Si repartir en un contexto de crecimiento deja a muchos insatisfechos que esperaban más de lo que reciben, en un escenario de recortes presupuestarios resulta imposible contentar a nadie. Así lo cree Gabriel Megías, que ante las críticas de julio Cruz, Eduardo Pintado y José Miguel González admite que el orden de prioridades del gasto fijado por el Ejecutivo resulta discutible y que pudo plantearse otro, pero matiza a continuación que dadas las circunstancias, "no habría resultado uno muy distinto" porque, según explicó, el efectuado busca garantizar la prestación de los servicios básicos. Megías deja claro, en todo caso, que pese a las incertidumbres macroeconómicas, el Gobierno canario no duda de que se producirán más recortes presupuestarios en los tres próximos años que obligarán, sí o sí, a replantear el tamaño y la estructura de la Administración.

Eduardo Pintado coincidió con José Miguel González en la necesidad de apuntalar la actividad productiva de las Islas porque son las únicas capaces de generar empleo y, de esta manera, impedir que el paro continúe su ascenso en el Archipiélago. Pintado lamentó que la contención de los gastos en el próximo ejercicio recaerá con más fuerza sobre las áreas y agentes inductores de la creación de empleo, en alusión a las pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos. En cambio, criticó que otras áreas se ven menos castigadas por los recortes. Por su parte, José Miguel Pérez apuntó que las asignaciones para 2010, que no son idóneas, imposibilitan al Gobierno para "salvar" la economía y exige que Canarias reivindique las inversiones del Estado en el mismo nivel que la media estatal en cumplimiento de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF), la revisión de ciertas exenciones fiscales, como la de la Ley de Sucesiones y Donaciones, que restan cerca de 100 millones anuales a las arcas canarias, y un mayor uso de medicamentos genéricos para disminuir el gasto de las recetas, así como dotar de ficha financiera al Pacto por la Economía y el Empleo.

Mucho menos sintonía hubo entre los dos diputados que asistieron al debate. Mientras que Julio Cruz criticó el coste de los altos cargos del Gobierno, que cifró en 60 millones de euros al año, las pérdidas previstas para las empresas públicas, la reducción de las inversiones, que equipara a una mayor imposición indirecta al obligar a los ciudadanos a pagar a empresas privadas para recibir los servicios sanitarios o educativos que la Comunidad dejará de prestar o lo hará en peores condiciones a las actuales, Cristina Tavío aseveró que "nuestros hijos y nietos" agradecerán que Canarias no hayan incurrido en más endeudamiento el próximo ejercicio y que, a partir de ahora, "se hará más con menos".