LA ADMINISTRACIÓN, en su conjunto, es un instrumento que se debe al ciudadano y que ha de hallarse en todo momento a su servicio. Sus principios, consecuentemente, deben ser fijados en la eficiencia y en el desempeño de una labor constante de atención a las necesidades de la población. Esta es una realidad que corresponde asumir a las diferentes instituciones, que en ningún caso deben perder de vista ese objetivo y en todos tienen que actuar siguiendo sus criterios.
Para conseguirlo resulta primordial la coordinación entre los distintos estamentos, lo que ha de estar sustentado a su vez en el entendimiento y la buena voluntad para acercar posturas y elegir las opciones más adecuadas. Este fundamento, que siempre ha de estar presente, debe ser tenido especialmente en cuenta cuando las circunstancias se tornan adversas, tal y como ocurre en la actualidad con la situación de crisis económica que estamos atravesando.
Es cierto que no en todas las ocasiones es posible hallar puntos de coincidencia sobre determinados asuntos, pero ello no es óbice para que se intente encontrarlos y se mantenga una permanente disposición al diálogo. Esa es una responsabilidad a asumir desde todas las instancias, que han de ser conscientes de que recurrir a otros ámbitos jurisdiccionales sólo supone, en muchas ocasiones, extender las desavenencias y los problemas en el tiempo y llegar a una resolución insatisfactoria para ambas partes.
Actualmente, los Cabildos y el Gobierno de Canarias sostienen un contencioso en un asunto de la máxima trascendencia para las administraciones insulares, como es el de la financiación. No es posible cumplir con las obligaciones y emprender proyectos de desarrollo sin contar con aquellos recursos necesarios para llevarlos a cabo; sin embargo, este es un aspecto en el que la administración autonómica mantiene una posición sorprendente y creo que equivocada.
Por ese motivo, las instituciones insulares están reclamando lo que entienden que les corresponde, que no son fondos destinados a iniciativas más o menos vanas y onerosas sino a programas de actuación con los que cubrir una serie de necesidades trascendentes para la población. A ese argumento se añade, además, la razón sustentada en la ley, que recoge que cada Isla debe recibir del Gobierno de Canarias, como mínimo, las cantidades percibidas en el ejercicio que concluyó en diciembre de 2002.
Y ello no se está cumpliendo. El argumento empleado desde la Consejería de Economía y Hacienda se basa en la supuesta falta de austeridad de las administraciones insulares, una afirmación fuera de lugar que carece de rigor, desinforma y demuestra desconocimiento de los datos regionales e insulares en los últimos ejercicios. De hecho, las cifras demuestran que han sido precisamente las instituciones locales -fundamentalmente los Cabildos- las que desde hace ya dos años han realizado un sustantivo recorte de sus gastos corrientes, mientras que precisamente ha sido la autonómica la que ha mantenido el incremento constante.
No cabe, por tanto, esgrimir ese tipo de juicios para evitar limitar la financiación de unas instituciones que resultan muy importantes para los ciudadanos. Es preciso que los Cabildos vean atendidas sus demandas. En todo caso, como decimos, el diálogo y no el enfrentamiento tiene que ser la vía utilizada como han demostrado sobradamente los Cabildos.
de Tenerife