia de aborto provocado. Tras episodios bochornosos de ataques gratuitos, insultos impunes y ausencia absoluta de razonamiento contra los comparecientes que presentaban la realidad del aborto en España, finalmente se ha decidido dar por liquidada la pantomima.
Lo previsible, según la mayoría de observadores, es que se acometa una legislación de plazos, en los cuales nadie haya de dar explicaciones de los abortos que se practiquen, eliminando así toda posibilidad de intervención judicial. Lo único que ocurre con una legislación así es que, con toda seguridad, es contraria a la Constitución y a la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Pero todos parecen dar por sentado que eso no será obstáculo, dada la escandalosa versatilidad de esta institución, que, por cierto, sigue con el estatuto de Cataluña empantanado.