La subida de los fletes de las compañías navieras que operan entre el Archipiélago y la Península, que ronda un aumento del 32% de media por lo bajo, alarma al empresariado isleño y su rechazo es unánime. Denunciar a estas compañías ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) y declarar servicio público el transporte de mercancía son algunas de las salidas que los empresarios ya barajan con el apoyo del Gobierno autónomo.

Con el objetivo de analizar este tema, EL DÍA ha organizado esta semana un debate bajo el título genérico: "Subida de fletes". Los invitados son los presidentes de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Ramón Villalba González; del Consejo de Usuarios del Transporte Marítimo de Canarias y de la Comisión de Transportes de la CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares Carretero; de la Comisión de Transportes de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, Vicente Victoriano Martín Rodríguez, y de la Asociación Provincial de Transitarios y Expedidores Internacionales y Asimilados de Santa Cruz de Tenerife (Ateia), Juan Manuel Hernández Acosta.

De entrada, Vicente Victoriano Martín manifestó que el encarecimiento de los fletes "ha sido de una magnitud exagerada, teniendo en cuenta el momento económico que padecemos en el Archipiélago. El incremento, que por lo bajo es del 32% aunque en algunos casos llega al 50%, parece excesivo en la actual crisis económica".

En consecuencia, añadió, "el precio final se encarecerá, el consumo descenderá y en la misma cuantía lo harán el empleo y las distintas actividades económicas; la situación es realmente preocupante". Por ello, subrayó que la Cámara de Comercio provincial "hace un llamamiento para que la subida sea más flexible o que se congelen los fletes vigentes".

Martín advirtió de que "además de la importación, la exportación también será gravada por la subida de fletes y, en un momento determinado, alguien pensará que ya no será rentable plantar plátanos, tomates, verduras o flores. Esto podría ocasionar un desmantelamiento del actual sistema agrario, lo que sería muy peligroso".

Para el representante de la Cámara, "caben dos soluciones, ya apuntadas por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero: la declaración de obligación de servicio público del traslado por mar de las mercancías entre Canarias y la Península, que es factible, o denunciar a las navieras ante la CNC, una salida que se dilataría más en el tiempo y que no se sabe cómo saldría".

Respecto a esta segunda vía, Martín agregó que se trata de una tarea en la que "tienen que implicarse todos los agentes económicos", mientras que en la petición de declaración de servicio público "es el Gobierno autónomo el que tiene que mostrarse activo".

Eso sí, desde su punto de vista "personal", dijo no ser "partidario" de intervenir "de manera drástica" sobre las navieras. "Esto es un libre comercio regulado interiormente. Un exceso de intervención puede ser perjudicial para quien presta el servicio o para el costo de éste, ya que quien intervenga tendrá que dar más de lo que ellos ganan ahora; si no, nadie optará a una línea marítima". Además, opinó que el propio mercado "va a poner a cada naviera en su sitio".

Malestar de la Cámara

Aparte de las dos posibilidades apuntadas, Martín introdujo una tercera alternativa: "llegar a un acuerdo con las navieras para que no hagan efectiva su último incremento de tarifas".

Por otro lado, el titular de Transportes en la Cámara mostró su malestar por el hecho de que esta institución no fuera invitada a la reunión convocada el pasado martes por Paulino Rivero: "Somos un agente económico de primer orden y, por tanto, nos ha parecido una falta de ética por parte del Gobierno autónomo no haber llamado a la reunión a las Cámaras del Archipiélago".

En su primera intervención, Ramón Villalba destacó que "anunciar una subida de fletes de esta importancia en un momento como éste no tiene justificación y no obedece, hasta donde sabemos, a incrementos en los costes. En el combustible, por ejemplo, hay tendencia a la baja en el crudo".

A juicio del presidente de Asinca, esta nueva subida "incide de forma determinante tanto en el consumo como en la importación de materias primas para la industria, además de en el tráfico de exportación, que está muy relacionado con el sector primario, y en la actividad chatarrera, que tiene una salida significativa de unidades de contenedores".

Reiteró que "un encarecimiento de estas características ni se justifica ni procede. Y se ha hecho en bloque, por varias navieras que prestan el mismo servicio".

Villalba también hizo referencia a que el tráfico de cabotaje Península-Canarias "históricamente ha adolecido de muchos momentos de inestabilidad, por diversas razones, que han tenido que ver con las condiciones de las navieras que prestan el servicio o con la adopción de soluciones que garantizaran unos precios adecuados".

Una de las salidas al actual conflicto es la negociación, que "todos los sectores, incluida la Administración, se sienten en una mesa y lleguen a acuerdos razonables. Es la primera vía, ya que cualquier otra solución no se puede abordar de manera inmediata. Un litigio, sea una denuncia ante Competencia o la imposición de condiciones de servicio público, se dilatará en el tiempo y agravará el problema".

Riesgos para el servicio

"Lo que está claro es que Canarias es una región ultraperiférica, y de alguna manera tiene que asegurarse su aprovisionamiento, que dependen en un 99,9% del tráfico marítimo. Esta experiencia -prosiguió Villalba- nos está diciendo que pueden existir riesgos para la prestación de ese servicio en condiciones adecuadas, y ello nos obliga a todos, y fundamentalmente a la Administración, a revisar el modelo. Sin entrar en un exceso de regulación, hay que fijar unos límites, tanto por arriba como por abajo, pero dentro de un régimen de libre competencia. De momento, éste es un servicio que puede adolecer de determinadas debilidades".

El titular de Asinca, que apuntó que el presidente del Gobierno canario se reunirá pronto con las navieras para tratar este asunto, también avisó de que hoy una naviera no precisa una autorización administrativa previa, "por lo que con 15 días de anticipación puede tanto anunciar su incorporación a este tráfico como decir que se va".

Para Juan Manuel Hernández, la cuestión "no es si los precios son justos o injustos", aunque sí cree "inoportuna" la última subida de los mismos aplicada por las navieras. "Llega en el peor momento. Es conocida por todos la grave crisis que atraviesa cualquier sector en las Islas. La proporción del aumento es enorme y las consecuencias sabemos que las va a pagar el consumidor final", advirtió.

También señaló que "las formas" en las que se comunicó tal encarecimiento de los fletes "pareció bastante estudiada, sobre todo en cuanto a las fechas y los plazos que se dan para ejecutarlo".

El representante de los transitarios se mostró "sorprendido" por el hecho de que, hasta ahora, "nadie" se haya reunido con las navieras para tratar la subida de los fletes y "buscar soluciones".

Asimismo, manifestó estar de acuerdo con el titular de Asinca en cuanto a la necesidad de "vigilar y fiscalizar más" a las navieras porque, "aunque si no dan pérdidas sabemos que los fletes se van a mantener en un precio justo, si caen en ellas van a intentar vender y vender, importándoles poco que se puedan hundir".

Asimismo, abogó por introducir una nueva naviera en el tráfico Canarias-Península. "El hueco que ha dejado Contenemar habría que llenarlo urgentemente, y tal vez el Gobierno debería intervenir para conseguirlo".

En este punto, Villalba indicó que, durante su reciente reunión con los agentes afectados por el encarecimiento de los fletes, Paulino Rivero se comprometió a analizar con las navieras ese déficit de servicio detectado por los transitarios y expedidores tinerfeños, cuyo titular, como Martín, señaló su "sorpresa" por no haber sido convocado al encuentro celebrado esta semana en Las Palmas.

Respecto a la resolución del actual conflicto, indicó que "acudir a la CNC irá para largo, las tarifas no se bajarán y, al final, habrá un montón de perjudicados y casi ningún beneficiado". La solución, en cambio, "pasa por la mediación del Gobierno de Canarias".

Por su parte, Eduardo Bezares aclaró de entrada que la subida de los fletes en el trayecto Canarias-Penínsular no es una situación nueva, y se mostró optimista respecto a la capacidad de la CNC "para echar esto atrás".

La novedad, dijo, en el conflicto abierto entre empresarios y navieras estriba en la intervención del Gobierno. "Pensábamos -admitió- que había más buena voluntad que otra cosa, pero el presidente y su equipo están muy enfocados y con las ideas muy claras". También alabó la unidad de todos los sectores económicos locales.

Bezares apostó por que, tras la última subida de las tarifas, el transporte de mercancías entre el Archipiélago y el continente se considere de servicio público. "Hay que marcar precios máximos, algo que dé seguridad al cargador y al señor que se dedique a exportar e importar; la tarifa no puede subir de un día para otro el 40%".

Agregó que quedan respuestas pendientes, sobre todo "cuál es el precio justo, al margen de que el momento y las formas no hayan sido correctas", y subrayó que el Ejecutivo canario "ya está detrás de aclararlo". También se preguntó "cuál es el número de navieras que debe haber; ¿faltan o, al contrario, sobran porque habría que racionalizar gastos? El Estado no va a intervenir quitando a una, pero se pueden hacer cosas".

En resumen, se mostró "animado" por la intervención de Rivero y "optimista" en cuanto a la posible acción de Competencia, que "tardará muy poco en saber si las navieras vulneran la ley".

El titular del Consejo de Usuarios también puso sobre la mesa la posibilidad de que la subida llevada a cabo desde finales de agosto quede "diluida" por que haya una "fisura" en el frente de acción de las navieras, si bien dijo que no conviene que éstas reduzcan drásticamente sus precios.

Eduardo Bezares Carretero dijo que, a la vista de que, con el comienzo del curso escolar, "grandes empresas locales han bajado sus precios para seguir en el mercado", es "inaceptable e incomprensible que alguien que tiene en su mano el coste del transporte de mercancía decida subir el mismo de esta manera". Ello, afirmó de manera categórica, "pone en peligro la viabilidad de empresas y puestos de trabajo".

MIGUEL ÁNGEL RUIZ Y JOSUÉ GARCÍA Fotos: JESÚS ADÁN