ESTE SÁBADO, presumo que muchos miles de personas, convocadas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y por una treintena más de organizaciones, se manifestarán en Madrid contra la posible "presencia de ETA en las instituciones". O sea, contra la legalización de la marca Sortu. Naturalmente, hay que preservar y defender el derecho de manifestación de todos cuantos lo hagan desde planteamientos de paz, libertad, democracia y legalidad. Faltaría más. Máxime, cuando quien convoca es, en general, el colectivo de víctimas del terror y del horror fascista, un colectivo al que yo tantas veces he considerado como "nuestros héroes". Y, sin embargo, a título personal, y pido perdón por meter mi "yo" en este asunto, debo decir que no estaré en esa manifestación, que me parece, aquí y ahora, justificable, sin duda comprensible, pero quizá improcedente.

Confieso que no siempre, o casi nunca, he compartido los móviles de otras manifestaciones convocadas por la AVT; hubo un tiempo en el que quien dirigía la Asociación estaba mucho más interesado en hacer política antigubernamental que en las legítimas reivindicaciones de las víctimas. No me parece ahora el caso, y espero que la línea generalmente no partidista, equidistante y escasamente sectaria que hasta ahora se ha impuesto últimamente en esta organización se mantenga. No estoy seguro de que manifestaciones como la de este sábado contribuyan a ello. Primero, porque hay que dejar que los tribunales deliberen con serenidad, y no impulsados desde la calle: hay "disidentes" (siete frente a nueve) en la Sala 61 del Supremo que piensan que Sortu no es exactamente lo mismo que ETA -al menos, no está probado- y que, por tanto, la formación debería ser legalizada. Confieso que comparto esta tesis minoritaria: tengo más amor al Estado de Derecho que antipatía a estos herederos vergonzantes de Batasuna, y mira que les tengo antipatía.

Así, desde el planteamiento de que los magistrados han de desenvolverse sin presiones -ya sabemos que el Constitucional puede dar un revolcón a las tesis de la mayoría en el Supremo, pero con ese tinte garantista siempre hay que contar; hay que dejar que el TC resuelva libremente-, creo que esta marcha sobre el centro de Madrid de este sábado resulta, de alguna manera, espero que se me entienda, una traba al pleno funcionamiento de los poderes democráticos. El Ejecutivo y el Legislativo han preferido no meterse en el berenjenal; los partidos, en teoría, tampoco -hay que ver las presiones que desde ciertos sectores se ejercen sobre Mariano Rajoy para que acuda esta tarde a la "manifa": hasta "vago" le llamó ayer, desde una radio templada, un colega, usualmente ponderado, por sus vacilaciones sobre si asistirá o no-. El Judicial anda dividido, porque, reconozcámoslo, sea o no, más probablemente no, sincera, Sortu es difícilmente atacable solamente con la ley en la mano.

Me parece que, con este panorama, no puede ser la calle la que decida, atizada desde algunos sectores interesados en sugerir no sé qué complicidades del Gobierno en no sé qué negociaciones con ETA. Puestos a decirlo todo, y sabiendo que este comentario no va a ser compartido por demasiada gente, diré que, embarcado en sus múltiples errores, trampas e irreflexiones, el Gobierno de Zapatero, al menos, está ejerciendo una política sensata, ahora, en material de lucha contra el terror. Y creo que la oposición, al menos la que representa el moderado Mariano Rajoy, está secundando bien, y apoyando en lo que cabe, esta política. De lo que, la verdad, en estos tiempos de zozobra, me congratulo.