AHORA, la corrupción general, que se contagia cual gripe porcina, se traslada a Lanzarote, con ramificaciones en Gran Canaria. Han sido imputadas, hasta ahora, once personas, entre funcionarios públicos, políticos, empresarios y los actuantes como intermediarios, en la llamada "Operación Unión". Entre los supuestos corruptos están el ex presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y fundador del PIL (Partido Independiente de Lanzarote), don Dimas Martín, quien se halla actualmente en la cárcel de Tahíche cumpliendo una condena por otro delito también de corrupción. Por cierto -y no sé si será el único caso en que van a detener a una persona en una prisión y cumpliendo sentencia-: ¿cómo se le detiene y a dónde se le conduce cuando ya está en la trena?

También han sido arrestados la hija de don Dimas, doña María Elena Martín, que ocupa el cargo de jefa del Servicio de Contratación en el Ayuntamiento de Arrecife; el teniente de alcalde y concejal del Plan General de Ordenación (PGO), don Ubaldo Becerra; el concejal de Hacienda y Urbanismo del mismo ayuntamiento, don José Miguel Rodríguez, y el jefe de la Oficina Técnica Municipal, don Juan Rafael Arrocha, que pertenece al PSOE. Los otros concejales implicados son militantes del PIL, partido que lidera, repito, Dimas Martín. Otro detenido como presunto miembro de la trama es el ex alcalde de Tinajo, don Segundo Rodríguez, perteneciente al PSOE. Pero la Guardia Civil detuvo asimismo en esta ocasión a otras cinco personas de identidad no confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. De ellos se sabe que dos son empresarios, uno de ellos, de Gran Canaria, y tres intermediarios.

A todos se les acusa de formar parte de una trama de corrupción municipal y urbanística, dirigida, se supone, por varios militantes del PIL que se dedicaba a cobrar comisiones ilegales a empresarios cuyos intereses económicos dependen, en cierto modo, de decisiones administrativas de cargos y ex cargos públicos, según informó la Guardia Civil. Se les va a juzgar por posibles delitos contra la Administración Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.

No se ha informado sobre lo que esta partida de ladrones camuflados en los cargos oficiales se ha mamado ni del tiempo que hace desde que iniciaron estos tejemanejes gansteriles. Pero muchos euros, puede que millones, deben de ser los que se han embolsado en las fraudulentas operaciones que han llevado a cabo en todos estos años. Como sigan proliferando estas tramas corruptas, habrá que ampliar las actuales cárceles o llevar a efecto un plan de construcción de nuevas prisiones. Pero pronto, porque, posiblemente haya más tramas corruptas en la lista de espera.