El otro día, escuchando una tertulia en la radio, oí hablar de los niños y jóvenes desaparecidos en Canarias. Los periodistas hablaban de la decisión del Parlamento de Canarias de crear una comisión especial para debatir estos casos y las medidas que deben adoptarse. De alguna manera, las dos posiciones que sostenían los periodistas que estaban intercambiando opiniones me llegaron al ánimo. Por una parte, la posición de respetar el trabajo y la cualificación de los profesionales que sin duda alguna están poniendo todo su empeño en descubrir el paradero de los niños desaparecidos. Por otra, la amarga queja, de otro de los periodistas, de que sigamos aún sin ninguna noticia de estos casos, la duda de que se estén dedicando todos los recursos necesarios y la certeza de la angustia y la desesperación que deben estar pasando las familias afectadas.

En el Parlamento central y en los autonómicos se han creado muchas comisiones especiales de investigación para diferentes asuntos -desde casos de espionaje a atentados terroristas, como el del 11-M, pasando por el hundimiento de barcos, como el "Prestige" u obras polémicas-, así que no se trata de una iniciativa pionera. Que esta comisión haya sido inicialmente contestada y rechazada su creación en Canarias debe llevarnos a una profunda reflexión. Porque los argumentos que se esgrimen son sencillamente insostenibles. ¿Cuáles son tales argumentos? A saber: que no va a servir para nada; que el Parlamento no es el sitio para discutir estos asuntos, y que hay que dejar trabajar sin injerencias a los responsables de la Policía.

fácil contestar a los tres argumentos. Por poco que sirva la Comisión, de entrada va a resultar de utilidad para que los medios de comunicación y los políticos sigamos hablando de los niños y jóvenes desaparecidos. Si existe algún lugar en donde la soberanía del pueblo puede abordar los asuntos que preocupan a la ciudadanía, ese es precisamente el Parlamento (y ese es un argumento que han utilizado todos los partidos políticos, y repito que todos, para solicitar y obtener la creación de similares comisiones). Y por último, que el Parlamento se preocupe por saber cómo se trata el caso de niños desaparecidos, qué medios se han dispuesto para estos asuntos y qué protocolos de actuación se siguen, entre otras materias, no suponen ninguna injerencia en el trabajo que realiza la Policía en las tareas de búsqueda. Al menos, no será una injerencia negativa, porque a la luz de la realidad en algunos casos, donde ya han pasado más de tres años sin que se tenga ningún resultado, esos trabajos sólo han cosechado un sonoro fracaso.

No puedo evitar que una serie de sentimientos encontrados me invada, desde la indignación a la desesperanza, cuando leo en los medios de comunicación la repercusión que han tenido otros casos. El más reciente es el desgraciado y terrible asesinato de la joven sevillana, Marta Castillo, cuyo asesino, afortunadamente, está en manos de la Justicia. Para la búsqueda del cadáver de esta joven -según puede leerse en los medios de comunicación que han dedicado al caso toda la atención informativa- se han utilizado más de trescientos especialistas, entre agentes de Policía, guardias civiles, buzos y otros expertos. Se ha peinado un tramo del río Guadalquivir con docenas de embarcaciones. Se ha buscado en las márgenes del río con perros especializados en la localización de cadáveres traídos especialmente de Holanda. Y se ha removido, con decenas de personas y maquinaria, un vertedero en el que hoy en día siguen las tareas de búsqueda. Nadie podrá negar que en la búsqueda del cuerpo de esa pobre joven asesinada se han invertido todos los recursos necesarios y se han gastado centenares de miles de euros para que la familia, como se merece, pueda recuperar los restos mortales de su hija.

¿Podemos decir lo mismo en Canarias? ¿Se ha dedicado aquí a los casos de nuestros niños y jóvenes desaparecidos la misma atención mediática? ¿Se ha realizado un despliegue de medios de estas características durante tanto tiempo? Salvo que uno quiera engañarse tragando ruedas de molino, la respuesta es muy clara. No. Los casos de jóvenes asesinadas, como Fernanda Fabiola, de 15 años, en Tenerife, y de Yasmila Arrocha, en Lanzarote, y los de los niños desaparecidos Yeremi Vargas en marzo del 2007, y Sara Morales, en agosto del 2006, casos a los que hay que añadir la reciente desaparición de una joven tinerfeña, Isabel Canino, de los que aún hoy seguimos sin tener noticia alguna, hacen necesario que se encienda una luz de alarma en nuestra sociedad. Porque tenemos que proteger a los más desprotegidos. Porque tenemos el imperativo moral y el deber político de saber cuántos medios se están dedicando en las primeras y trascendentales horas de estos casos a la búsqueda de los niños desaparecidos. Y cuántos esfuerzos se han seguido utilizando después. Y también, para que nadie piense que los políticos y la administración se queda a salvo del naufragio y de la crítica, porque tenemos que prestar una mayor atención a las políticas de prevención, a la educación de los menores y al aumento de la seguridad.

Se dice que los éxitos son siempre de muchos, pero que los fracasos no tienen padres. Nadie quiere asumir las responsabilidades de un fracaso. En el caso de los niños que han desaparecido en Canarias, el resultado de los esfuerzos que se hayan realizado para encontrarlos, pocos o muchos, a la vista está, ha sido un evidente fracaso. Es posible, y a priori no lo pongo en duda, que se hayan dedicado todos los recursos posibles a su búsqueda. Eso no lo sé, aunque quiero saberlo. Lo que sí me consta, sin duda alguna, en mi percepción como ciudadano es que ni la atención mediática ni el esfuerzo de búsqueda ha tenido la misma repercusión, la misma difusión y la misma trascendencia que aún hoy puedo ver en la búsqueda del cadáver de la joven sevillana.

Quienes piensen que con la creación de la comisión parlamentaria se trata de criticar la labor de la Policía pinchan en hueso. Como profesionales y en muchos casos como padres y madres, habrán entregado todo su esfuerzo en el trabajo de encontrar a los niños desaparecidos. No son ellos los que asignan recursos y medios materiales. No son ellos los que deciden cuántas profesionales se dedican a estas tareas. No son ellos los que deciden qué presupuesto se dedica a la prevención de estos asuntos, al seguimiento de potenciales delincuentes que constituyan un peligro para los niños.

Tener la representación del pueblo de Canarias y no preocuparse de estos casos que comienzan a ser preocupantes en unas Islas por cuyas fronteras entran, con escaso control, cientos de miles de personas al año, es una irresponsabilidad. No alarmarse ante los asesinatos de chicas jóvenes, con culpables que suelen estar en el entorno de su vida familiar o afectiva, supone una falta de sensibilidad imperdonable. No cuestionarse cómo en unas islas -territorio limitado y pequeño- puedan desaparecer niños y personas sin que se consiga encontrarlos, es lisa y llanamente impensable. Algo tendremos que hacer para educar y prevenir. Y algo tendremos que hacer para que los niños de Canarias estén más seguros y para que sus padres sí estén completamente seguros de que todos los medios y todos los recursos de la Administración que ellos pagan con sus impuestos se van a poner a su servicio para prevenir, cuidar y perseguir.

Escuchando a los periodistas debatir sobre el asunto de los niños desaparecidos sentí, además, otra desazón interior. Porque escuché discutir y discrepar entre dos personas que mantenían razonamientos apasionados y distintos pero en los que notaba una misma preocupación y un mismo interés, además de respeto. Sentí envidia de que eso sí que ya, en política y en Canarias, por mucho que se busque, no se va a poder encontrar.

* Alcalde de Santa Cruz de Tenerife y diputado en el Parlamento de Canarias