LA POLÉMICA surgida a raíz de la tramitación del PGO de Santa Cruz de Tenerife tiene los días contados. El 21 de enero de 2010, siendo concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, presenté al Pleno una moción, que fue aprobada, para modificar el artículo 44. 4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias. A la semana siguiente, los grupos parlamentarios PP y CC presentaron conjuntamente una Proposición No de Ley en el Parlamento de Canarias, en el mismo sentido, que también se aprobó. El pasado 25 de julio, mi grupo, el Grupo Parlamentario Nacionalista CC-PNC-CCN, a iniciativa mía, presentó una Proposición de Ley para resolver definitivamente este problema. Porque la solución al fuera de ordenación y sus posibles efectos negativos sobre el patrimonio de las personas siempre ha estado en el Parlamento, no en los ayuntamientos. El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de los Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en su artículo 34. c) prohíbe a los municipios incrementar la edificabilidad media y la densidad global en aquellas zonas o áreas en las que vivan más de 400 habitantes por hectárea o se hayan construido más de 12.000 metros cuadrados. Esta limitación obliga a los municipios a dejar fuera de ordenación muchas viviendas legales, por la altura, para incluir las nuevas construcciones, instalaciones y edificaciones sociales, sanitarias, educativas, de ocio, parques, plazas, viales y equipamientos de todo tipo, que se consideraran necesarias sin aumentar la edificabilidad. Esta inflexible prohibición legal fue la causante del aumento desorbitado de las situaciones de fuera de ordenación, que causaron una verdadera alarma social en Santa Cruz, que amenazaba con extenderse por toda Canarias, a medida que los 88 municipios aprobaran sus planes generales de ordenación o modificaran los anteriores. Si la causa era la ley, la solución debía ser la modificación de la ley, para flexibilizarla y permitir a los municipios que aumentaran la edificabilidad para incluir las edificaciones legales ya existentes. Y eso es exactamente y sencillamente lo que hemos hecho. Derogar el artículo 34. c). Desde que llegué al Parlamento, tuve claro que lo primero que iba a hacer era proponer una modificación legislativa que permitiera incluir en ordenación todas las casas que quedaron fuera, por su altura, en el PGO. La Proposición de Ley que hemos presentado soluciona el problema y demuestra que el Parlamento de Canarias puede ser una Cámara muy útil a los ciudadanos, si se emplea en resolver sus problemas y no en creárselos. El valor de esta iniciativa legislativa es que ya ha sido consensuada previamente con el Gobierno de Canarias y con el Grupo Parlamentario Socialista, por lo que tiene asegurada su aprobación en el Parlamento de Canarias. No obstante, pretendemos que sea aprobada por unanimidad, por lo que se las he enviado a los grupos de la oposición, PP y Grupo Mixto (NC y PIL), para que aporten sus sugerencias, con el fin de consensuar una propuesta común que entre en vigor en el Pleno de octubre.