SOLO un acuerdo entre las partes implicadas podría poner fin a más de 20 años de sufrimiento y batallas jurídicas, y quebranto económico, y pérdida de la salud a una gran parte de los propietarios del edificio Iders del Puerto de la Cruz, que se ha erigido en un auténtico monumento a la insensibilidad y, en cierta manera, al egoísmo y a la incapacidad manifiesta para la negociación y el consenso. Dos décadas mareando la perdiz, por así decirlo, donde las posturas encontradas en el seno de la comunidad de propietarios desde un primer momento supusieron la pérdida de oportunidades de oro para reflotar el inmueble de la avenida Familia Betancourt y Molina, conocida desde siempre como del Generalísimo, y a lo que hay que sumar una serie de errores técnicos y administrativos previos que habían culminado con el cierre y el desalojo de las 84 viviendas y 14 establecimientos comerciales, restauración y ocio, debido a la detección de un proceso de aluminosis en la estructura. Dos décadas en las que propietarios se dejaron la vida en una lucha, de antemano, perdida, como se ha podido constatar desde entonces. Recuerdo aquellos primeros meses de 1991, en que se llevó a cabo el procedimiento de desocupación de la zona y de cómo muchas familias veían cómo peligraban, en determinados casos, los ahorros de su vida, y perdían su casa, apartamento o negocio. Sencillamente, fue un acontecimiento trágico, cuyos vestigios son visibles a simple vista desde la avenida de Colón o desde la entrada misma de la Familia Betancourt y Molina.
La rigidez del planeamiento y de la legislación urbanísticos, hasta ahora, ha impedido una solución satisfactoria para las pretensiones de los propietarios que han aspirado, al menos en un principio, a demoler y reconstruir el edificio manteniendo su actual volumetría, algo imposible, a todas luces, dado que de efectuarse el derribo no sería posible reedificar con el mismo número de plantas o alturas. De ahí que se optara por la solución de la rehabilitación. Sin embargo, la entrada de un nuevo propietario, con el control en torno al 27% del total del inmueble, hasta hace unos años, implicó un elemento distorsionador para la mayoría de la comunidad, y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo, y la puesta en evidencia de un conflicto de intereses que se ha dirimido en los tribunales, con el resultado de una sentencia que obliga al conjunto de los propietarios a adoptar por unanimidad cualquier acuerdo relativo a la reconstrucción o demolición del edificio, circunstancia que, por ahora, resulta improbable.
El actual alcalde del Puerto de la Cruz, Marcos Brito, tiene ante sí un reto para sentar a la mesa de negociación a las partes en discordia de la comunidad de propietarios del edificio Iders, y lograr una redefinición de todo el proceso que ponga fin a un espectáculo realmente sangrante y patético en una ciudad que ha decidido seguir en la senda de la recuperación y la reactivación económica y como primer destino turístico de calidad de Canarias.
Una de las claves podría estar en la modificación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.