EN EL ARTÍCULO anterior expuse que una cosa es manifestar alegremente "suprimir municipios" y otra el proceso administrativo y jurídico que hay que recorrer para tal objetivo.

Entrando de lleno en el otro sentido de este segundo artículo, en España y también en Canarias, se pueden llenar varias plantas de un edificio gubernamental con todos los estudios, propuestas, etc., que se han elaborado en la etapa democrática actual para poner en orden los espacios competenciales de cada administración. Documentos que estarán llenos de polvo en los archivos y amontonados en las gavetas de los diferentes responsables públicos que durante estos años han pasado por las diferentes administraciones y donde cada vez que se inicia una nueva legislatura, mandato, etc., el político de turno empieza sus declaraciones con las buenas intenciones y habla de lo que pomposamente le suena bien: "El pacto local" -en estas islas "El pacto local canario"-. O sea, que propuestas hay para clarificar el entramado administrativo y competencial existente para conseguir una Administración más moderna y eficaz. Sin embargo, después de innumerables reuniones técnico-políticas, de esfuerzos negociadores por parte de todas las instancias implicadas, de un ingente trabajo de los técnicos hasta ahora, y casi en "el último minuto del partido", ha faltado voluntad política para que sea una realidad.

Días pasados, nuestro presidente D. Paulino Rivero dijo: "El gran objetivo estratégico, nuclear, del Gobierno es la reconversión de la Administración canaria, su puesta al día, redimensionarla". ¡Pues vamos de la frase a los hechos y al gran trabajo que queda por delante!

En ese trabajo a realizar ya el municipalismo canario ha hecho gran parte de la tarea, y me explico: desde hace ocho años y ejerciendo quien escribe la presidencia de la Fecam, le hicimos entrega al anterior presidente, D. Adán Martín, y al entonces consejero de la Presidencia, D. José Miguel Ruano, de un documento denominado "Pacto Local Canario", teniendo sus raíces en un trabajo iniciado desde 1999 por la Fecam que posteriormente explicaremos. Hicimos referencia en ese documento a la Carta Europea de la Autonomía Local, ratificada por España en 1988, y le decíamos al Gobierno de Canarias que, para que la administración local fuera más eficaz en su proximidad a los ciudadanos, era necesario que estuviera investida de competencias efectivas. De igual forma, le manifestamos que en 1999 el Gobierno del Estado español aprobó un paquete de modificaciones normativas como demandas de la FEMP desde 1993, dando lugar al que se conoció como Pacto Local Estatal y que cada comunidad autónoma tenía que desarrollar los llamados pactos locales autonómicos, pero donde debían estar inmersas todas las administraciones públicas.

Sin embargo, en Canarias se presentaban dos problemas específicos, que eran y son los siguientes:

1. En la actualidad, en el proceso de descentralización en Canarias siempre los grandes ausentes han sido los municipios, una administración relegada a una función residual, a través de la asignación de competencias y funciones por leyes sectoriales, que olvidan con frecuencia la necesaria capacidad de la que hay que disponer para asumir con garantías esos nuevos cometidos.

2. Que después del traspaso competencial del Estado a las CCAA y de estas a los cabildos era necesario poner en marcha un tercer proceso de desarrollo del Pacto Local, formando parte activa los municipios, donde se establezca un nuevo sistema de cooperación y coordinación de todos los niveles de gobierno.

No hay que olvidar que el Estatuto de Autonomía de Canarias refuerza el principio de cooperación entre las Administraciones Públicas, destacando la importancia de las relaciones administrativas. Y hacíamos hincapié en que a la hora de desarrollar el Pacto Local Canario era y es importante el papel que deben desempeñar los cabildos insulares en ese proyecto, aprovechando sus potencialidades y evitando deseconomías de escala que, lejos de mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas, pudieran provocar disfunciones y duplicidades innecesarias.

Como dije antes, hay antecedentes de un trabajo hecho por la Fecam sobre el Pacto Local en el mandato 1999-2003, como prueba de que nunca el municipalismo canario se ha quedado dormido en lograr en Canarias el denominado pacto. En ese mandato se impulsaron conversaciones directas con la Comunidad, proponiéndole a su presidente -en ese entonces D. Román Rodríguez, actualmente parlamentario por NC (Nueva Canarias)- la apertura de un proceso de reflexión y concreción del Pacto Local Canario, y de esos contactos nació, en mayo de 2000, la presentación de un borrador documento con una propuesta de aplicación de un programa de descentralización apoyado en una aplicación amplia del principio de subsidiaridad.

En los años 2001 y 2002 se volvieron a celebrar reuniones para ir avanzando con la constitución de grupos de trabajo, pero, a pesar de estas nuevas reuniones, se pudo comprobar que dicho Pacto Local dependía en gran parte de la necesidad de disponer de un marco político de referencia basado en el compromiso de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento sobre los contenidos básicos trabajados en esas reuniones. Bien, todo esto llevó a crear un documento llamado "Bases para el desarrollo del Pacto Local". Pero... entre reunión y reunión termina la legislatura y no se llega a cumplir con el calendario que se había trazado. Es decir, una vez más, queda todo en un trabajo sin resultados efectivos y prácticos.

Volviendo al mandato que presidí (2003-2007), replanteamos la estrategia para ver si seguíamos profundizando en un trabajo ya realizado y, aparte de lo descrito anteriormente con entrega al expresidente Adán Martín del documento del Pacto Local, mantuvimos la idea de articular un "paquete legislativo" para el municipalismo canario, entendiendo en este momento que el trabajo o el proceso debía de llevarse a cabo a través de un debate y negociación paralela tanto en sede gubernamental como parlamentaria, y en donde la Fecam, como interlocutora necesaria e imprescindible de los municipios, propuso dos normas de carácter instrumental: 1. en el ámbito gubernamental, creación del Consejo Canario de Coordinación y Cooperación como foro permanente de debate y dictamen de cuantas normas jurídicas, sean del rango que fueran, que afecten o impliquen a los ayuntamientos canarios; y 2. en el ámbito parlamentario, reforma del Reglamento del Parlamento al objeto de, por un lado, modificar la denominación de la actual Comisión de Desarrollo Autonómico, a la que se añadiría el término "y Local" y, por otro lado, la presencia permanente o puntual de un representante de la Fecam, con voz pero sin voto, en la deliberación de textos legislativos de incidencia local, regulándose la comparecencia anual del presidente de la Fecam ante el Pleno de la Cámara, donde se daría cuenta del "informe sobre el estado de la administración local canaria".

Pues bien, con respecto a la primera de las propuestas, y aunque no conseguimos cerrar el citado Consejo, pudimos alcanzar un acuerdo con el entonces consejero de la Presidencia, D. José Miguel Ruano, por el que se modificó, en el año 2006, el Decreto 193/1993, de Regulación de la Comisión de Administración Territorial, creando dentro de la misma unas secciones municipales e insulares que facilitaran la emisión de informes y pareceres y la realización de estudios relativos a materias con incidencia exclusiva municipal o insular, así como modificar el quórum para la constitución de la comisión al objeto de agilizar la celebración de las sesiones y la adopción de acuerdos sobre los asuntos a tratar.

Y con respecto a la segunda iniciativa, consensuada durante el mandato que presidí, fue introducida en el Reglamento del Parlamento, en lo que respecta a la segunda cuestión, por Resolución de 28 de julio de 2009, de la Presidencia. Así, la actual redacción del Art. 50.1 del citado Reglamento recoge expresamente lo siguiente: "Por acuerdo de la Mesa de la Comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, y previa solicitud de la Federación Canaria de Municipios, su presidente podrá comparecer, en sesión informativa, ante dicha Comisión, para informar sobre cuestiones relativas a la situación de la Administración municipal de Canarias".

Por cierto, posibilidad esta última que curiosamente hasta la fecha no ha sido utilizada por la Fecam para, por ejemplo, comparecer ante sus señorías cada año e informar del "estado del municipalismo canario". Más necesario si cabe en la actual coyuntura económico-social que padecemos.