El último dato de empleo de la Encuesta de Población Activa (EPA), que señala el más alto número de parados de nuestra historia en términos absolutos, y uno de los más altos índices de crecimiento del desempleo en términos porcentuales, ha constituido un estacazo de realidad sobre la ola de contaminación propagandística que venimos padeciendo desde que todos, menos el Gobierno, predijeron una crisis económica con muy pocos precedentes, y éste, con Rodríguez Zapatero a la cabeza, se obstinaron primero en negarla, y después en anunciar repetidamente que ya estamos saliendo de ella.
Más de cuatro millones de parados es justo la cifra que Pedro Solbes, entonces vicepresidente económico, afirmó expresa y tajantemente que "en ningún caso" se alcanzaría en 2009. Pues bien, se ha alcanzado no a finales del año, sino en el primer trimestre. Hay que agradecer a la tropa intoxicadora de la opinión pública que, al menos esta vez, haya tenido la decencia de no tratar de confundir diciendo algo así como que una cosa son las estimaciones de la EPA y otra la cuenta de los inscritos en el INEM, por ejemplo, o cualquier otra milonga encaminada a hacer creer al respetable (y cada vez menos respetado) público que, en realidad, todo el mundo nos tiene envidia por lo bien que nos van las cosas.
El dato de la EPA, inapelablemente negativo e inquietante, debería decidir de una vez a los políticos y los representantes de empleadores y empleados -eso que pomposamente llaman líderes sociales- a establecer un plan de actuación coordinado, de acuerdo con criterios realistas, para hacer frente al enorme infortunio económico que aflige a la nación, y cuyas consecuencias sociales, familiares y personales no tardarán en manifestarse, quiera Dios que no de forma irreversible y muy violenta.
Pero no se ven, al menos de momento, síntomas de que algo así vaya a ocurrir. El Gobierno parece creerse por sí solo capaz de superar la crisis con el protagonismo de la iniciativa pública, ejercido, claro está, con el dinero de los contribuyentes; un dinero que, al serles sustraído, reducirá su capacidad de animar por sí mismos la actividad económica y, en consecuencia, su capacidad contributiva. Parece que, como bajar los impuestos para favorecer la actividad económica, y extremar la austeridad en el gasto público para no cargar a las generaciones posteriores con una deuda asfixiante, es una sugerencia que viene del Partido Popular, el Gobierno no puede asumir este comportamiento al provenir de "la derecha". Y así es como el ciego sectarismo ideológico impide, al menos por ahora, cualquier posibilidad de introducir algo de sentido común para hacer frente a la crisis.
Es, como suele decirse, todo un clásico el recurso al discurso moral o sentimental para que los ciudadanos se sientan gustosos por estar oprimidos por el poder político en nombre de grandes palabras, como por ejemplo la solidaridad. Los Gobiernos suelen tratar de convencer al contribuyente de que por pagar los impuestos es moralmente mejor, cuando en realidad los impuestos, al no ser voluntarios (como su propio nombre indica), son ajenos a toda calificación moral, sólo aplicable a los actos voluntarios; y la solidaridad, a su vez, sólo merece este nombre cuando es voluntaria.
Rodríguez Zapatero fue esta semana todo un ejemplo de libro de este tipo de contaminación propagandística -compuesta a partes iguales de ingredientes hipócritas y cursis- en la reunión que tuvo con sus correligionarios socialistas, cuando les dijo que necesita su apoyo y también "su cariño". En realidad lo que necesita, como es bien sabido, es su voto y su dinero; pero dicho del otro modo consiguió unos cuantos aplausos, mientras que probablemente habría obtenido un resultado muy distinto si hubiera dicho las cosas como son.
Bilateralidad
De la reunión del vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Administraciones Públicas, Manuel Chaves, con José Montilla, presidente de la Generalidad de Cataluña, ha salido el acuerdo de consagrar la negociación bilateral entre las autoridades autonómicas y el Gobierno para la financiación catalana. Éste es uno de los puntos más controvertidos del Estatuto de autonomía de Cataluña que duerme en algún cajón del Tribunal Constitucional pendiente de sentencia, porque es difícil concebir un mecanismo de financiación que ignore de forma más agresiva el famoso principio de solidaridad interterritorial.
Casi al mismo tiempo se ha anunciado una próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el que se ocupa de todo lo relativo a la financiación autonómica. En principio cabe prever que será una reunión tormentosa, porque es imposible que salgan las cuentas si el dinero que recibe cada Comunidad supera la media. Eso lo entiende cualquiera, hasta Chaves. Sin embargo, no cabe descartar que los reunidos hagan sus cálculos y concluyan que, a la vista de cómo se las gasta este Gobierno con las Comunidades autónomas regidas por políticos díscolos, siempre será mejor recibir algo que correr la suerte que Madrid corrió durante cinco años con Magdalena Álvarez. La política tiene estas cosas.
Posdata
Mientras todo esto sucede, el Gobierno va trampeando como puede, en vista de su incapacidad para discurrir algo coherente frente a la crisis, y va desgranando ocurrencias a cual más sorprendente. La última ha sido el anuncio de la vicepresidente Fernández de la Vega, en la Conferencia de Mujeres Emprendedoras de El Cairo, de inventarse un título para las amas de casa que sin ninguna formación específica se ocupen de personas dependientes; de esta forma, ha dicho, al disponer de un título tendrán más posibilidades de obtener un empleo en el mercado laboral. Espléndido.