DADA la situación creada con la huelga -aunque no haya sido declarada como tal- de los controladores aéreos, tratada profusamente estos días, por la repercusión que ha tenido en España y en el extranjero, con importantes consecuencias económicas -algunas exageradas por los protagonistas: gobierno y empresas relacionadas con el turismo-, y muy especialmente por haber alterado de forma importante el desarrollo normal de unos días de descanso en nuestro país, perjudicando a un gran número de personas a las que en ciertos casos han dejado sin vacaciones, o se las han reducido, si bien tendrán derecho a exigir compensaciones, vamos a estudiar lo ocurrido.

El gobierno lo ha resuelto, inicialmente por 15 días, aplicando el "estado de alarma", regulado por el art. 116 de nuestra Constitución, que dice: Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. En su apartado 2. dice: "El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto", y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo (que yo sepa, lo de inmediatamente, no ha sido cumplido. ¿Cómo puede permitirse el Gobierno no cumplir exactamente lo que ordena la Constitución y, sin embargo, utilizarla de la forma que estima oportuna?).

El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración. Este artículo 116 ha sido desarrollado por la ley orgánica 4/1981, que expresa: "El Consejo de Ministros podrá declararlo (el estado de alarma) en caso de paralización de servicios públicos esenciales, cuando ocurra desabastecimiento o catástrofes y calamidades"… ¿Ha sido esta la situación?, sinceramente creo que no, pienso que se ajustaría más a lo dicho el "estado de excepción", que lo autoriza cuando resulten gravemente alterados los servicios públicos esenciales de la comunidad o el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, sin más. Pero, claro, entonces tenían que haberlo solicitado al Congreso de los Diputados y podían haber tenido problemas para su aprobación.

Dicho lo anterior, era necesario en primer lugar, recuperar la normalidad alterada, para lo cual contaba con la opinión pública ante la que se había demonizado en grado sumo al colectivo de los controladores, como personas privilegiadas que pretendían imponer sus canonjías, concedidas en algún momento por Aena o quien fuera, y mantenido el convenio firmado por el Gobierno actual en sus seis años de mandato. Son varias las dudas e interrogaciones que ha suscitado la reacción del gobierno ante esta crisis. En primer lugar, debería aclarar, sin circunloquios o engaños, si disponía de alguna información de lo que iba a ocurrir, y sin embargo decidió convocar un Consejo de Ministros, en vísperas de uno de los "puentes" más importantes de nuestra excesivas fiestas (así nuestra productividad es tan baja), con muchos viajeros saturando nuestros aeropuertos: con una regulación unilateral del horario de los controladores, la posibilidad de privatizar hasta el 40% de Aena, y estableciendo la obligatoriedad de un reconocimiento médico inmediato para quienes alegaran disminución de sus capacidades, sabiendo que iba a provocar la reacción de los implicados. ¿O es lo que deseaban para poder actuar impunemente? Igualmente, ¿por qué ante una situación que ha obligado por primera vez en democracia a decretar el estado de alarma, no fue el propio presidente quien lo anunció solemnemente? El estado de alarma, en su apartado 6., hace constar que estos Estados no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y las leyes (Tribunales de Justicia, Fiscalía, Fuerzas de Seguridad), no hablando en absoluto de militarizar a los agentes, acto de fuerza con el que lograron lógicamente atemorizar a los controladores, al privarles en cierto modo de sus derechos constitucionales militarizándolos y sujetos a la aplicación del Código Militar, mucho más duro en estos casos.

Aunque el propio presidente lo ha negado, todo parece indicar que el Gobierno preveía esta reacción y por esta razón, entre otras, al tener que firmarlo personalmente, Rodríguez Zapatero no acudió a la Cumbre Iberoamericana, por primera vez desde su creación. Piensan muchos comentaristas que si el gobierno, especialmente el Ministerio de Fomento, cuando los controladores demostraron hace meses su capacidad para bloquear el espacio aéreo, hubieran tomado acuerdos para ampliar las plantillas, traspasar a la Administración, como en todos los casos, el control de acceso a la profesión, acreditar debidamente a los controladores militares, con las prácticas oportunas y las pertinentes licencias europeas, el caso no hubiera revestido la gravedad que tuvo. Esta militarización no parece una solución definitiva, en principio 15 días, parece evidente que el gobierno carece de una agenda con sentido de planificación y aptitud para tomar y ejecutar las decisiones adecuadas en casos graves imprevistos.

Sabían ustedes que en estos momentos no podrían celebrarse elecciones anticipadas, por ejemplo, en el caso de un rescate económico gravoso y ominoso por Europa, pues habría que disolver las Cámaras y en el estado de alarma esto no es posible. También resulta inconcebible que el portavoz en el Congreso, Sr. Alonso, se queje del poco apoyo del Partido Popular ante esta situación de emergencia, olvidando que el Partido Socialista aprovechó al máximo la barbarie del 11-M, no respetando incluso el día de reflexión, para darle un vuelco a unas elecciones que parecían decididas a favor del Partido Popular. Igualmente, y en el mismo sentido me resultan indignantes las declaraciones de Zarrías, insinuando una connivencia entre el PP y los controladores para desgastar al gobierno. Por cierto, ya bastante desgastado, según las últimas encuestas, incluso de El País, por sus últimas actuaciones o falta de pulso en cuestiones económicas, de paro, de prestigio exterior, etc., nunca hemos estado tan bajo.

¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado si el que estuviese gobernando hubiera sido el PP y este hubiera declarado el estado de alarma por esta situación? Se hubiera hablado de golpe de Estado, como se hizo cuando ante el terrible suceso del 11-M. Alguien insinuó la necesidad, ante el caos que se organizó, del retraso de las elecciones, cosa totalmente lógica. Los artistas de la ceja y todo el progresismo se echarían a la calle para protestar. ¿Qué ha pasado ahora? Se ha demonizado a un colectivo sujeto a grandes responsabilidades y, por tanto, sometido a estados de ansiedad y estrés, al que se le habían dado unas condiciones que ahora se quieren cambiar, como sea.