Detrás de las frías cifras en las que se concreta un presupuesto se encuentra algo más que la pura matemática. Las cuentas públicas autonómicas, en este caso las de 2010, concentran la estrategia y la acción política de cada Gobierno de cara al siguiente ejercicio. Una estrategia y una acción especialmente importantes en un momento de acusado descenso de los ingresos y en el que se produce un innegable aumento de las necesidades.

Todos los invitados al debate de esta semana, incluido uno de los responsables de las cuentas, el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Gabriel Megías, coincidieron en que el proyecto de presupuesto para 2010 ha sido los más difíciles de elaborar de la historia por la caída de ingresos, por la volatilidad de la recaudación -que puede dar al traste con las previsiones del Gobierno- y por la necesidad de no tocar servicios esencia- les, lo que deja poco margen para todo lo demás y ha obligado a hacer recortes en áreas como Sanidad o Educación.

La peor situación, sin embargo, podría no ser la de 2010. En palabras de Megías, "Dios quiera que se cumplan las previsiones macroeconómicas que tenemos. De lo contrario, los recortes en 2011 deberán ser más severos". Y nadie puede asegurar qué ocurriría en ese caso con los servicios más básicos.

El director del gabinete técnico de Asuntos Económicos de Comisiones Obreras, José Miguel González, tras explicar que entiende que el Gobierno no tenía margen de endeudamiento y que no debía subir los impuestos para no afectar aún más a la actividad económica, defendió la necesidad de haber hecho un mayor esfuerzo recortando exenciones y deducciones fiscales cuya merma para las arcas públicas cifró en 130 millones de euros.

En su opinión, el proyecto gubernamental es "lo mínimo imprescindible para que no se pare la maquinaria pública" y, por lo tanto, no se puede esperar de éste "no ya que revierta la crisis, sino que vaya a contribuir a paliarla en absoluto", dijo al tiempo que recordó que, entre otras cosas, no recoge un plan para crear empleo directo en la comunidad autónoma, tal y como recogía el Pacto por el Empleo.

El diputado socialista Julio Cruz considera que, en la parte de los ingresos, los Presupuestos "se salvan gracias a la aportación del Estado" por la mejora en la financiación autonómica y por su mayor aportación a convenios como el de carreteras o el de obras hidráulicas. También gracias al recurso al endeudamiento, que alcanzará los 3.600 millones de euros y hará que la partida destinada a pagar deudas en 2010 aumente un 150%.

"Los mejores posibles"

En cuanto al gasto, cree que se "afectan considerablemente los servicios públicos", con una merma de 73 millones en Sanidad, de los que casi la mitad hubieran sido inversiones. "En drogodependencias -advirtió- estos recortes supondrán muchos cierres".

En Educación calculó en 34 millones el recorte y añadió que en ambas áreas "se pondrán en la calle a muchos interinos sustitutos". Criticó duramente la pérdida de partidas en Turismo, la principal industria del Archipiélago y que ha perdido a un millón de turistas. "Sin embargo, supone el mayor recorte" junto con el departamento autonómico de Agricultura.

Más optimista se mostró la presidenta insular del PP en Tenerife, Cristina Tavío, para quien estos presupuestos son "los mejores posibles" y no obvió que los recortes serán lo suficientemente importantes como para "poner a prueba la maquinaria de la Comunidad autónoma". Tras explicar que de cada 100 euros, 83 se destinan a política social, defendió la necesidad de "hacer más con menos" y de aumentar "la eficiencia de los funcionarios", además de celebrar que no se incrementen los impuestos.

Para Julio Cruz, por el contrario, si bien no se aumentan los impuestos, sí las cargas económicas sobre las familias, que deberán buscar en la sanidad o la educación privada una solución al empeoramiento en la prestación de servicios por los recortes previstos.

El representante de la patronal, el responsable de Relaciones Institucionales de la Cámara de Comercio tinerfeña, Eduardo Pintado, se mostró insatisfecho con unas cuentas públicas que, a su juicio, no ponen en marcha medidas de estímulo, no incrementan las inversiones públicas ni "ponen encima de la mesa políticas que motiven a los empresarios".

Recordó que la merma de los ingresos se produce por la disminución de la actividad económica y defendió que si se estimulara la actividad de las empresas privadas, éstas crearían empleo.

Quizá uno de los momento más interesantes del debate se produjo cuando uno de los autores del proyecto, el viceconsejero de Hacienda y Planificación explicó las líneas maestras de los presupuestos.

Gabriel Megías explicó que se prevé una caída de los ingresos por un descenso de la actividad económica del 10% y que, una vez descontados los gastos básicos, las transferencias a otras administraciones y el dinero de los convenios con el Estado -que exigen al Gobierno canario a poner parte del dinero-, el Ejecutivo sólo dispone de un margen de 800 millones de euros tras una caída generalizada de otros 300 millones, lo que habría obligado a acudir al endeudamiento. "No nos gusta apelar a esa vía, pero es que no queda más remedio que hacerlo", explicó para defender que, si la deuda de Canarias, se ha duplicado, "aún estamos dos puntos por debajo de la media del Estado", añadió. Para el viceconsejero la alternativa sería aumentar la presión fiscal, "lo que tendría un efecto peor sobre la actividad económica".

Sin planes de estímulo

El hecho de tener que recortar el presupuesto en 300 millones "obliga a afectar a prácticamente todas las áreas". "Son unos presupuestos de supervivencia -admitió- para mantener la prestación de los servicios básicos". A su juicio, sin embargo, las políticas que se recortan en Sanidad no afectan a los servicios, ya que la mayor parte se refiere a un "aplazamiento del plan de infraestructuras sanitarias".

Un panorama sombrío, cuya posibilidad no fue negada por el viceconsejero, lo dibujó el responsable del gabinete de estudios sindical, quien advirtió al representante gubernamental de que "ojalá se cumpla el cuadro macroeconómico que prevé el presupuesto para el año que viene", que se resume en una contracción de sólo medio punto del Producto Interior Bruto y una aminoración en el crecimiento del desempleo.

"Ojalá se cumpla porque si no se cumple tendremos un problema muy gordo que podría alcanzar tintes dramáticos en 2011, lo pasaríamos muy mal". Esta frase no salió de la boca de José Miguel González, sino de Gabriel Megías, quien admitió que "es difícil establecer el cuadro macroeconómico, aunque existe un consenso generalizado en que hemos tocado fondo y habrá una recuperación, aunque ésta será lenta", dijo.

Si Eduardo Pintado, por su parte, pidió políticas activas para pequeñas y medianas empresas y no una reducción de las inversiones, tal y como está previsto, Megías le recordó que el Gobierno no ha incrementado la presión fiscal, ha simplificado los trámites administrativos y ha apoyado a los empresarios en la búsqueda de financiación en el sector privado. Además, le recordó las condiciones favorables que suponen el Régimen Económico y Fiscal. De políticas activas, además de crear las condiciones, nada de nada.

El representante de la Cámara de Comercio, sin embargo, se quejó de "se disminuye el gasto en los sectores que son motores de la economía", sobre todo en turismo y en el sector primario, idea en la que coincidió con los socialistas.

El diputado del PSC Julio Cruz dijo que la reducción en las partidas sanitarias no se producen en las infraestructuras, sino "en la compra de medicinas y material" y se preguntó que si eso no afecta a la calidad asistencial de los enfermos, sino que antes estaban mal gestionadas esas partidas, "habría que cesar a los responsables".

Exigir a los funcionarios

Criticó que los recortes en esta área junto a la de Sanidad suponen "una forma de subir los impuestos a las familias, a los que menos recursos tienen, que deberán acudir a los servicios privados".

Esta idea no gustó a la también diputada autonómica Cristina Tavío, quien dijo que "el trasvase que se ha producido es justo al contrario", el de familias que ahorran enviando a sus hijos a colegios públicos o dejando de lado los seguros privados.

A su juicio, una merma de ingresos debe ir aparejada de una mayor exigencia a los funcionarios, cuyo absentismo laboral fijó en más de un 20%.

A cuenta de las críticas realizadas especialmente por Julio Cruz en torno a los recortes en Sanidad y en Educación, Gabriel Megías trató de recordarle que un recorte de 300 millones de euros en el presupuesto obliga a "sacrificar algo en todo", también en ambas áreas, si bien insistió en que aplazar el plan de infraestructuras, sanitarias, por ejemplo, no supone empeorar el servicio que se presta a la ciudadanía.

"Tenemos que mantener lo que hay. Se ha producido una caída importante de los ingresos y hay que priorizar. No podemos crear un nuevo centro de salud o un hospital sin saber si podremos mantener en ellos el servicio el año que viene", defendió el viceconsejero.

En cuanto a las pegas puestas por Eduardo Pintado a los presupuestos, Megías dijo que la condiciones creadas deberían ser suficientes para hacer crecer la actividad económica y, por tanto, el empleo, al tiempo que advirtió de que "no hay recursos suficientes para aumentar el nivel inversor".

El viceconsejero, tras reconocer el mayor esfuerzo que hará el próximo año el Estado con Canarias, recordó que la situación no sería tan mala si éste cumpliera con lo que establece la ley del REF, donde se dispone que las inversiones del Gobierno central en el Archipiélago debe estar en la media nacional.

Por su parte, el representante de la Cámara se mostró en desacuerdo con que el marco sea suficiente para incrementar la actividad económica por sí solo, sino las medidas de estímulo y facilitar el acceso de los empresarios a líneas de crédito como las del Instituto de Crédito Oficial, inoperantes de momento.

Texto: CARLOS ACOSTA Y NACHO MARTÍN Fotos: M. PISACA