EL JUZGADO de lo Penal de Granada ha condenado a tres años de cárcel a una mujer que agredió a la profesora de su hijo.

Una primera lectura de esta sentencia puede, sin duda, llenarnos de estupor. ¡Tres años de cárcel por un bofetón! Pero si recapacitamos sobre el hecho, llegaremos a la conclusión de que sólo con medidas ejemplarizantes se puede poner fin a esta infame actitud de agresión hacia los maestros que prolifera últimamente en los colegios, tanto por parte de muchos alumnos como por parte de muchos de sus padres.

En el caso que nos ocupa, la agresión se produjo en modo y circunstancias agravantes; no sólo se dio con un alto grado de violencia, sino que también se hizo ante una clase repleta de niños. Si a ello añadimos el hecho de que la agresora tenía antecedentes -un año de prisión por atentado a un guardia civil-, entenderemos que el juez haya impuesto la pena en un grado máximo. Pero, aun no concurriendo esas circunstancias, la sociedad debería ser consciente del respeto que el colectivo de maestros se merece, y lo necesario de fortalecer una doctrina que considera a los docentes una autoridad dentro de las aulas, convirtiendo en delito de atentado su agresión.

Pasó, afortunadamente, el tiempo en que los profesores imponían su autoridad a palmetazos o con castigos humillantes. Pero de ahí a convertirles en víctimas de unos alumnos incivilizados, producto de una nefasta educación familiar que confunde la tolerancia con la falta absoluta de respeto, va un trecho insalvable. Cada día se dan más casos de padres energúmenos que, con su ejemplo, crían hijos energúmenos que convierten a sus maestros en víctimas cotidianas de su mala educación.

¿Y aún hay quien pone en duda la necesidad de una asignatura como Educación para la Ciudadanía? Porque es evidente que aquellas pautas de comportamiento, aquellos principios y aquellos valores que muchos padres son incapaces de transmitir a sus hijos, habrá que aprenderlos en la escuela si queremos para ellos un futuro mejor. Y ese futuro dependerá en una gran medida de sus profesores.

No podemos consentir que un colectivo como el de los maestros se vea sometido a un estrés insoportable por parte de unos alumnos cavernícolas o de unos padres más cavernícolas aún. Y es evidente que ese nivel de estrés se está dando en muchísimos centros de nuestro país, sin que los profesores hayan recurrido a acciones extremas e inconsecuentes para evitarlo. Por todo ello, aplaudamos esa doctrina de protección, apoyada por los fiscales y recuperemos para el profesorado, aunque sea por la fuerza de sanciones ejemplarizantes, la autoridad y el respeto que se merecen.