NO ES NUEVA esta cuestión. La independencia de Cataluña, considerada por la amplia mayoría de los catalanes como nación histórica, ha sido una constante a largo de su historia desde que quedó anexionada a Castilla junto a Aragón. Cataluña ha sido un territorio sometido a graves conflictos y confrontaciones, donde la sangre ha estado presente, que no terminaron con el absolutismo de Felipe V, cuando proclamó el decreto de Nueva Planta, donde estranguló las apetencias y derechos socio-políticos de Cataluña. Y durante la guerra civil española tendremos que recordar la brutal represión sufrida por políticos e intelectuales, dado que muchos de ellos defendían al gobierno legitimo de la república y que se sustancia de manera indigna y vergonzante entregando Franco a la Gestapo hitleriana al presidente de la Generalitat Lluis Companys, el cual, en un juicio farsa, fue condenado a muerte y fusilado en los patios del Castillo de Montjuic.

Este sentimiento y convicción catalanes de ir hacia la construcción nacional de su pueblo y dotarlo de la institucionalidad de un Estado no ha decaído en el tiempo, sino todo lo contrario, desde Prat de la Riba, con la Liga Regionalista, hasta, recientemente y a instancias de una propuesta de un proyecto de ley de Solidaridad Catalana por la Independencia, que ha enviado al Parlamento catalán y que ha sido apoyada por CiU, lo cual viene a significar que una mayoría de ese parlamento, que es nacionalista, va por ese camino.

La ley marcará los pasos que tendrán que darse para lograr que al fin Cataluña se integre en Europa como un Estado más y no como una simple región o una nación imaginaria, sin Estado, ubicada en un compartimiento político-administrativo vacío de contenido y sin ningún tipo de operatividad consecuente para ese territorio.

Los pueblos, cuando están convencidos de su historia, que no olvidan en la desmemoria y que persiguen sus exigencias, tarde o temprano lograrán por la vía democrática aquello por lo que ha luchado toda su vida y a lo que se les ha puesto obstáculos, y más para evitar que se desarrollen en toda su plenitud política.

Y ha tenido que llegar una mayoría parlamentaria nacionalista convencida y consecuente para iniciar una posición política legítima. Entre CiU y Solidaridat por Cataluña para la Independencia se ha estructurado un operativo suficiente para condicionar que esta ley salga adelante y en el tiempo adecuado para que la historia ponga las cuestiones en su sitio.

Es este un proceso que debería ser piloto para otros pueblos que, teniendo razones históricas, y geográficas, ven frustradas sus apetencias al carecer sus Parlamentos de mayorías necesarias nacionalistas para que esto sea así. Con esto no se pretende ir más allá de lo que puede pasar en Cataluña, que ya se ha venido desmarcando y logrando un tratamiento por parte del Estado español diferenciado y asimétrico.

Sirve esto como enseñanza y referencia a los nacionalistas que pretendemos ir por el camino de que Canarias tenga más temprano que tarde un Estado, como lo logrará Cataluña por el refrendo de los votos, por lo que no nos cansaremos de decir que con 31 diputados nacionalistas en el Parlamento canario esto sería un punto de inflexión y una puesta a punto para cualquier consideración de mayor calado político que sobrepasa el marco de un estatuto encorsetado y a expensas de arrancar en el tiempo más competencias con la aquiescencia del gobierno español de turno.