EL TRANSPORTE aéreo representa un capítulo esencial en nuestra tierra. Sin ese auténtico cordón umbilical turístico no se podrían mantener las comunicaciones interinsulares al nivel de agilidad al que ya nos hemos acostumbrado y, de manera fundamental, sería materialmente imposible sustentar la industria turística, que es el principal soporte de la economía isleña. Por ello resulta vital que este sector funcione con todas las garantías, tanto de seguridad como de eficiencia.

Lógicamente, se trata de un sector que ha de asumir unos costos ciertamente elevados que repercuten de forma inevitable en el usuario. Entre ellos, al margen de los gastos propios de operatividad, figuran las tasas que las aeronaves han de satisfacer por la utilización de los servicios aeroportuarios, que constituyen en conjunto una cantidad en absoluto desdeñable. Por tanto, ello puede contribuir en un momento dado, sobre todo en coyunturas como la que ahora atravesamos, a incrementar en tal grado el coste a las aerolíneas que les lleven a un retraimiento en su actividad con relación a Canarias.

Entendemos que una política acertada a propósito de este particular sería la reducción de esas tasas aeroportuarias en aquellos vuelos con destino a nuestro Archipiélago. Esa es una medida que en su momento ya fue adoptada, aunque de una manera no precisamente justa o, incluso, razonable. De hecho, únicamente se primó a aquellas compañías que incrementaran su número de plazas, lo que motivó que sólo una de ellas se beneficiara de las bonificaciones; le bastó con aumentar en cierta proporción los pocos asientos que ofertaba hasta entonces.

Por el contrario, aquellas aerolíneas que trasladando tradicionalmente a centenares de miles de pasajeros a las Islas no pudieron ampliar la cifra o la disminuyeron mínimamente quedaron al margen de las ayudas. En consecuencia, la fórmula aplicada provocó el lógico malestar en muchos operadores.

La propuesta que desde nuestra Isla efectuamos al Ministerio de Fomento, a través del ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), es la de reducir en un cincuenta por ciento tales tasas hacia Canarias, a todos los operadores, con independencia de su volumen o evolución. Esto conllevaría una menor recaudación por parte del Estado cuantificada en unos 50 millones de euros al año. Se trata de una cifra razonable, sobre todo si se tiene en cuenta el beneficio que ello puede reportar a Canarias. De hecho, este destino se convertiría en preferible para las compañías aéreas, que recibirían un cierto estímulo para ofertar más plazas y, así, la posibilidad de la llegada de más turistas.

Lógicamente, también debemos velar por que estas medidas tengan repercusión en el coste de los billetes para los consumidores. De nada serviría sanear los balances de las compañías aéreas y tener mayor capacidad aérea, si los precios a los que se ofertan nos restan competitividad.

Tal medida debería mantenerse mientras se prolongue la actual recesión, dado que se convertiría sin duda en uno de los medios que coadyuvaran decididamente a superar la crisis. La bonificación aplicada a las tasas aeroportuarias representan hoy una medida vital para ayudar a superar la coyuntura económica adversa que tiene Canarias. Esperemos que el Estado lo comprenda y no nos dé la espalda.