HAY NOTICIAS que se pueden comentar por separado, desde luego que sí, pero que resultan más significativas si las analizamos conjuntamente. La primera página de ayer de este periódico recogía un buen ejemplo del caso. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula de nuevo el proyecto del tren del Sur. El ferrocarril que un día -ya no sé cuándo- deberá unir la capital con la principal zona turística de la Isla. La segunda noticia, justo debajo de la anterior, informaba a los lectores de EL DÍA de que Canarias ha sumado en febrero 2.865 desempleados adicionales. Un abultado guarismo, se mire como se mire, en el que la provincia de Santa Cruz de Tenerife se lleva la peor parte. Sobra subrayar, porque se ha dicho hasta la saciedad, la importancia que tiene el tren del Sur para facilitar el acceso de los trabajadores desde la principal área metropolitana de la Isla -la conurbación formada mayoritariamente por Santa Cruz y La Laguna, así como los municipios adyacentes- hasta el entorno de Playa de las Américas; es decir, el a su vez principal destino turístico de Tenerife. La única actividad que a día de hoy, y en medio de una crisis que no acaba por muchos que sean los augurios positivos del talantoso Zapatero, sigue generando empleo de forma apreciable.

No pienso discutir si la decisión del TSJC está ajustada a Derecho porque las sentencias de los tribunales siempre lo están. Y en el caso de que no lo estén, se aplica el artículo primero y ya. Pero incluso en el caso de que los miembros de la más alta instancia jurídica de Canarias hayan aplicado correctamente la legislación -algo en lo que no está de acuerdo el Cabildo de Tenerife, por lo que estudia presentar un recurso de casación-, cabe preguntarse si no es hora de cambiar algunas normas. Recordemos que no son los magistrados quienes legislan, sino quienes interpretan y aplican a cada caso lo que un parlamento, ya sea regional o nacional, ha legislado. Los obstáculos al desarrollo de Tenerife no hay que buscarlos en un tribunal y en sus sentencias, sino en las leyes vigentes; en las leyes que nos hemos dado a nosotros mismos, para ser más precisos. Solía comentarlo Adán Martín cuando era presidente: nosotros mismos nos hemos puesto la soga al cuello.

Por lo demás, Canarias es el único lugar en todo el mundo donde alguien que se considera ecologista, y aun presume de ello, prefiere el transporte por carretera al ferrocarril. José Blanco no se lo podía creer cuando se enteró de este extremo, precisamente durante una visita al Cabildo para suscribir un convenio de apoyo estatal a este medio de transporte. Pero es lo que hay. Lamenta Carlos Alonso, consejero de Economía y Competitividad del Cabildo, que los ecologistas que han presentado sus objeciones al tren ante el TSJC no hayan participado en los periodos de información pública al proyecto. Por supuesto que no. Eso significaría entrar en el camino de las críticas constructivas, y el ecologismo de chola y pancarta -o de ocho a tres, como acertadamente lo califica Domingo Medina- lo que busca es otra cosa. Verbigracia, el no a todo. Y en cuanto a los casi tres mil nuevos parados, que hubieran opositado para ser funcionarios.