QUIEN haya tenido la paciencia de leer el Estatuto de Cataluña, sin que le produjera "urticaria", como anotó nuestro hoy embajador Vázquez, siendo alcalde de La Coruña, no le extrañará, sin ampararse en la Constitución y al margen de toda legalidad, que se hayan dado tantas y tantas "consultas" sobre la "independencia". Y quien haya tenido ocasión de repasar nuestro trabajo "El Estatuto de Cataluña. Una Meditación sobre España", 2006, pudo ver el proceso de elaboración. Con su sinuosidad. Con la participación directa del presidente del ejecutivo en la noche larga con Mas en la Moncloa. El propio Consejo de Estado informó -previamente a otra consulta conexa- que desde un Estatuto no puede modificarse la Constitución. Y sobre el fondo, recordábamos con detalle la aclaración de Ortega y Gasset a Azaña, parlamentariamente, que al sentimiento de los catalanes sobre su identidad, hay que sopesar "el sentimiento del resto de los españoles de que Cataluña es España". Frente al posibilismo de Azaña, la sentencia de Ortega: "Es un problema a conllevar". Puede sorprender que al arzobispo de Barcelona, monseñor Sistach, le parezca bien el Estatuto. También para los 250.000 catalanes que han respondido "sí" a unas "encuestas ilegales". ¿Qué opina el resto de los españoles?

Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, aportaba datos jurídicos penales para interpretar que se está provocando una "intimidación" al Tribunal Constitucional para un signo determinado de la sentencia sobre la constitucionalidad o no del Estatuto Catalán, "engendro político -dice- inspirado irresponsablemente por Zapatero". Pocos han evaluado las consecuencias económicas de una "independencia", proclamada con fervor, por la inercia de un Partido Socialista "Catalán" que quitó la "E" de España, de hecho a nivel nacional. Al menos tantos y tantos socialistas que sienten y aman a España, como lo harían Prieto o Besteiro, están callados. Sólo interesa el "poder". El central -del ejecutivo ZP- y el que por mimetismo y poltrona también impregna a los jerarcas u oligarcas burocrático-políticos.

Si la Constitución se redactó en poco más de un año, el TC lleva más de tres para decidir o no su constitucionalidad. Pese a lo que la presidenta misma llamó que no le faltaría "coraje". Pero sí el retraso, cuanto más peor, en un asunto de tanta trascendencia. "Autonomía no es soberanía", escribió Carrascal. Proyectos de ley del Parlamento catalán, que a toda prisa se han venido haciendo, tal como la del Sindic de Greuges, provocan reticencia al propio Consejo de Garantías Estatutarias.

Pues bien, las "consultas estatutarias", a las que el poder ejecutivo socialista no le da importancia, demuestran la ignorancia del Derecho, o la ingenua complicidad histórica. El artículo 155 de la Constitución está previsto cuando una comunidad se desmanda. Máxime la intención de "presión" al TC. No me extraña que un presidente del TC y buen jurista como Rodríguez Bereijo reconozca que "estamos en una verdadera encrucijada constitucional", avisada y diagnosticada en nuestro libro "España en la encrucijada". Las "encuestas", además de ilegales e inoportunas en un momento procesal constitucional delicado, no son hojas voladeras. Muestran la utilización sofisticada de voluntades acerca del destino de todo un pueblo. Y sobre todo echan más leña en el enfrentamiento de nuestras tierras y de nuestra España. En unos momentos en que con mayor claridad que nunca, por la crisis económica grave, más unidos debiéramos estar. La responsabilidad no sólo será moral sino histórica. Porque puede extenderse el "sistema encuestatorio ilegal" a otras muchas cuestiones. Desbordándose el Estado, que dejaría de ser "nacional" y de "Derecho".