EL LEVANTAMIENTO del secreto sumarial en el llamado "caso Gürtel", la petición de baja como militante del Partido Popular por parte del senador y ex tesorero del partido Luis Bárcenas, imputado en este caso, y la fijación del próximo día 22 para que el juez Garzón se siente en el banquillo en una de las tres causas penales abiertas contra él, una de ellas, por cierto, relacionada directamente con su forma de instruir el tan citado "caso Gürtel", han sido tres de los hitos mediáticos de esta semana.

No será posible calibrar la importancia objetiva de estos acontecimientos hasta que se sustancien todos estos episodios judiciales y, sobre todo, hasta que se pueda comprobar el impacto electoral que hayan tenido. Porque es cada vez más claro que la administración de los tiempos y el acompañamiento mediático del "caso Gürtel" existen y se manifiestan como lo están haciendo porque al fondo está la lucha por el poder, y porque los sondeos de intención de voto no son lo bastante satisfactorios para el actual Gobierno, que usa todos los recursos a que tiene acceso, legítimos y no tanto, con tal de liquidar al Partido Popular, único obstáculo hoy posible para su perpetuación en el machito.

Rajoy

Por lo que se sabe, los hechos hasta ahora mejor acreditados hacen referencia a una trama presuntamente delictiva para lucrarse de los favores del Partido Popular encargándole la organización de actos y otros cometidos, y conseguir esos contratos mediante la corrupción de personas del PP situadas en puestos clave. En cuanto saltaron al conocimiento público estas maniobras, la dirección del PP madrileño procedió a una depuración fulminante de los imputados; en Valencia, en cambio, se han negado todos los cargos desde el principio, y el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad autónoma archivó todas las causas abiertas con este motivo.

Pero desde el PSOE y los medios más afines se ha insistido desde el estallido del escándalo en que estamos ante un sistema organizado o consentido por la dirección nacional del PP para la financiación ilegal del partido. La cúpula popular, por su parte, ha negado esta acusación tajantemente. Pero el ruido mediático no ha disminuido por eso, sino todo lo contrario: altos cargos del Gobierno y del PSOE, junto a sus medios afines, insisten, y parecen muy irritados por el silencio que observa el presidente popular Mariano Rajoy, quien, tras su primera negativa rotunda, no ha vuelto a decir una palabra sobre el asunto.

¿Por qué Rajoy observa esta conducta? A mi entender, porque sabe que de lo que se trata es de hacer ruido, y no ha querido entrar en ese juego: los jueces dirán lo que tengan que decir, y mientras tanto no hay nada de nada en cuanto a financiación ilegal del Partido Popular, salvo el griterío. La solicitud de baja del partido por parte de Bárcenas -que ya había cesado como tesorero nacional, aunque conservaba un despacho en la sede central- da toda la impresión de obedecer a la oportuna presión de Rajoy, que finalmente habría convencido al dimisionario de no contribuir a aumentar el daño que todo esto hace al partido.

Si la táctica de silencio de Mariano Rajoy es la acertada o no será el curso del proceso judicial el que diga la última palabra. De momento, Rajoy pone en práctica la sentencia según la cual uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios; y a juzgar por la irritación socialista, parece que de momento está en el camino correcto.

Garzón

Como se sabe, el juez de instrucción del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tiene abiertas tres causas que hacen peligrar muy seriamente su permanencia en la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha resuelto estudiar su suspensión cautelar, una vez que el instructor del Supremo Luciano Varela ha decidido sentarlo en el banquillo.

Las primeras reacciones del propio Garzón al ser encausado por su pretensión de instruir un juicio contra el franquismo fueron acusar, a su vez, a sus acusadores de pertenecer a la ultraderecha. Endeble argumento, por dos razones: porque la admisión de una querella no depende de la personalidad del querellante (siempre que esté legitimado), sino del contenido de la acusación, y también porque el magistrado del Supremo que se ha hecho cargo de la instrucción es cualquier cosa menos un ultraderechista; más bien es justo lo contrario, puesto que fue fundador de Jueces para la Democracia y es tenido por todos como un hombre de convicciones de izquierda. Pero algo tenía que decir Garzón y, sobre todo, algo tenían que decir sus defensores, que han surgido con singular pugnacidad en el Gobierno, en el PSOE, en los medios afines ¡y en los sindicatos de izquierda!, que se conoce que no tienen mejor causa que defender en la actual situación socioeconómica que atravesamos. Notas oficiales, comentarios en conferencias de prensa, artículos, programas de radio y televisión, y hasta manifestaciones callejeras, han protagonizado los citados, como si el procesamiento de Garzón pusiera en peligro la democracia española, cuando si algo produce tal efecto en este caso es la sangrante diferencia de trato, favorable a Garzón, entre el dispensado a Javier Gómez de Liaño o Fernando Ferrín Calamita y al juez estrella ahora empapelado.

De aquí al día 22 habremos de ver más episodios de presión al Consejo del Poder Judicial y al propio Tribunal Supremo, y la cosa no tiene nada de extraño, porque una de las causas contra Garzón es por los ilegales pinchazos telefónicos entre abogado y clientes que ordenó justamente en su instrucción del "caso Gürtel".

Si malo es judicializar la política, peor es politizar la justicia. Ambas cosas tienen mucha relevancia en el caso Gürtel y en el negro futuro de Baltasar Garzón. La perspectiva es que tendremos que seguir sufriendo estos vicios durante un par de años, porque Rodríguez Zapatero y los suyos van a usar todos los medios imaginables para seguir en el poder.