Los presupuestos de 2012 están a la vuelta de la esquina y las administraciones canarias temen que haya llegado el temido momento de tener que recortar donde llevan años diciendo que no lo harían: en servicios sociales.

Pero, ¿ya se han producido recortes en servicios básicos? ¿Cómo se plantean el futuro los ayuntamientos y los cabildos si la crisis se prolonga aún más tiempo? ¿Se corre el riesgo de que no haya fondos para dar respuesta a tantas personas con necesidades sociales? Para resolver estas y otras cuestiones que preocupan a la ciudadanía, EL DÍA ha sentado en su mesa de debate a representantes de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), de la Federación Canaria de Islas (Fecai), de Cáritas y del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales.

Para la alcaldesa de La Guancha y portavoz en este debate de la Fecam, Elena Luis, "la situación económica no solo está siendo complicada para las familias y las empresas, sino también para las administraciones, porque las recaudación ha bajado entre un 35% y 40%, además de que se han encontrado con la obligación de devolver el dinero adelantado del Régimen Económico y Fiscal. Todo esto en un marco en el que la recuperación aún no se ve y que está haciendo que los ayuntamientos también tengan una importante pérdida de recursos propios porque las familias tienen dificultades hasta para pagar los certificados y la contribución".

Según Elena Luis "ya se ha quitado todo lo que no era prioritario, no hay de donde sacar más y ya no es que se creen servicios, es que cuesta mantener los que ya hay como el agua o la basura, haciendo la situación insostenible".

En su opinión "lo que hay que hacer es conseguir que se sienten todas las administraciones y definan las competencias y qué se puede hacer".

La visión que mantiene el vicepresidente del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales, Antonio Bello, difiere de la de la alcaldesa de La Guancha, puesto que considera que "lo que hay es un problema de prioridades", asegurando que "ya existen recortes en servicios públicos esenciales".

"La problemática es mayor que nunca y, sin embargo, hay menos servicios y ahí se pueden estar vulnerando algunos derechos básicos. Hay que hacer todo lo posible en mejorar la gestión para que la situación no vaya a peor".

Pero según el consejero de Presidencia y Hacienda del Cabildo de Tenerife, Víctor Pérez Borrego, dicha institución "en los tres últimos años no ha recortado servicios públicos y es previsible que no se haga en los próximos años".

"El presupuesto de este año se ha reducido hasta ser similar al de hace una década, pero a pesar de eso no sólo no se ha recortado en servicios sociales sino que incluso se han incrementado algunas materias, como es el caso de mayores. Esto se ha podido hacer porque el gasto se ha ido ajustando desde septiembre de 2008, en 2009 fue un 20% la reducción del gasto corriente, en 2010 un 10% y este año un 7%, porque los márgenes cada vez son menores", explicó el consejero.

Pérez Borrego fue el primero de los invitados en diagnosticar la situación: "El problema fundamental es que existe una clara necesidad de llevar a cabo una reforma administrativa que asigne las competencias y recursos, porque esto siempre ha sido necesario, pero ahora es imprescindible".

Preguntado por si en el seno de la Fecai todos los cabildos han planteado el mismo objetivo, Pérez Borrego insistió en que "las posibilidades presupuestarias de cada administración son muy diferentes al resto y no es posible compararlas, porque también la estructura de gasto es diferente", y narró el caso de algunos ayuntamientos y cabildos en los que el capítulo uno (el correspondiente a los gastos de personal) era tan desproporcionado que suponía el gasto principal de la institución.

"Unos de los problemas del sector público es que es enorme y no se puede costear tal y como está. Ha de ser más eficiente y mucho más productivo", apostilló.

"A mí me gustaría recordar una situación que se vivió en el año 2008", interrumpió el presidente de Cáritas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Leonardo Ruiz del Castillo. "Casi todas las Cáritas se vieron desbordadas porque los ayuntamientos se vieron sorprendidos por el aumento de la demanda y nos vino toda la gente a nosotros. Se llegó a dar el caso de que en Santa Cruz de Tenerife atendimos a 1.800 personas, de las que 1.200 fueron derivadas directamente por el Ayuntamiento de Santa Cruz. Afortunadamente los ayuntamientos se pusieron las pilas y todo se paró un poco, pero el futuro es incierto porque no se ve una salida y todas las administraciones tienen cada vez más mermados sus ingresos y van a tener que tocar los servicios sociales porque ya no les queda otra opción".

Para el responsable de Cáritas "el volumen de personal de la administración no puede continuar así, algo hay que hacer porque se comen los presupuestos, pero claro, tampoco se puede mandar más gente al paro, porque lo que haríamos sería empeorar el problema".

Sobre la situación en la que puede quedar la organización el próximo año, Ruiz asegura tener claro que "no habrá subvenciones", aunque guarda la esperanza de "mantener las nominadas". "Aún así las vamos a pasar canutas", dijo.

"Es que aunque no haya más recortes los recursos no son suficientes para la situación que se nos viene encima", añadió la primera edil del municipio norteño refiriéndose a la previsible supresión de la ayuda de los 400 euros a los parados de larga duración. "Todos ellos irán a los ayuntamientos a pedir ayuda".

Y es que desde la Fecam critican con dureza la situación a la que se han visto abocados los ayuntamientos.

Ayuntamientos ahogados

"Ya no existe ni el Plan Canario de Emergencia Social ni el programa de Rehabilitación de Vivienda en el Medio Rural, y el Gobierno de Canarias ha dejado de aportar el 20% que sufragaba de las escuelas infantiles. Con este tipo de recortes ahogan a los ayuntamientos, que son el eslabón más débil de la cadena y que están buscando fórmulas de pago por todas partes".

La clave una vez mas parece estar en la reorganización de la administración, y es que la propia Elena Luis recuerda que "los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes no tienen legalmente ninguna competencia en materia de servicios sociales y, sin embargo, la situación es la que es, los servicios hay que mantenerlos y no sabemos qué hacer con el capítulo uno".

Para la representante de los municipios en este debate "la prioridad es establecer un marco competencial, basado en la eficiencia, la eficacia".

"Los problemas económicos no pueden hacer que se dejen de prestar servicios, sobre todo en los municipios del sur de las islas y de las zonas metropolitanas, donde los servicios sociales están desbordados", apuntó el trabajador social, para quien "la reducción del capítulo uno puede estar sobredimensionada, pero no en servicios sociales, donde no se debe prescindir de personal ni regresar al asistencialismo que nos coloque de nuevo en la década de los 70. El trabajo social no es solo dar ayudas, sino realizar un complejo trabajo de acompañamiento, asesoramiento y formación en el que la persona es el centro de todo y lo más importante".

De nuevo con claridad meridiana el consejero de Presidencia y Hacienda del Cabildo tinerfeño, Víctor Pérez Borrego, afirmó que "el objetivo para el próximo año es que se mantenga el nivel de servicios, porque sería una insensatez plantear objetivos más ambiciosos".

A su juicio, "para invertir esta situación, la única solución pasa por mejorar la actividad económica", aspecto en el que consideró que "tienen poco margen las administraciones locales porque no tienen instrumentos financieros", y recordó que "hace tan solo cinco años ni nos imaginábamos que podríamos hoy estar hablando de esto, pero la salida pasa necesariamente por el trabajo duro y la unidad de acción y de diagnóstico del sector público".

Siguiendo con posibles soluciones, para el máximo responsable de Cáritas en Santa Cruz de Tenerife "la clave está en el empleo y este lo generan las pymes, pero estas están desapareciendo porque con la incertidumbre económica son pocos los que se arriesgan y menos aún los que consiguen liquidez en los bancos".

Para Leonardo Ruiz la celebración de elecciones generales el próximo mes de noviembre "permitirá acabar con la incredulidad de los inversores de dentro y de fuera del país, solo por el mero hecho de que cambien la personas aunque siga el mismo partido".

Pero para Cáritas el cambio de presidente del gobierno no parece que vaya a evitar recortes cara al próximo año. "Tendremos que prescindir de algún servicio y del personal que lleve aparejado, porque no va a haber subvenciones. Ojalá no suceda. Respecto a la acción social, son las parroquias las que realizan las colectas y se financian a sí mismas".

A modo de conclusión los tertulianos abundaron en la necesidad de buscar soluciones que agrupen a todas las administraciones. Así, para la representantes de los municipios canarios, "los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias deberían replantearse la situación y hablar del Plan Canario de Emergencias, porque se ha de retomar para hacer frente a las situaciones tan complicadas que hay, sobre todo en el sur de las islas, y que puede empeorar todavía más si se suprime la ayuda de los 400 euros. Pero sobre todo hay que definir las prioridades antes de que la situación sea insostenible".

"Sí, se trata sobre todo de aunar esfuerzos, de implicar a todas las instituciones para hacer un diagnóstico común y ver qué soluciones se pueden tomar", añadió Antonio Bello.

Para Pérez Borrego esta situación "obliga a revisar ciertos conceptos y maneras de entender lo público para hacerlo más productivo y eficaz, ya que las administraciones durante 15 años han generado ineficiencia, pero se tapaba con presupuestos elevados. Ahora ya eso no puede ser y hay que reorganizarlo todo".

"Quizás lo peor es que la juventud piensa que no tiene futuro y los mensajes de las instituciones también están llenos de negatividad, por eso los grandes partidos deben ponerse de acuerdo, al menos, en dar la esperanza necesaria para que los ciudadanos crean que se puede salir adelante", sentenció el dirigente de Cáritas.

CCOO propone aumentar la transversalidad

Ante la imposibilidad de acudir al debate de EL DÍA, la secretaria de Política Social de Comisiones Obreras (CCOO), Elena Posada, remitió por escrito su postura sobre el recorte de servicios públicos en los ayuntamientos y cabildos como consecuencia de la crisis. "Me gustaría comenzar recordando que los servicios sociales en época de bonanza estaban considerados como el patito feo dentro de las administraciones. Prueba de ello es que en muchos municipios el material informático y las oficinas estaban obsoletas y ni se modernizaban, ni se aumentaba el número de trabajadores, ni crecía el presupuesto. En la actualidad, los trabajadores al frente de esos servicios sociales siguen siendo los mismos sin aumentar en su número pero su trabajo se ha multiplicado" . Respecto a si se ya se notan recortes en los servicios, Posada asegura que sí. "Se llevan resintiendo desde hace tiempo atrás en distintas áreas, no solo los servicios sociales básicos como son la Prestación Canaria de Inserción, la Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia Domiciliaria, sino sobre todo los servicios especializados como son los centros de día o de estancia diurna o las residencias para mayores, así como en todos aquellos servicios para las personas en situación de dependencia y para las personas con discapacidad. Además, se notan recortes en algunos de los servicios de atención a las drogodependencias, y terminarán por verse afectadas todas las áreas de los servicios sociales, así como las actividades y los programas de prevención". Preguntada sobre qué medidas considera que han de ponerse en marcha para garantizar los servicios públicos, la portavoz de CCOO defiende que se complementen las políticas económicas con las de empleo y las sociales. "Los servicios sociales tienen un papel muy importante en la contribución a la cohesión social como respuesta a retos cruciales de la sociedad: la integración de las personas inmigrantes, la respuesta al reto del envejecimiento mediante el análisis de la aplicación de la Ley de Dependencia y, finalmente, el reto de la exclusión social con especial referencia a las personas que participan en los programas de renta mínima. Retos todos ellos que, si bien no agotan en modo alguno el campo de necesidades a las que da respuesta la rama de servicios sociales, son altamente representativos de la intervención pública y social de la misma. Debe reforzarse, por tanto, una efectiva complementariedad entre las políticas económicas, de empleo, y las de protección e inclusión social, aumentando su eficacia y eficiencia para preservar la cohesión social, una condición indispensable para una recuperación duradera".

O. GONZÁLEZ Y G. MAESTRE Fotos: JESÚS ADÁN