AQUÍ, o jugamos todos o rompemos la baraja. Mi viejo amigo y compañero de tareas universitarias, aunque en facultad distinta, Manuel Alcaide, sostiene que el Gobierno de Canarias vulnera de forma sistemática la Ley de Dependencia, cuando lo que debería hacer el Ejecutivo de don Paulino Rivero es hacerla cumplir por los que la incumplen y aplicar las sanciones correspondientes que establece la misma ley, la cual, según Alcaide, es violada por la demora de la Administración de Canarias en resolver las solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia.

Abro un paréntesis para destacar que nuestra región, comunidad autónoma o colonia del godismo imperante, ha tenido suerte de que no se haya cumplido con el relevo del Diputado del Común, cargo que ejerce Manolo Alcaide, como lo llamamos los amigos. Alcaide ha sido un magistrado valioso, un trabajador y cumplidor ejemplar de la importante, delicada y muy difícil misión que tiene asignada. Ha de enfrentarse y se enfrenta con quienquiera que sea y, en la presente ocasión, con los que mandan, aunque nadie mande sobre la Justicia. En la actual ocasión, insisto, el Diputado del Común saca los colores de la cara a quien gobierna y lo hace contundentemente, porque la ley que lo ampara también lo obliga. Y Manolo cumple a cara descubierta y sin temor, porque su misión es defender al pueblo canario, y esta misión la lleva hasta sus últimas consecuencias.

Claro que si el incumplidor hubiera sido Juan de los Palotes, ya le habría caído encima el correspondiente correctivo, pero se trata del Gobierno y de su incapacitado intelectual y en duda si, éticamente, presidente en funciones, y aquí se pincha en hueso, aunque el incumplimiento lo hayan sufrido personas amparadas por una Ley de Dependencia que el Ejecutivo no cumple, seres humanos desasistidos por un gobierno que, por lo menos, tiene que reconocerlos para que tengan derecho a lo que estipula la ley. Personas que pueden morir de abandono, como ya han fallecido varias de indigencia en las calles de Santa Cruz.

En el texto de la Ley de Dependencia consta que la "resolución del reconocimiento de tal situación debe notificarse al interesado en un plazo máximo de tres meses". Aquí ni en tres años. Los dependientes mueren esperándola.

Y ya ven. Renuevan, es un decir, las corporaciones y los órganos de gobierno y aquí seguimos lo mismo, o, quizás, peor, como es el caso que comento y muchísimos que no menciono. Mejor no haber gastado tanto en elecciones y campañas electorales. Hubiera sido un ahorro que hubiera venido muy bien al pueblo en crisis casi perpetua.