UNA VEZ MÁS la denominación de ciertos acontecimientos con nombres de animales les está haciendo daño a estos inocentes "seres vivos", particularmente en el caso del salmón, cuyo proyecto de cultivo agua salada-agua dulce esperamos no se vea perjudicado.
Pasando a un tema mucho más serio, se ha hecho un gravísimo daño a la democracia con lo ocurrido en Canarias respecto al denominado e inconsistente e inexistente "caso salmón".
En un Estado de derecho, uno de los preceptos que priman para todos sus ciudadanos es la presunción de inocencia. Pero esa premisa parece no estar clara para algunos miembros del PSOE y para el señor López Aguilar, un político que, sin embargo, es catedrático de Derecho y ex ministro de Justicia. El señor López Aguilar, siguiendo con sus formas histriónicas y querulantes, ha condenado sin ningún dato serio y contrastado, sin pruebas, al señor José Manuel Soria, y lo ha juzgado de forma mezquina y sibilina, valiéndose de forma vergonzante de algo tan grave como es un juicio paralelo con la ayuda de ciertos medios de comunicación, con intereses que quedan más acá de su fundamental misión, que es el servicio público, búsqueda de la verdad para informar de forma veraz y dando voz a todos.
Por cierto que se le ha sumado, incomprensiblemente, el portavoz del PSC-PSOE, abogado, a sus modos.
Frente a esta actitud reprobable, el Partido Popular siempre ha defendido los poderes del Estado. Pero ante situaciones como la vivida por el PP de Canarias nos parece de justicia proclamar que el silencio no es rentable, ni tiene que ver con la prudencia; no podemos quedarnos callados ante semejante tropelía; no nos podemos quedar callados ante abusos como éste ni ante las utilizaciones incorrectas de los servicios de algún policía por parte de cierto miembro del PSC-PSOE, como si de un servicio privado y personal se tratara, el prestado por estos servidores públicos.
Como hemos sostenido y defendido en numerosas ocasiones y en distintos ámbitos, nosotros creemos en la honradez y profesionalidad de la Policía y de la Guardia Civil, y en la independencia y gran vocación de la judicatura de nuestro país, pero reconocemos que hay algún policía y algún juez que no merecen ese adjetivo, y esto hay que decirlo sin ningún paliativo.
No permitiremos que nadie pueda afirmar que nosotros ponemos en tela de juicio ninguno de los poderes del Estado. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos.
Pero eso no es todo. En otro orden de cosas, nos preguntamos cómo vamos a tener en consideración a un miembro de la judicatura como es el señor Garzón, que pierde el tiempo de forma absurda en pedir el certificado de defunción de Franco, como si en este país un juez no tuviera asuntos serios en los que invertir el tiempo de su trabajo, que pagamos los españoles con nuestros impuestos.
Algunos miembros del PSOE no respetan a la Policía, como se ha demostrado en diversas ocasiones a lo largo de los últimos años. Acusan a miembros del PP de manera encarnizada como sin en ello les fuera el poder, sin querer hablar de cosas anteriores que nos llevarían a recordar que un ministro de ese partido estuvo en la cárcel y que un secretario de Estado para la Seguridad también estuvo en la cárcel por delitos gravísimos contra un Estado democrático y de derecho como es España.
Vaya por delante que nosotros queremos hablar de futuro, pero algunos socialistas nos obligan por sus actitudes continuadamente a recordar algunas de las páginas más negras de la reciente democracia española.
Quienes hoy no respetan a la justicia son algunos miembros del PSOE, con ministras como Carme Chacón (ha perdido más tiempo en rectificar un nombre en catalán que en tomar medidas serias en la milicia), que se atreve a acusar a Federico Trillo en el Parlamento español, ex ministro de Defensa del Gobierno de Aznar, incluso tras haber sido exculpado en el procedimiento judicial de cualquier culpa y relación con lo ocurrido con el Yak 46. Pero algunos ministros del Gobierno socialista actual están por encima de las decisiones judiciales y la ministra Chacón se atreve a declarar no sólo que Trillo es culpable sino a cuestionar cómo sigue sentado en el Parlamento. Y eso después de haber una sentencia firme; esta reacción puede deberse a que algunos no respetan los dictámenes de la justicia.
Más aún, el Sr. Rubalcaba se expresó hace pocos días en el Congreso de los Diputados de manera contundente e insultante hacia el PP canario, sin plantearse siquiera que ostentando el cargo de ministro del Interior debe manifestarse con respeto hacia todos los españoles, estén o no en la oposición política, y que es esencial que un político que está en el Ejecutivo debe ser el primero en respetar la ley y los procedimientos judiciales. Ambos, la Sra. Chacón y el Sr. Rubalcaba, están haciendo un flaco favor al Estado de derecho, que deberían estar defendiendo con otro tipo de actitudes y declaraciones.
Los ciudadanos tendríamos que preguntarle al Gobierno del señor Rodríguez Zapatero qué ocurrió realmente con el accidente del helicóptero en Afganistán, ahora que hay datos que revelan que supuestamente no se cayó, como han venido sosteniendo los miembros del Gobierno central. Nos preguntamos quién le pide cuentas al presidente Rodríguez Zapatero de ese grave hecho que no les interesa reavivar y quién les da explicaciones de lo ocurrido a las víctimas y a sus familiares.
Con sus actitudes, ciertos miembros del PSOE muestran que no tienen gallardía pidiendo la reprobación de José Manuel Soria; también muestran no tenerla cuando se empeñan en no pedir disculpas aun después de saberse que el vicepresidente del Gobierno de Canarias ni siquiera ha resultado ser imputado por ninguna irregularidad que ciertos socialistas se empeñan en inventar.
Ante esta actitud irrespetuosa con la justicia, quien debería dimitir por el bien de la democracia es Juan Fernando López Aguilar. Al candidato socialista a las elecciones europeas parece retumbarle en la cabeza el apellido Soria, Soria, Soria?
También nos preguntamos quién pide la dimisión del socialista canario Santiago Pérez. A este miembro del PSC-PSOE no le bastó con pedir la dimisión de Soria, sino que incurrió en el hecho gravísimo de llamarlo mafioso, rompiendo todas las reglas tácitas del comportamiento democrático. Por cierto, sus declaraciones después de la sentencia no son propias de un abogado demócrata. Estamos ante otro socialista que tampoco, tras la resolución judicial de archivar el inexistente caso salmón, se excusa como hacen los caballeros, sino que prefiere mirar hacia otro lado ante su tremenda metedura de pata. Así es, el señor Pérez es otro socialista que no tiene la gallardía ni la valentía de pedir disculpas ante las acusaciones tan infundadas como graves que ha vertido sobre José Manuel Soria, presidente del PP de Canarias. Y eso sí que es una infamia.
En política se está de forma voluntaria y con vocación de servicio público. Nunca es un beneficio sino un servicio. No hay que olvidar esto porque, si los motivos fueran otros, entonces la política se convierte en algo diferente, en algo así como lo que quieren algunos socialistas. Si la política es una vocación de servicio público, como estamos convencidos nosotros, situaciones y actitudes como las de algunos socialistas son tan intolerables como merecedoras de una contundente reprobación por indignas y cobardes. Son conductas antidemocráticas, quizás hasta delictivas y sin duda manipuladoras de la opinión pública. Son propias de políticos que se consideran detentadores de un poder desmesurado, olvidando que lo que hacen es por delegación y confianza de la voluntad ciudadana, que sólo da legitimidad, no la razón.
Ante tamañas tropelías y atropellos del PSOE, quienes creemos en la justicia y en el honor de las personas no podemos permanecer en silencio.
* Vicepresidente del Cabildo de Tenerife
* Consejero de Sanidad y Relaciones con la Universidad