ESTÁ MERIDIANAMENTE claro, y así lo expresan todas las encuestas, que el principal problema nacional es la economía y su consecuencia más inmediata y preocupante, el paro. Muchísimas familias y personas sobreviven gracias a la caridad, bien de la Iglesia Católica, Caritas, o de otras instituciones. Nuestra Constitución, en su artículo 40, apartado 1.-, es bien clara: "Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo". Esta debería ser la máxima prioridad y el objetivo principal y fundamental de todas las Administraciones. Sin embargo, vemos que se gastan grandes cantidades en proyectos grandilocuentes con posibles resultados a largo plazo, subvenciones, tanto nacionales como en el extranjero, de dudosa necesidad, las fiestas, al menos en las Islas, y en especial en Tenerife, lo que mejor conozco, son innumerables; en Tacoronte tuvieron un mes de festejos por el Cristo; en El Sauzal no paran de celebrar festejos y actos lúdicos, claro el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) sube todos los años (creo que no es legal), menos a aquellas propiedades que se piensan que pueden ser expropiadas (por el tren del Norte…) no sea que suban su valor y cueste más la expropiación. Esto está ocurriendo. En Santa Cruz ya estamos con los Carnavales, que serán en enero-febrero.

Y entre todas estas cosas que nos apartan de lo fundamental está la célebre, hoy en día, Ley de Memoria Histórica, la ley 52/2007, de 26 de diciembre, con todo lo que lleva consigo y los gastos correspondientes. En su preámbulo especifica que en ella se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Y yo me pregunto: ¿por qué no se contempla también la persecución y la violencia durante la II República, especialmente con el gobierno del Frente Popular, que según el conocido historiador Fernando García de Cortázar, en su "Breve Historia de España", dice cuando se refiere a la época republicana: "En los primeros meses de la guerra bastaba con que alguien fuera identificado como eclesiástico o militante católico (elementos sin duda muy peligrosos) para que se le ejecutara sin proceso alguno…, los siete mil miembros del clero y congregaciones religiosas sacrificados (entre ellos los Hermanos de San Juan de Dios en Cataluña, por cuidar a sus semejantes) y los incontables activistas católicos liquidados (por predicar el amor a sus semejantes y el perdón) a lo largo de la guerra describen la persecución más sangrienta sufrida por la Iglesia desde la proclamación del cristianismo como religión oficial de Europa, quince siglos…". En Barcelona, en aquella época, se quemaron todas las iglesias. El juez Garzón se opuso a que se incluyera los enterrados en Paracuellos del Jarama, muchos miles de víctimas, entre ellos muchos jóvenes, por los motivos indicados anteriormente (ser religioso, ser católico, ir a misa o estudiar en un colegio religioso…). El pretexto que se suele exponer es que estas víctimas ya fueron reconocidas por el Régimen anterior, lo cual puede ser cierto en algunos casos, pero no en todos, de ahí lo absurdo de que no se incluyan en esta ley. También se negó Garzón a averiguar las víctimas enterradas en Alcalá, que creo que eran partidarios de Nim, es decir republicanos, pero con otras ideas y que fueron ejecutados por eso.

Continuando con la Ley de Memoria Histórica, que, insisto, aunque la época no es la más apropiada, me parecería muy bien si incluyera a todos los represaliados de ambos bandos, que yo sepa no tiene aprobado aún su reglamento, que debería regular su aplicación, por lo que no debiera estar aplicándose como se está haciendo. Me resulta al menos curioso que en la Exposición de Motivos diga: "El espíritu de reconciliación y concordia, y de respeto al pluralismo y a la defensa pacífica de todas las ideas, que guió la Transición, nos permitió dotarnos de una Constitución, la de 1978, que tradujo jurídicamente esa voluntad de reencuentro de los españoles, articulando un Estado social y democrático de derecho con clara vocación integradora". ¿Creen Vds. que de la manera que se está aplicando están logrando ese espíritu de reconciliación y concordia, con vocación integradora? Sinceramente, yo no lo creo así.

En estos días ha fallecido Marcelino Camacho, fundador y líder durante muchos años de Comisiones Obreras. Fue un comunista honesto y una persona decente, cuya humanidad le granjeó un respeto general, como ha quedado reflejado en su entierro, ¡hasta el Príncipe de Asturias estuvo en el mismo! Fue un hombre que supo perdonar, defendiendo, por ejemplo, la Ley de Amnistía, esa que ahora algunos, muchos, quieren ignorar. Si alguien tenía motivos de resentimiento era él, por los muchos años pasados en la cárcel por sus ideas. Sin embargo, se tragó sus sentimientos personales para favorecer un pacto de convivencia. Fue un pragmático de la negociación y el diálogo. ¡Así debería contemplarse la Historia!

Para terminar, voy a comentar el tan renombrado últimamente, en España y en Canarias, artículo 15 de esta ley, sobre "Símbolos y monumentos públicos", que dice así: "1. Las Administraciones públicas, en ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar (los republicanos sí podían sublevarse contra la República en Asturias, o crear un Estado independiente en Cataluña, que tuvieron que ser reprimidos por la fuerza de las armas), de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. 2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas (Monumento del Ángel Caído, no de Franco, levantado por suscripción popular, obra de un reputado escultor socialista, Juan de Ávalos), arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. 3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior. (Cosa que yo creo no se ha llevado a efecto y se está actuando a la buena de Dios, por decir algo). 4. Las Administaciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo.