EL PRÓXIMO 7 de junio tendrán lugar en España las elecciones para la séptima legislatura de elección directa del Parlamento Europeo. En los otros países de la Unión las elecciones tendrán lugar en esa misma fecha o en el jueves anterior. A diferencia de algunos parlamentos nacionales, como el español, el Parlamento Europeo no se disuelve. El mandato de los parlamentarios que resulten elegidos en 2004 termina el 13 de julio próximo, es decir, el día antes de que ocupen sus escaños los parlamentarios elegidos en el próximo mes de junio. Sin embargo, la última actividad prevista para el actual Parlamento tendrá lugar el 7 de mayo, un mes antes de las elecciones, para hacer posible que los parlamentarios participen en la campaña electoral. Entre esa fecha y el 13 de julio no hay prevista ninguna actividad, salvo que se plantee alguna urgencia que justifique una convocatoria extraordinaria de alguno de los órganos del Parlamento.

La primera elección directa al Parlamento Europeo tuvo lugar en 1979. Desde entonces hasta ahora los ciudadanos de los países miembros de las Comunidades Europeas, en un principio, y de la Unión Europea, con posterioridad, han elegido cinco parlamentos más, con periodicidad quinquenal. El autor de estas líneas ha sido miembro de los cinco parlamentos elegidos a partir de 1984 y mantuvo una relación especial a partir de 1982 con el Parlamento elegido en 1979 como presidente de la Comisión Mixta Cortes Generales-Parlamento Europeo. Así, durante 27 años, el Parlamento Europeo ha sido el centro de mi actividad política.

Durante los treinta años de vida del Parlamento de elección directa, la institución ha evolucionado de forma positiva. A comienzos de los años ochenta, el Parlamento Europeo sólo tenía dos competencias: la aprobación de una eventual censura contra la Comisión, facultad que no utilizó entonces, y la posibilidad de introducir modificaciones en el presupuesto de acuerdo con el Consejo.

Desde entonces, el Parlamento ha ido reforzando sus poderes, principalmente a consecuencia de modificaciones de los distintos tratados de integración, pero también tras un forcejeo con las otras dos instituciones, el Consejo y la Comisión, incluyendo recursos ante el Tribunal de Justicia.

El Acta Única de 1987 introdujo el procedimiento de cooperación legislativa, que daba por primera vez al Parlamento la facultad de enmendar textos legislativos presentados por la Comisión para su aprobación por el Consejo. Por aquellos años, además, el Tribunal de Justicia estableció el principio de que el presupuesto de la Unión sólo podía ser aprobado conjuntamente por el Parlamento y el Consejo.

Durante la década de los noventa, dos nuevos Tratados relativos a la Unión Europea, el de Maastricht, de 1992, y el de Ámsterdam, de 1997, reforzaron los poderes legislativos y de control del Parlamento, que se vieron de nuevo aumentados por el Tratado de Niza de 2002.

La sexta legislatura de elección directa, que se inició en junio de 2004, empezó con grandes expectativas con respecto al desarrollo de la Unión tras la firma por los Estados miembros del proyecto del tratado de Constitución Europea. Tras un inicio prometedor con el triunfo abrumador del sí en el referéndum español, que sería igualmente confirmado algo más tarde en Luxemburgo, el proyecto de Tratado constitucional fue rechazado en referéndum en Francia y los Países Bajos. Esto llevó a su sustitución por el actual Tratado de Lisboa, que hasta ahora no ha entrado en vigor por el triunfo del no en el referéndum irlandés, aunque se espera su definitiva aprobación por Irlanda en el próximo mes de octubre para su entrada en vigor en el año 2010.

A pesar del retraso en la aprobación del nuevo Tratado, que reforzará considerablemente los poderes del Parlamento, los parlamentarios europeos no han perdido ocasión en la legislatura 2004-2009 para consolidar su poder. Así, ya en 2004, el Parlamento bloqueó el nombramiento de dos comisarios, lo que forzó al presidente de la Comisión, José Manuel Durâo Barroso, a pedir a los gobiernos respectivos que sustituyan en sus propuestas a los comisarios impugnados por el Parlamento por otros dos que fueron aceptados finalmente por los diputados.

Otro éxito del Parlamento fue la imposición a la Comisión de la retirada de la propuesta de directiva "Bolkestein" sobre la libre prestación de servicios. La Comisión se vio obligada a presentar una nueva Directiva en los términos que proponía el Parlamento, más respetuosa con los derechos de los trabajadores y con el ambiente.

Todavía al final de la legislatura, el Parlamento tendrá que negociar con el Consejo una serie de propuestas legislativas en ámbitos tan diversos como la propiedad intelectual, la prestación de servicios sanitarios transfronterizos, las telecomunicaciones o la duración del tiempo de trabajo máximo semanal. La legislatura 2004-2009 se acerca a su fin con muchos frentes abiertos que los parlamentarios actuales trataremos de cerrar en el último pleno de Estrasburgo, previsto para la primera semana de mayo.

A diferencia de las Cortes españolas, los textos en tramitación al final de una legislatura son transferidos al próximo Parlamento sin necesidad de iniciar de nuevo el procedimiento normativo. El nuevo Parlamento se encontrará, así, con una carga considerable de trabajo desde el comienzo de su actividad, a pesar del esfuerzo que los parlamentarios elegidos en 2004 estamos haciendo para limpiar nuestros despachos y terminar los procedimientos legislativos en marcha.

* Diputado al Parlamento Europeo, PSOE