El Partido Popular, una vez más, ha mantenido posturas responsables en materia de Financiación Autonómica con respecto a Canarias. Y es que como portavoz del Partido Popular en el Cabildo de Tenerife tuve la oportunidad de propiciar conjuntamente con Coalición Canaria una moción sobre este asunto pendiente e importante de las Islas. Todo dentro de una sana intención de aclarar e instar a resolver los matices que han generado esa deuda para que el Estado tenga datos objetivos sobre la misma y proceda a cumplir con Canarias. Los tres puntos que solicitábamos eran bastantes claros, responsables y políticamente nada sectarios.

En primer lugar, solicitábamos que el Cabildo de Tenerife instara al Gobierno del Estado a afrontar el pago de la deuda estatal acumulada con Canarias, que en los últimos ejercicios presupuestario alcanza casi los 6.500 millones de euros. En segundo lugar, que el Cabildo de Tenerife instara al Gobierno de Canarias a seguir solicitando el reconocimiento de la deuda sanitaria que corresponde a Canarias y el pago de la misma en el ejercicio presupuestario del año 2009. Y en tercer y último lugar, que el Cabildo Insular de Tenerife inste al Gobierno de la Nación y a la nueva ministra de Sanidad a que compruebe las necesidades y demandas que se cubrirían con esos 1.200 millones de euros y asuma el reconocimiento de esa deuda. Quizás lo de menos es la cifra, que es la que entre todos pactaremos, pero debemos de garantizar que todos estos puntos sean los temas a tratar en esa negociación objetiva.

Tres puntos que creemos necesarios y en los que vamos a seguir insistiendo. Debo, además, reconocer que, una vez más, es el Partido Popular el que asume la responsabilidad y la coherencia de dejar este asunto pendiente hasta el pleno del mes de mayo, ya que hemos sabido que el presidente del Gobierno del Estado, José Luís Rodríguez Zapatero, y el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se reunirán el 30 de abril de 2009.

Estaremos vigilantes y expectantes a esa reunión porque de ella sacaremos muchas conclusiones políticas de cara al futuro inmediato.

La primera de esas conclusiones es saber si el Estado afrontará el déficit pendiente por menor inversión estatal en Canarias que en el resto de comunidades autónomas. Es absolutamente imprescindible que el actual Gobierno de la nación cambie su discurso con Canarias y sea responsable.

También se hace imprescindible que el Partido Socialista Canario, cambie el discurso y arrime el hombro sobre el actual Gobierno de Canarias, tal y como pasa en otras comunidades autónomas, donde la oposición participa directamente en el reconocimiento de la deuda estatal pendiente con el Estado. Aquí, en Canarias, lo que hasta ahora hemos tenido es un PSOE negando la mayor, y eso no podía seguir pasando ante la clara evidencia.

Por eso, felicito al Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife. Por su actitud ante lo que es una realidad que no podemos olvidar, pero que sobretodo, no podemos politizar. En definitiva, nos felicitamos por anteponer la responsabilidad política a cualquiera de las ideologías.

Y es que no sólo es menor inversión estatal. También hemos tenido menor financiación per cápita respecto al resto de comunidades autónomas. Algo que entre todos debemos corregir y que el Estado tiene que afrontar. Tiene y debe, porque actualmente se hace necesario en estos dramáticos momentos de crisis y paro.

Y por último, la deuda sanitaria. Como todos sabemos, la sanidad pública constituye un pilar fundamental en lo que hemos venido a denominar Estado del Bienestar ya que de ella depende el normal desarrollo de la población y la mejora considerable de la calidad de vida de la ciudadanía en general.

Partiendo de esta premisa, cualquier desequilibrio en la financiación por parte sistema nacional de salud con cualquiera de los territorios que integran el Estado constituye no sólo un ejemplo de ineficacia en materia presupuestaria, sino un ejercicio de insolidaridad manifiesta para con la ciudadanía, en tanto en cuanto crea marcadas diferencias en el acceso y los recursos de la sanidad públicos ligándolos al territorio.

Canarias, por desgracia, es un ejemplo plausible de la ineficacia y la insolidaridad puesta en práctica por el Gobierno Central, al tener vigente una deuda cifrada en 1.200 millones de euros. Deuda que espero que acepten desde el Gobierno Central y se afronte el pago.

En relación a este último, la financiación del sistema sanitario, el Gobierno de Canarias ha solicitado en numerosas ocasiones un aumento de la financiación sanitaria en base a varias premisas: incremento de la población, coste de la insularidad, de la doble insularidad, y coste derivado de la asistencia que se presta desde Canarias a pacientes desplazados, a la población turística e inmigrantes.

No obstante, y pese a este marco nada propicio, el Gobierno de Canarias, con la colaboración de todas las fuerzas políticas, ha puesto en marcha una ambiciosa reforma que cristalizará en la nueva Ley de Ordenación Sanitaria en Canarias. Ley que afrontará el necesario cambio en materia sanitaria que necesita el Archipiélago para mejorar la prestación de un servicio tan indispensable a la ciudadanía.

La realidad es que nuestro sistema sanitario público necesita de esa inyección estatal de financiación para abordar el cambio sanitario que procederemos a llevar a cabo con la nueva Ley de Ordenación Sanitaria en Canarias, paliando así los déficit que aún existen en materia de infraestructuras sanitarias.

La apuesta del Gobierno de Canarias y de todos los partidos políticos es clara: mejorar nuestros servicios a diario. Y esa apuesta debe incluir una postura de apoyo financiero por parte del Estado, gobierne quien gobierne en Madrid, para afrontar el reto de dar a cada canario, se encuentre en la isla que se encuentre, un servicio sanitario rápido, eficiente y seguro.

Es por ello que ahora más que nunca, se hace necesario el reconocimiento de la deuda por parte del Ministerio de Sanidad y su posterior liquidación para, de una manera más certera, podamos acometer una reforma del modelo sanitario en Canarias con las máximas garantías a todos los niveles.

El actual modelo de financiación sanitaria ha manifestado varios problemas. Por un lado, la falta de adecuación de la distribución territorial de los recursos que aporta el sistema estatal vía Fondo General del Bloque de Asistencia Sanitaria a la población protegida de cada comunidad autónoma y de cada ejercicio.

La distribución territorial en estos momentos sigue respondiendo a la estructura poblacional del año 1999. Como es sabido el crecimiento poblacional en España ha sido desigual entre comunidades autónomas y Canarias es una de las comunidades en las que más ha crecido la población.

En 1999, según el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 2001, por el que se aprueba el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común, la población protegida de Canarias era de 1.588.391, mientras que en 2009 ya estamos en 2,2 millones de habitantes.

Por todo lo anterior, quiero reiterar que, una vez más, la responsabilidad de todos los partidos en este asunto vital, anunciando que el Partido Popular vuelve y volverá a ser responsable en esta. Volvemos a dejar encima de la mesa, por última vez, este asunto si de esa reunión entre Zapatero y Rivero empiezan a cuadrar las matemáticas en Canarias. Es muy difícil gobernar con 6.000 millones (similar) de euros menos.

Pero, desde luego, lo que nunca haremos es lo que se hace desde otras comunidades autónomas. Lo de Cataluña con Montilla y su irresponsabilidad en querer mantener relaciones bilaterales con el Estado, olvidándose de las otras 16 comunidades autónomas, es de irresponsables en estos momentos de 17,3% de paro y más 4.000.000 de personas buscando soluciones.

En Canarias siempre hemos sido solidarios con el resto de territorios y lo seguiremos siendo. Todos los partidos buscaremos argumentos estables que sirvan de modelo objetivo de deuda estatal con Canarias. Y lo haremos para que nadie pueda decir que la misma, no existe.

* Senador Popular por la isla de Tenerife, Vicepresidente del Cabildo de Tenerife y Consejero de Sanidad y Universidad del Cabildo de Tenerife

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